Gabriel Sivinian La tinta 7 enero 2026
El genocidio en Gaza no cesó, aunque hayamos visto firmas de planes para poner fin al conflicto, aunque el algoritmo te lo muestre poco, siguen los bombardeos, la ayuda humanitaria es escasa, el invierno está siendo hostil y los pronunciamientos siguen siendo tímidos a favor del pueblo palestino y en contra de la maquinaria de muerte israelí. En esta nota, Gabriel Sivinian repasa el costo político de Israel frente a tribunales, informes y la resistencia palestina.
El genocidio en Gaza no cesó, aunque hayamos visto firmas de planes para poner fin al conflicto, aunque el algoritmo te lo muestre poco, siguen los bombardeos, la ayuda humanitaria es escasa, el invierno está siendo hostil y los pronunciamientos siguen siendo tímidos a favor del pueblo palestino y en contra de la maquinaria de muerte israelí. En esta nota, Gabriel Sivinian repasa el costo político de Israel frente a tribunales, informes y la resistencia palestina.
Con independencia del devenir de los hechos en los Territorios Palestinos Ocupados y en el Levante mediterráneo, se constata un cambio significativo en la percepción e interpretación de la cuestión de Palestina como efecto de las acciones bélicas posteriores al 7 de octubre de 2023, ejecutadas por el Estado de Israel. Aun si las fuerzas israelíes alcanzaran sus objetivos militares, no lograrían revertir el gravoso coste que implica el deterioro de la imagen de su Estado y el creciente aislamiento internacional.
Tras un primer llamamiento realizado el 23 de octubre de 2023 por la Universidad palestina de Birzeit para no guardar silencio ante el genocidio, las acusaciones formales empezaron a configurarse y tomaron mayor fuerza con la presentación de un grupo de 280 abogados ―liderados por el penalista francés Gilles Deversy― y un centenar de organizaciones no gubernamentales (ONG) ante la Corte Penal Internacional.
Luego, se produjo la histórica denuncia de la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, el 29 de diciembre de 2023, y la orden impartida por este órgano de la ONU al Estado de Israel para que tome todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en la Franja de Gaza. La fuerza simbólica del pronunciamiento realizado por este fue complementada con numerosas resoluciones, informes y declaraciones de instituciones de diversos campos sociales que revelan la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio por parte del Estado israelí.
Destaco también los valiosos informes realizados por Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados por el Estado de Israel en 1967: Anatomía de un genocidio (A/HRC/55/73, 25 de marzo de 2024); El genocidio como supresión colonial (A/79/384, 01 octubre 2024); De la economía de la ocupación a la economía del genocidio (A/HRC/59/23, 30 de junio de 2025) y Genocidio en Gaza: un crimen colectivo (A/80/492, 20 de octubre de 2025).
También vale la pena mencionar los informes del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino (A/79/35, 31 de agosto de 2024), del Comité Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los Territorios Ocupados (A/79/363, 20 de septiembre de 2024) y de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (A/80/337, 16 de septiembre 2025); todos provenientes de organismos de Naciones Unidas.
Y la Resolución de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio; los informes de organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos y ONG como Amnesty Internacional, Human Right Watch, Btselem; Médicos por los Derechos Humanos-Israel, Médicos sin Fronteras y Caritas Internationalis, y las declaraciones de la totalidad de los organismos de derechos humanos de la República Argentina.
Estas incriminaciones y, fundamentalmente, el sumud ―la perseverancia, firmeza y resistencia― del pueblo palestino afectaron decididamente la eficacia de la narrativa proisraelí, difundida por ideólogos, dirigentes y voceros de ese Estado, de las organizaciones sionistas y de sus aliados en los países occidentales. Discursos enunciados desde el supremacismo de quienes creen en “pueblos elegidos” y reproducen deshumanizantes concepciones orientalistas. Y presentan a la Potencia Ocupante como quien “se defiende una agresión brutal y constante por parte del pueblo palestino”; quien “conforma un Muro que nos protege de la violencia irracional y el terror árabo-islámico” y quien “está a la vanguardia en la defensa de los valores que sostienen al mundo libre y occidental”.
Bastan las imágenes de niñas y niños mutilados y asesinados, de personas incineradas en tiendas de campaña, de familias enteras exterminadas, de masacres y fosas comunes, de ataques letales a multitudes en busca de alimentos ante la hambruna planificada, de caravanas de desplazados marchando entre barrios y ciudades devastadas ―entre tantas muestras de crueldad e inhumanidad― para que esos relatos pierdan efectividad y el enorme capital simbólico, económico, cultural y social de sus emisores se torne inservible.
Pese a lo descripto, estos actos enmarcados bajo la figura de genocidio no son contemplados en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aprobada el 17 de noviembre de 2025, la decisión adopta el “Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza” y fue avalada con trece votos a favor, ninguno en contra y las abstenciones de China y Rusia. Conocido como el “Plan de veinte puntos de Donald Trump”, por sustentarse en una propuesta del presidente de EE. UU., su aplicación inicial logró un precario alto el fuego en octubre pasado; aunque 357 personas palestinas fueron asesinadas durante los primeros 50 días de vigencia.
La ralentización ―más no la detención― de la maquinaria genocida, el incremento ―muy insuficiente― de la ayuda humanitaria, la rehabilitación ―apenas incipiente― de los servicios públicos e infraestructura, el repliegue de las fuerzas militares ―aún ocupantes ilegales― a zonas menos urbanizadas o no urbanas, y la liberación de prisioneros de ambas partes pueden verse como indicios favorables; así como las manifestaciones ―tan solo en el papel― sobre que el Estado de Israel no ocupará ni anexionará Gaza y que se buscará una vía factible hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina. Sin embargo, quien conozca la historia de la Nakba (catástrofe) continua que enfrenta el pueblo palestino y/o las habituales características del despliegue colonial imperial de Estados Unidos y las potencias noratlánticas no puede abrigar expectativas positivas.
Como ha sucedido con el Mandato Británico otorgado por la Sociedad de las Naciones en 1922 o con la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que recomendaba un injusto e inequitativo Plan de Partición de Palestina con Unión Económica en 1947, la Resolución 2803 se impone al pueblo palestino sin su intervención y en contraposición a su derecho inalienable a la autodeterminación.
Además, el texto aprobado por el Consejo de Seguridad soslaya la rendición de cuentas del Estado de Israel, de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, y de funcionarios de distinto rango por los crímenes cometidos; legitima otra forma de ocupación extranjera al crear una “Junta de Paz” presidida por Donald Trump con el asesoramiento/participación del ex primer ministro británico, Tony Blair, que controlará las finanzas, la inmigración, la administración civil y la reconstrucción de Gaza; habilita la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización con el mandato de desmilitarizar Gaza, objetivo de la Potencia Ocupante, que se reserva el derecho de mantener un “perímetro de seguridad”, normalizando su control sobre el espacio aéreo y marítimo de Palestina, y desatiende la Opinión Consultiva y las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia que determinó que la ocupación israelí continuada de los territorios palestinos desde 1967 es ilegal (19 de julio de 2024); entre otros dictámenes de organismos internacionales.
Aplicar esta Resolución sin un abordaje integral de los derechos conculcados por décadas al pueblo de Palestina significa que la ONU vulnera ―una vez más― sus propósitos fundacionales relativos a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna. Si esto sucede es porque Gaza y toda Palestina resultan una expresión acabada del sistema capitalista colonial funcionando sin velos, en forma despiadada.
En esta fracción del territorio levantino, un pueblo nativo enfrenta, desde hace más de un siglo, la expropiación de sus tierras y de sus medios de producción; parte del proceso de acumulación primitiva permanente de una sociedad clasista surgida de un proyecto de colonialismo de asentamiento. En simultáneo, la población originaria resiste a la aplicación de innovadoras tecnologías de control social y exterminio, desarrolladas por un complejo militar-industrial que ubica al colonialismo israelí en la vanguardia del capitalismo imperialista. Gaza y toda Palestina deben percibirse como laboratorio del capitalismo global y no como una excepcionalidad ocurrida en una región distante.
La representación deshumanizada y orientalista del pueblo palestino ―y árabo/islámico en general― circula como una mercancía ideológica que se retroalimenta con los discursos autoritarios, racistas y belicistas de los movimientos y partidos de la externa derecha (filo) fascista internacional, ampliamente identificados con el accionar del Estado de Israel.
Asimismo, los artefactos y dispositivos de la industria tecnológico-militar israelí se exportan para la persecución y represión de los sectores subalternos, sean estos trabajadores precarizados o desempleados, migrantes o refugiados, y todos quienes se organicen en luchas políticas y sociales emancipatorias en distintas partes del mundo. Resulta urgente que Gaza y toda Palestina sean amparadas, que el genocidio sea denunciado y detenido, y que los criminales de lesa humanidad sean enjuiciados y condenados; aunque esto último ―como lo enseña la experiencia en Argentina y en otros casos históricos― requiera del compromiso de sucesivas generaciones para su concreción.
Por el pueblo de Gaza y toda Palestina. Por nuestra humanidad.
*Por Gabriel Sivinian para La tinta / Imagen de portada: Majdi Fathi.
Publicado originalmente en La tinta