Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2020/08/23/parar-las-balas-con-las-manos-por-colectivo-contra-el-gatillo-facil-de-la-plata/ Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata AGOSTO 23, 2020
PARAR LAS BALAS CON LAS MANOS por Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata
PRIMEROS ASOMOS DEL PROYECTO OFICIAL DE UNA LEY SOBRE VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Durante las pasadas semanas la Ministra de Inseguridad Sabina Frederic y el Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla participaron del plenario de comisiones de Diputados para informar sobre sus políticas contra la “violencia institucional”. La prensa oficial informó que el plenario fue convocado por las comisiones de Seguridad Interior y de DD.HH. “con el objetivo de aunar consensos para la construcción de una ley nacional contra la violencia institucional”. Si aún con la vigencia de protocolos progresistas sobre el uso letal de la fuerza el kirchnerismo concentró el 51% del total de casos de muertes a manos de la represión estatal en los últimos 36 años, el albertismo se propone parar las balas de su aparato represivo por ley, una tarea que recuerda la certeramente irónica frase que afirma que “es posible parar las balas con las manos, siempre que no hayan sido disparadas”.
COMENZÓ EL SHOW
Pese a los más de 150 casos de muertes a manos de diversas fuerzas represivas del Estado en lo que va de gestión y de cuarentena extendida, la ministra Sabina Frederic afirmó sin inmutarse en la reunión con diputados del 7 de agosto pasado que para su cartera “el ejercicio del control y la prevención de la violencia institucional constituye un eslabón fundamental en la construcción de un modelo de seguridad democrático y consecuentemente de una sociedad más justa y segura”. Con ello espetó dos conceptos importantes que definen a la actual gestión albertista: la Seguridad Democrática y la Violencia Institucional.
La idea de una “Seguridad Democrática” [“modelo Uribe”] viene siendo fogoneada por órganos oficialistas de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde hace casi dos décadas. Su esencia puede resumirse en 10 puntos y una orientación política que presupone “instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia”(1). En cuanto a los principales elementos que la definen son un compendio de buenas intenciones hijas del liberalismo político y el progresismo en criminalística: el rechazo a respuestas facilistas y autoritarias en materia de seguridad, el rechazo de la mano dura, el delineamiento de políticas criminales adecuadas, una concepción integral de la seguridad, la gestión democrática de las instituciones en la materia, la desactivación de las redes del delito para reducir la violencia, la gestión policial no violenta en el ámbito público, un poder judicial rápido y eficaz, el cumplimiento de prisiones preventivas y de penas en condiciones dignas y aptas para la supuesta readaptación social, y un acuerdo político y social amplio para implementar estas políticas en corto, mediano y largo plazo.
A esta altura del desarrollo de las mafias consolidadas y periféricas al Estado, el discurso de “reconstruir los lazos de ciudadanía” en una articulación entre políticas de seguridad y otras políticas públicas de “inclusión material y de bienestar social” ha sido repetido hasta el hartazgo en la discusión pública sobre la Inseguridad. (2) Lo han recitado desde León Arslanián, el bombero duhaldista que intentó apagar dos veces como ministro de seguridad bonaerense el fuego generado por la Mejor Maldita Policía del Mundo, La Bonaerense SA, hasta escucharse en el costado humano del propio Sergio Berni, el carapintada-infiltrado-negociador pesado-secuestrador de la pandemia en clave policial.
El otro gran caballo de batalla del progresismo local es el concepto de “Violencia Institucional”. A través de la ley 26.811 el gobierno kirchnerista instaló en 2012 al 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”. La fecha rememora los hechos de la “Masacre de Ingeniero Budge” pero la ley ni siquiera menciona esos detalles. La ley de “Violencia Institucional” mandó tibiamente a “promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”. Y poco más, calendario escolar sobre la temática, señalización y leyenda alusiva en los “parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional”.
En la reunión del pasado 7 de agosto Frederic presentó un informe de las acciones de su cartera en la supuesta lucha contra la “Violencia Institucional” y, para despegarse del caso de represión en cuarentena más grave al momento, elogió la tarea de la Policía Federal en la investigación por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. El kirchnerismo, que acumula el 51 % de todos los casos desde 1983 a hoy de personas asesinadas por el aparato represivo con el gatillo fácil, así como por torturas en cárceles y comisarías, podría haber elegido otras fechas para referenciar la represión de Estado: los días de las desapariciones de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, de Luciano Arruga en La Matanza, de Jorge Julio López en La Plata. Pero referenciarse en casos donde el propio espacio político es responsable es un suicidio mediático.
De la reunión del pasado 7 de agosto también fue parte el secretario de DD.HH. Horacio Pietragalla, quien altisonantemente anunció “el compromiso de erradicar la violencia institucional de nuestra democracia” y defendió el proyecto de ley, que aún sigue siendo un misterio y que se trabajará “transversalmente para poder visibilizar esta problemática. Pietragalla defendió las acciones de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de su cartera, que en lo concreto se limitan a recepción de denuncias y, en los menos de los casos acompañamiento, asesoramiento jurídico y contención psicológica a las víctimas y sus familias.
Lo más concreto que se dijo en la reunión en Diputados fue que lo que se intenta legislar son las normativas relativas a la actuación de las fuerzas de seguridad federales. Esto no es un escollo menor ya que la anunciada legislación será federal, mientras las policías y los servicios penitenciarios provinciales los manejan los gobernadores con su propio cuerpo legislativo. Al parecer el albertismo está elaborando un conjunto de “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Esos principios señalarían que “los policías sólo pueden disparar armas de fuego si resulta ‘inevitable’, y deben hacerlo siempre con ‘moderación’ y ‘proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga’, teniendo como premisa máxima la protección de la vida humana”. Desde ya que ese criterio se encuentra legislado en el código penal como única excepción para justificar el homicidio de una persona, lo que conocemos como legítima defensa, pero resulta que los jueces y fiscales nunca se ponen del lado de quien recibe las balas policiales sino del propio uniformado al que siempre terminan justificando en su accionar.
Con total optimismo la prensa del secretario Pietragalla informa que se promoverán “sanciones penales y administrativas, la formación democrática y profesional de las fuerzas de seguridad para evitar que estos casos se repitan; y así, desterrar la ‘doctrina Chocobar’, aplicada durante la gestión anterior”(3). Olvidó Pietragalla la doctrina Julio López o la doctrina Luciano Arruga que sigue practicando la policía bonaerense como en el caso de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, sobre lo cual Pietragalla se limitó a decir en Diputados: “Queremos sanción política y judicial”.
CON O SIN PROTOCOLOS.
La discusión actual sobre la importancia, utilidad y efecto concreto de los Protocolos de actuación de las fuerzas represivas del Estado merece un repaso de lo sucedido con el tema en los últimos años.
Durante la gestión de la ministra Nilda Garré se aprobó la Resolución 210 de 2011con los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”. Esos criterios pretendieron ordenar expresamente hacia los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, lo acordado en el marco de las Naciones Unidas acerca de la utilización de la fuerza en manifestaciones pública. Y si bien muchos sectores políticos celebraron por entonces que se dijera que no iba a reprimir la protesta social, las fuerzas represivas federales y provinciales continuaron asesinado personas con el uso de la fuerza letal. En el período de vigencia del protocolo Garré, con su continuación en las gestiones de Arturo Puricelli y Cecilia Rodríguez, es decir desde 2011 hasta diciembre de 2015, el acumulado de casos de personas asesinadas por el Estado fue de 3393 a 4644, es decir que en vigencia del Protocolo Garré se asesinó a 1251 personas por uso de la fuerza letal de parte de fuerzas federales y provinciales. Recordemos que la gestión de Cristina Fernández representó el 37% de los casos de personas muertas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías desde 1983, siempre en vigencia del protocolo Garré en 5 de los 8 años de mandato.
El llamado “Protocolo Bullrich” fue oficializado en 2018 con la Resolución Nº 956 y autorizaba a las fuerzas de seguridad federal a emplear ampliamente las armas de fuego, flexibilizando al extremo las recomendaciones de Naciones Unidas para el empleo mortal de la fuerza. Las situaciones en que la norma daba vía libre de uso eran y son las de “legítima defensa”, una de las principales excusas utilizadas por las fuerzas de seguridad cuando son juzgados por el fusilamiento de personas. Pero además la ministra Patricia Bullrich había limitado el derecho a la protesta social al colocar al “orden público” por encima de todo. Según la resolución, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad. En concreto no prohibía explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco imponía obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles. Además limitaba el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que este puede tener.
El macrismo, en vigencia de los protocolos Bullrich en 2 de los 4 años de mandato, representó el 26% de los casos de personas muertas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías desde 1983. Pero lejos de lo que uno podría creer que fue una vía libre para el gatillo fácil, en la gestión Cambiemos el 60% de las muertes se dio por torturas en cárceles y comisarías y el 27% en casos de gatillo fácil. Las cárceles argentinas siguen siendo reductos de mala muerte, donde mueren decenas de personas anualmente por abandono médico o diversas violencias físicas y se tortura a 2 de cada 100 presos (4), mientras poco o nada se escucha al respecto de las gestiones nacionales y provinciales preocupadas hoy por la “Violencia Institucional”.
Ahora bien, ni bien asumida la ministra Frederic, en diciembre de 2019 y por Resolución 1.231 derogó los reglamentos de Bullrich para el empleo de armas de fuego y armas electrónicas como las Taser. El fundamento fue que los protocolos se alejaban de las recomendaciones del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la ONU, y el cambio de concepción impuso que “cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben actuar en proporción a la gravedad de los daños, respetando y protegiendo la vida humana, para luego resaltar que sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. (5) Frederic también derogó en marzo de este año el protocolo de Bullrich referido a pautas para la detención de personas pertenecientes al colectivo LGTTBIQ+, por resolución 37/2020 y con la convicción de que la norma criminalizaba a ese grupo social. Sin embargo desde la gestión actual no se avanzó en la implementación plena de la ley de Identidad de Género nº 26.743, ni se complementó con otras medidas específicas que protegerían al colectivo LGBTTIQ+.
Pese a lo que diga Frederic y complemente Pietragalla hoy es inocultable que los niveles de represión en la cuarentena fueron aumentando en sintonía con la profundización de la desigualdad, y que el distanciamiento social de clase fue y es tajante: los barrios periféricos, empobrecidos y los trabajadorxs son los que más sufren esta cuarentena hambreadora y represiva. Al iniciarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el conurbano bonaerense la tropa de Berni comenzó con los hostigamientos y persecución en las calles hasta dentro de las casas, irrumpiendo ilegalmente dentro de domicilios propinando golpizas a las familias y llevándose personas. También endurecieron las acciones represivas dentro de los lugares de detención como comisarías y penales. A los asesinatos por asfixia en detenciones y represiones brutales con fusilamientos, se le sumó el envalentonamiento policial con su pico represivo en una seguidilla de más de 150 muertes por gatillo fácil o torturas en lugares de encierro. (6)
Es más, el propio Pietragalla tuvo que reconocer en Diputados que en la secretaría recibieron 531 denuncias por hechos represivos durante el ASPO, casi 8 veces más que lo recibido en los primeros tres meses de gestión. Y la ministra Frederic tuvo que reconocer que en el mismo período hubo 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 efectivos involucrados, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad, y con 10 acciones disciplinarias en curso.
UNA POLÍTICA DE ESTADO
Desde nuestro espacio antirrepresivo, el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata rechazamos el concepto de “Violencia Institucional”. Partimos de entender que diferentes instituciones -estatales o no- atraviesan nuestras vidas e intentan imponernos formas de sentir, pensar, hacer, decir y, en definitiva, de vivir. Esta imposición se da muchas veces de manera violenta y otras de forma más sutil, consensuada y casi imperceptible. Pero el concepto mismo de “Violencia Institucional” esconde más de lo que explica: consciente o inconscientemente omite el cuestionamiento central al Estado como una forma de organización política y social que reproduce diferentes sistemas de dominación como son el capitalismo y el patriarcado, fuentes de desigualdad y exclusión. Pero resulta que las violencias y exclusiones en el ámbito de la salud y la educación y en algunos aspectos del servicio de justicia, son cualitativamente distintas a prácticas como el gatillo fácil, la desaparición forzada de personas, el secuestro de pibas para su ingreso a las redes de trata o la lisa y llana represión policial en una marcha.
Pero en lo estrictamente político pareciera que el concepto “Violencia Institucional” nos lleva a pensar en la teoría de los “excesos” de ciertas instituciones como la policía o el servicio penitenciario. Allí las fuerzas represivas, aquellas que teóricamente ejercerían el monopolio legal del uso de la fuerza tan defendido por quienes creen en la absolutización del Estado de Derecho, sólo cometerían actos inadecuados de violencia y nunca serían constitutivamente violentas. En esa ponderación peligrosa del “exceso” vemos a muchos sectores políticos que se dicen populares, pero que cuando son gobierno hablan de los hechos represivos que ocurren como “Violencia Institucional”, para dejar la denuncia con todas las letras de la represión cuando son oposición al gobierno de turno. Nosotrxs preferimos hacerlo más sencillo. Entendemos que el concepto de Represión Estatal da cuenta más precisamente de la naturaleza de las prácticas con que las fuerzas del Estado ejercen violencia física y simbólica sobre nosotrxs. Entendemos que la represión no debe esconderse como “Violencia Institucional”. Y creemos que ese concepto debe quedar reducido a designar todas las otras violencias que ejerce el Estado, que involucran a sus agentes de poder y que quedan fuera de lo estrictamente represivo. Basta acercarse a un hospital, una sala sanitaria, una escuela, una fiscalía o un juzgado para entender de qué desprecio, coerción y destrato estamos hablando, que son múltiples violencias de diferentes magnitudes, pero que siempre tienen como trasfondo la desigualdad social y el ejercicio de poder de un sector sobre otro. Por eso para Sabina Frederic, Horacio Pietragalla, Julio Alak, Matías Moreno y todo el funcionariado progresista que esconde la represión cuando son gobierno, parar las balas de sus fuerzas represivas con las manos –o por ley- será la tarea más difícil de cumplir.
– CON O SIN PROTOCOLOS PROGRES LA REPRESIÓN ES POLÍTICA DE ESTADO.
– QUE LA PANDEMIA NO SEA LA EXCUSA PARA PROFUNDIZAR EL CONTROL SOCIAL.
– SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.
– LA PRÓXIMA VEZ QUE DIGAS “VIOLENCIA INSTITUCIONAL” PARA HABLAR DE REPRESIÓN DE ESTADO PENSÁ EN ESTAS LÍNEAS.
NOTAS: