La crisis crónica del sistema capitalista se ha destapado mortalmente con la pandemia del coronavirus. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) más de 170 países ya se encuentran en recesión. En todo el mundo se están cerrando empresas, despidiendo o recortando personal, reduciendo jornadas de trabajo y también los salarios.

En Centroamérica, los débiles y artificiales Estados nacionales, carcomidos por la crisis económica, el enorme déficit fiscal y la descomposición social, no logran dar una repuesta satisfactoria a la pandemia y sus secuelas económicas.

En todos los países de la región los trabajadores y los sectores populares estamos enfrentando los mismos problemas: los gobiernos de turno y los cámaras empresariales están aprovechando la pandemia para depurar sus empresas, descargando el brutal peso de la crisis económica sobre los trabajadores y sus familias.

Antes de instalarse la pandemia, las centrales obreras y los sindicatos en Centroamérica, estaban, con niveles diferentes en cada país, muy debilitados por la ofensiva neoliberal. Muchos sindicatos y centrales se han convertido, en los hechos, en ongs, porque no son organismos para la lucha y defensa de las conquistas laborales, sino una especie degradada de organismos humanitarios. Incluso, muchas centrales y sindicatos ya no sobreviven de los aportes económicos de sus afiliados, sino de las contribuciones de los donantes: fundaciones norteamericanas o europeas

Con las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, no habrá marchas ni reuniones masivas este 1 de mayo en Centroamérica. Es una enorme ironía, porque es el momento en que los trabajadores deben mostrar su poder en las calles, y resulta que es cuando mas dispersos y atomizados están los sindicatos.

1.- La situación de la clase trabajadora en Guatemala

En un entorno de recesión generalizada de la economía Mundial, las expectativas de crecimiento del PIB guatemalteco para 2020, según los organismos financieros internacionales, se sitúan entre el -1.8% y el -2%, debido a la disminución en el ingreso de remesas, en la actividad comercial y en las exportaciones, con un incremento en los niveles de pobreza. La solución que plantea el gobierno es suavizar el pago de impuestos para los capitalistas; y para los trabajadores, precarizar los sueldos y las condiciones de trabajo.

El gobierno se está haciendo de la vista gorda favoreciendo a los empresarios, permitiéndoles suspender a sus trabajadores sin pagarles un centavo, mientras que recibirán un subsidio mensual por debajo del salario mínimo; hacia el 27 de abril las autoridades habían aprobado la suspensión de 11,586 trabajadores con este procedimiento. Gran cantidad de empresas, sobre todo maquilas, ya empezaron a despedir trabajadores sin liquidarles sus prestaciones y sueldos, o a enviarlos a sus casas a cuenta de vacaciones. Otras pasaron a sus trabajadores de un régimen de planilla a pago por servicios presentando facturas, con el fin de evitar el pago de prestaciones. Otras más llegaron a “acuerdos” con sus trabajadores para bajar los sueldos hasta en un 30%. Convenientemente, ni el gobierno ni los grandes medios de comunicación divulgan las noticias de despidos, suspensiones o cierres de negocios, pero es un hecho que tendremos un gran aumento del desempleo.

Entre las medidas decididas por el gobierno está la entrega de subsidios de Q 1000 mensuales durante tres meses (unos US$ 130) a partir de mayo, a las familias que no dependen de sueldos formales y no pueden atender sus pequeños negocios informales debido a la emergencia sanitaria; esa cantidad, analizando el costo de la canasta básica, alcanza para cubrir si mucho 15 de días de alimentación de las familias. El procedimiento de la entrega de este subsidio tendrá varias modalidades, pero lo que ya es claro es el caos en las estadísticas y registros que llevan el gobierno y las autoridades municipales para decidir quiénes lo recibirán, y la manipulación de las autoridades para hacer clientelismo político. En resumen, lo que se avizora es una precarización y disminución del nivel de vida general de la población trabajadora.

Giammattei acaba de anunciar que suspenderán contratos laborales en las instituciones públicas, también firmo el veto al Decreto No 15-2020 aprobado por el Congreso, el cual fue finalmente rechazado por los diputados, por que anulaba el beneficio de la suspension temporal del cobro de servicios públicos. Todo lo anterior es una muestra de la incidencia de los empresarios y de la profundidad de la crisis.

Estamos ante una situación inédita, pues debido a las restricciones del Estado de Calamidad y a las demás medidas de emergencia tomadas por el gobierno las y los trabajadores no pueden protestar abiertamente contra todos estos atropellos. Las principales centrales sindicales desde el inicio de la crisis han denunciado los abusos de las empresas y el sesgo pro empresarial de las medidas tomadas por el gobierno. En una carta abierta del 26 de marzo dirigida el presidente Giammattei, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala, conformado por la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Confederación de  unidad Sindical de  Guatemala (CUSG),  la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), y el Movimiento de Trabajadores Campesinos y campesinas de   San   Marcos, propuso la formación de una Plataforma Común por el Bien Común del Ser Humano, conformada por representantes sindicales, empresariales y del gobierno, para encontrar soluciones a la crisis sanitaria y económica, afortunadamente no fue escuchada.

Los comunicados conjuntos, ya sea de los Autónomos, o de éstos con los Sindicatos Globales, de los sindicatos de domésticas, organizaciones indígenas y campesinas, han estado acusando desde entonces al gobierno de Giammattei y a los empresarios de aprovechar la crisis para suspender trabajadores, bajar los sueldos, hacer despidos masivos. Estos sindicatos y organismos populares han denunciado la situación del campesinado ante la crisis, han alertado que el gobierno tuvo la intención de utilizar los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para dar subsidios a los trabajadores suspendidos, han pedido medidas para atender a los trabajadores informales, han reclamado medidas de protección eficaces para los médicos y enfermeras que están atendiendo a los infectados en los hospitales.

Pero lo cierto es que la crisis ha rebasado la capacidad de las organizaciones sindicales, dejando al desnudo su debilidad; más allá de los comunicados, una de las pocas protestas reales es el plantón nacional convocado por el Sindicato del Hospital San Juan de Dios (uno de los dos centros hospitalarios grandes de ciudad Guatemala) el día 30 de abril en todos los hospitales del país, reclamando el equipo necesario para atender la emergencia sanitaria.

Este 1 de mayo no habrá marcha en ciudad Guatemala, por las restricciones provocadas por la pandemia, pero podemos seguir el ejemplo de los compañeros salubristas y hacer mítines fuera de las empresas, pequeñas marchas en los barrios populares, en las comunidades, que la clase trabajadora no se quede callada ante la oleada de arbitrariedades y tropelías cometidas por los empresarios con la venia del gobierno.

2.- La lucha contra la atomización y por la independencia de los sindicatos en El Salvador

La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto el precario sistema de salud, en donde el gobierno de Bukele para poder dar respuesta a la pandemia. Medidas como contener la entrada de personas con posible contagio de COVID-19 proveniente de otros países fueron parcialmente efectivas.

Ante la precariedad de las finanzas públicas, Bukele ha puesto en riesgo la seguridad social al tomar prestado 25 millones de dólares del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

A pesar de la ofensiva neoliberal, en El Salvador existen una enorme variedad de organizaciones sindicales. Existen 53 Confederaciones Sindicales que organizan a trabajadores del sector privado: Confederación General de Sindicatos (CGS), Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS), Confederación Nacional  de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), Confederación Sindical  de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños (CSTS), Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CONSISAL), Confederación Obrera Centroamericana (COCA), Confederación Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (UNTS).

A nivel  trabajadores públicos existen 8 federaciones: Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador (FESITRAMES), Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público (FESITRASEP),  Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas y Autónomas de El Salvador (FESIPAES),Federación Sindical de Trabajadoras y Trabadores Municipales de El Salvador (FESITRAM),  Federación Unidad Nacional de Empleados Públicos (UNEP), Federación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores Salvadoreños (FESITRASAL), Federación Sindical Salvadoreña (FESISAL), Federación de Empleados Públicos y Municipales (F.E.P.Y.M.). Y solo una confederación: la  Confederación de Unidad de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador (CONFUERSA)

El ascenso del FMLN al gobierno en el 2009, posibilitó la creación de más sindicatos en el sector de trabajadores públicos, fragmentando a las organizaciones existentes, convirtiendo a los nuevos sindicatos como apéndices del gobierno del FMLN. En 2009 había 10 sindicatos en el sector público, para junio de 2018 habían 151.  Para contrarrestar la influencia de ARENA en algunos sindicatos, el FMLN actuó de la misma manera, dividiendo en vez de luchar por la democratización e independencia de los mismos.

Otra práctica del FMLN fue imponer de forma ilegal, a través del reconocimiento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS), de juntas directivas sindicales afines al FMLN. Un ejemplo clásico fue el Sindicato del Instituto Salvadoreño Trabajadores del Seguro (STISSS): a partir del 2009 fueron reconocidos directivas afines al FMLN, pasando por encima de la voluntad de la mayoría de los trabajadores que, por cierto, también rechazaban el control de ARENA.  El FMLN reprodujo los mismos vicios de ARENA, dividiendo y politizando al movimiento sindical.

Con el arribo al poder de Nayib Bukele, la historia se repite. El Ministro de Trabajo impuso una nueva Junta Directiva en el STISSS irrespetando las libertades sindicales y a las mismas bases. Actualmente el gobierno de Bukele busca capitalizar el descontento de las organizaciones sindicales que fueron golpeadas por el FMLN  y ARENA, impulsando desde el MTPS una corriente sindical ligada a su gobierno, para utilizarlo como base social del partido Nuevas Ideas

Mientras la pandemia avanza, según la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), más de “15.357 trabajadores/as que han sido suspendidos, o despedidos o simplemente nadie les pago su salario…”

El sector más golpeado por la pandemia son las maquilas. El Sindicato Salvadoreño de Industrias textiles y Similares, (SSINT) ha impulsado luchas para exigir el pago de salarios por parte de las empresas ubicadad en la zona franca de San Marcos.

Recientemente, ante la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de Bukele, la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP) mediante un comunicado manifestó “(…) Rechazamos las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional como contraprestación al préstamo de $389 millones adquirido por el Estado salvadoreño, y exigimos la condonación de la deuda externa como única medida viable a la actual crisis económica. Todo plan económico de rescate debe plantear como eje central el respeto a la estabilidad laboral de la clase trabajadora y la mejora de las condiciones económicas del pueblo salvadoreño, donde se garantice la comida principalmente y la seguridad salarial y no las ganancias del gran capital. Exigimos que las empresas paguen a tiempo las cuotas al seguro social para garantizar la atención inmediata al paciente. Rechazamos las medidas presentadas por la ANEP y el gran capital salvadoreño, la cual tiene en el centro la economía del capital para generar más ganancia y no la vida de la gente (…)”

Declaraciones de este tipo representan un gran paso adelante en la recuperación de la independencia política del movimiento sindical, precisamente para defender los intereses de los trabajadores. UNEP señala un camino a seguir.

3.- Dispersión sindical bajo la dictadura de Juan Orlando Hernandez en Honduras

La situación sindical, gremial, campesina y popular de Honduras es deplorable. Las viejas burocracias de la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), siempre se han preocupado por negociar algunas prebendas con los gobiernos de turno, en vez de encabezar las luchas sindicales.

En la última década se ha operado un debilitamiento de los sindicatos, algunos fueron destruidos y otros cooptados por la dictadura nacionalista. Desde el golpe de Estado del 2009, solo dos grandes gremios han protagonizado luchas importantes: los trabajadores de la salud, encabezados por elColegio Médico de Honduras (CMH) dirigidos por la Doctora Suyapa Figueroa, y el magisterio encabezado por la base del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH). En este último caso, se produjo una renovación de la dirección sindical que logró rescatar al COPEMH y librarse de una burocracia que tenía secuestrado al segundo colegio magisterial de mayor membresía. La situación interna del COPEMH aún no se ha resuelto, aunque la vieja burocracia perdió las elecciones el 18 de octubre del 2019, todavía se mantiene atrincherada en algunas de las instituciones del COPEMH.

En el año 2019, el CMH como el COPEMH fueron principales artífices de la conformación de La Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación, la que al derogar los decretos PCM, causó grandes expectativas para crear una nueva dirección sindical, gremial y popular.

Lamentablemente, este proceso fue frustrado. Hubo inmadurez en la dirección de La Plataforma y nuevas manifestaciones de oportunismo, pero lo que más pesó que la mayoría de los otros colegios magisteriales continuaron siendo controlados por la burocracia sindical, sin oportunidad de formar nuevos liderazgos.

Mientras la Doctora Suyapa Figueroa es símbolo de transparencia y honradez en el CMH, en el magisterio no hay confianza plena en quienes dirigen, todos se encuentran al filo de la sospecha.

En el Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) existe un conflicto por el control del sindicato: una Junta Directiva presidida por el muy cuestionado Miguel Aguilar y otro grupo que se autoproclama como nueva dirección. Según la oposición, Miguel Aguilar debió haber dejado el cargo desde el 2016. Las pugnas entre las facciones han sido utilizadas por el gobierno juanorlandista para privatizar casi por completo la institución y ya se menciona que en junio habrá despidos y la empresa será desmembrada.

A nivel de empleados púbicos, el Sindicato de los Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH) y la Asociación de Docentes de la UNAH (ADUNAH) quedaron debilitados bajo la administración de la rectora Julieta Castellanos, aunque apoyaron débilmente la Plataforma en 2019.

Bajo el pretexto de no propagar el coronavirus, en las maquilas están suspendiendo o cancelando contratos laborales. En la costa norte de Honduras, cerca de 165.000 trabajadores fueron suspendidos de sus labores a partir del día 17 de marzo, con pocas posibilidades de regresar a sus puestos de trabajo, debido a que la recesión en Estados Unidos reduce los pedidos de productos de las maquilas.

4.- La dramática situación del movimiento sindical en Nicaragua

Los sindicatos han quedado debilitados desde la fracasada experiencia de la revolución sandinista (1979-1990). Los pocos sindicatos existentes han quedado en manos de la burocracia sandinista y de otras pequeñas burocracias sindicales ligadas a la derecha y que a partir del 2007 han sido reclutadas por la nueva dictadura.

La burocracia sandinista mantiene el control sobre la mayoría de sindicatos. Mientras la Central Sandinista de Trabajadores (CST) controla los sindicatos del sector industrial y maquilas, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) controla a los empleados públicos y trabajadores municipales. El resto de pequeñas centrales, giran en torno a la burocracia sindical sandinista.

Esta debilidad y control sobre los pocos sindicatos impidió que la clase trabajadora actuara como sujeto independiente durante la insurrección cívica del año 2018. Producto de la crisis política, en Nicaragua se han perdido 100, 000 empleos en los últimos dos años. La crisis económica mundial provocada por la pandemia, encuentra a los trabajadores en estado de postración.

En el sector de las maquilas, el 50% de cerca de 120,000 trabajadores fueron enviados a sus casos con suspensión de contratos o simplemente despedidos. La  Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), la Confederación de Unificación Sindical (CUS) y la Confederación de Unitaria de Trabajadores (CUT), firmaron  a finales de marzo del 2020, un acuerdo con la patronal de Zonas Francas, un acuerdo que no fue consultado con los trabajadores, que permite enviar gradualmente a los trabajadores a sus casas, pagando a duras penas algunas de las prestaciones laborales contempladas en el Código del Trabajo

Muchos de estos trabajadores quedaran en el desempleo, por los efectos de la recesión de la economía mundial. En pocas palabras, la burocracia sindical sandinista y sus aliados no han hecho nada para defender el empleo y los salarios. Por ello, los trabajadores deben organizarse de manera independiente.

5.- La pandemia agudiza la crisis económica en Costa Rica y golpea directamente a los sindicatos

La crisis sanitaria producida por la enfermedad covid-19 ha profundizado la crisis económica en el país: cierre de miles de negocios, así como disminución de la producción en otros negocios, lo cual han conducido a la suspensión masiva de contratos de trabajo y la reducción de jornadas de trabajo.

A los trabajadores bajo suspensión de contratos de trabajo, fueron enviados a sus casas sin goce de salarios, mientras que a otros se les redujo las jornadas y, por lo tanto, sus salarios se han reducido entre un 50% y 75%. Alrededor de 400 mil trabajadores han sido gravemente afectados por la pandemia.

El gobierno de Carlos Alvarado y los diputados de todas las bancadas dentro de la Asamblea Legislativa, aprovechándose de la crisis sanitaria de la pandemia, aprobaron de forma exprés una ley de reforma al Código de Trabajo que permitió la reducción de jornadas de trabajo y de los salarios de decenas de miles de trabajadores. Lo más nefasto y repudiable de esa reducción de salarios fue el voto a favor del diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA) que lo ubica al lado de los capitalistas. 

El desempleo que, antes de la crisis sanitaria, ya era del 12,4%, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR) podría llegar a un 28%, mientras que algunos economistas prevén hasta una tasa del 40% de desempleo. Por otro lado, el BCCR en su revisión del programa económico determinó que el PIB tendría una caída del -3,6% en el año 2020.

Por otro lado, mientras a miles de trabajadores se le suspenden sus contratos de trabajos y se les reduce sus salarios, el gobierno les reduce a los empresarios el porcentaje de pago de la cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), también se les redujo el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Renta (IR). Muchas empresas son rentables, no necesitaban mas privilegios, con la pandemia han aumentado sus ganancias.

La crisis sanitaria y crisis económica también han afectado gravemente a los trabajadores del sector informal de la economía. Antes de la covid-19 existían un millón de personas en la informalidad. Muchos de estos ya no pueden trabajar por la parálisis de la economía y la reducción drástica del consumo interno.

El gobierno de Carlos Alvarado prometió, inicialmente, un bono de 200 mil colones por tres meses para los trabajadores afectados por el cierre de empresas y la reducción de salarios, sin embargo, posteriormente, redujo el monto a 125.000 y 62,500 colones. Esa “ayuda” es muy baja y no resuelve los graves problemas de ingresos y de consumo de miles de trabajadores.

Las dirigencias sindicales de las diferentes centrales sindicales, sindicatos y otras agrupaciones sindicales han tenido una política nefasta, no han tenido una posición de oposición tajante contra esas políticas anti obreras del gobierno, haciéndole el juego

En Costa Rica tenemos tres grandes bloques sindicales:

1.- El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), conformado por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (UNDECA), el Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses (SITECO), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA). El Sindicato Asociación Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se retiró de BUSSCO.

2.- Patria Justa (PJ) encabezado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE),Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) y cinco organizaciones más.

4.- El boque de centrales sindicales tradicionales del sector manufacturero, conformado por la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR)

De manera conjunta o por separado, estos bloques sindicales emiten comunicados contra las medidas adoptadas por el gobierno, pero no mueven un solo dedo para evitar las suspensiones de contratos, la reducción salarial o los despidos.

6. Por un plan de lucha sindical a nivel regional

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)llamamos a los trabajadores, centrales obreras y campesinas, sindicatos y organismos populares, a luchar unidos en toda la región para solucionar los problemas comunes:

1.- Aunque la pandemia impide la concentración masiva de personas, llamamos a las organizaciones sindicales a realizar pequeños actos de protesta y de conmemoración del 1 de mayo, sea de manera virtual o presencial, en cada barrio o localidad, tomando las debidas precauciones para evitar el contagio del virus

2. En todos los países de Centroamérica, luchemos por defender los puestos de trabajo. Si es necesario reducir la jornada laboral, no debe haber reducción salarial. Demos exigir en cada centro de trabajo, los equipos de protección personal y seguro de vida para los trabajadores de salud.

3. Para garantizar el derecho al trabajo, debemos reducir las horas de trabajo en las empresas e instituciones del Estado, para que otros trabajadores desempleados puedan trabajar. 

4.- Cada Estado debe garantizar un seguro de desempleo, o asignar una renta básica, equivalente al salario mínimo promedio regional (500 dólares), para los trabajadores despedidos y para aquellos que trabajen en la informalidad.

5.- Los fondos para garantizar el seguro de desempleo o renta básica, deben salir de un impuesto especial del 25% a las ganancias de los bancos y grandes empresas, incluidas las zonas francas y empresas transnacionales.

Reducir hasta en un 50% los salarios de los grandes jerarcas de los supremos poderes, miembros de directiva de empresas públicas, instituciones autónomas, gerentes y otros altos funcionarios en cada uno de los Estados.

Debemos exigir que cada Estado declare una moratoria de su deuda externa e interna, para reunir fondos para combatir la pandemia, y garantizar la salud, el empleo y los salarios dignos. Los presupuestos de los Estados deben estar destinados a atender las necesidades de la población más vulnerable

6. De igual manera, exijamos que cada Estado declare una moratoria del pago de los servicios básicos (energía, agua, internet, comunicaciones, etc), estén en manos del Estado o en manos privadas, mientras dure la pandemia.

7.- Debemos exigir subsidios del Estado para evitar la quiebra de las medianas y pequeñas empresas, por ser las principales fuentes de empleo, siempre y cuando no estas no despidan a sus trabajadores.

8.- Suspensión de ejecuciones judiciales por deudas, contra los trabajadores y los dueños de pequeños negocios, victimas de la avaricia de los bancos e instituciones financieras.

9.- Exijamos en cada Estado una reducción de intereses de los bancos y microfinancieras, para fomentar la reactivación económica y la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria.

10.- Todos los Estados están utilizando los fondos de la seguridad social para combatir la pandemia, pero con ello están liquidando las futuras pensiones. También debemos luchar por devolver al Estado, bajo control de los trabajadores, el sistema de pensiones en aquellos países, como El Salvador, que han privatizado total o parcialmente el sistema de pensiones.

11.- Ante la inoperancia de las burocracias de las centrales sindicales, llamamos a los trabajadores a autoorganizarse de manera independiente, por medio de Comités de Lucha Sindical, para luchar contra las amenazas del desempleo y el recorte salarial, así como exigir condiciones laborales de protección contra la pandemia

12.- Llamamos a la coordinación regional de las organizaciones de trabajadores, que estemos dispuestos a librar la lucha contra la pandemia y la crisis capitalista

El próximo período es de gran crisis económica e inestabilidad política, los trabajadores debemos prepararnos, creando nuevas organizaciones, fortaleciendo y democratizando las existentes. El futuro está en juego.

Centroamérica, 30 de abril del 2020