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«La financiación de los bancos españoles es vital para normalizar la ocupación de Palestina»
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Felip Daza
Investigador de ODHE
www.naiz.eus/.
El ‘apartheid’ israelí en Palestina sigue su expansión pero empieza a vislumbrarse un inventario de los poderes que lo sostienen. Por ejemplo, este informe del politólogo Daza (Barcelona, 1979) y dos investigadoras de ODHE: ‘La complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina’.
El estudio retrata el grado de complicidad creado entre el Gobierno de Israel y fondos de inversión transnacionales, entre ellos varios del Estado español, para relanzar grandes infraestructuras en territorios palestinos y normalizar la ocupación. «Bancos como el Santander, el BBVA e incluso Kutxabank han financiado la construcción de plantas solares en el Valle del Jordán y el desierto de Naqab que luego abastecen los asentamientos de colonos», señala Daza.
Para este experto en relaciones internacionales y derechos humanos, estos proyectos tratan de dar «una imagen de normalidad a una ocupación ilegal que sin ese apoyo económico no sería viable». Daza también abre otro capítulo apasionante de esta espeluznante historia: la sintonía cada vez más estrecha entre la extrema derecha y los grandes imperios privados a nivel mundial.
En el informe del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) analizan la presencia del sector financiero español en grandes proyectos de energía renovables construidos por consorcios israelíes en territorios ocupados de Palestina.
¿De qué manera estas relaciones contribuyen a perpetuar este conflicto?
El rol de las entidades financieras es esencial. Sin sus aportaciones sería imposible la puesta en funcionamiento de este tipo de proyectos. Nuestra investigación se centró en aquellas plantas energéticas situadas en territorios ocupados de Palestina bajo control directo del Gobierno de Israel a las que se otorga licencias de actividad para proyectar una sensación de cierta normalidad pese a vivir en una situación absolutamente ilegal e inestable.
Una vez que adjudican el proyecto de construcción es cuando se inicia el proceso de atracción de capital, que muchas veces son bancos israelíes, pero en otras muchas son entidades internacionales, muchas de ellas del Estado español.
No quiero olvidarme del importante papel de las aseguradoras en la puesta en marcha de estas megaplantas energéticas construidas en el Valle del Jordán y el desierto de Naqab porque algunas también son españolas.
Entre los financiadores principales de estos proyectos están los grandes bancos del Estado español, incluida Kutxabank.
Sí. Todos funcionan como fondos de inversión dentro de una compleja red de relaciones. Está el Santander, el BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y luego, en un segundo nivel, otras entidades como Ibercaja y Kutxabank. Al final, uno de los problemas al que nos enfrentamos fue encontrar el vínculo de estos bancos con la construcción de plantas renovables en territorios ocupados ya que, por ejemplo, Kutxabank o el BBVA abren líneas de préstamo, no de crédito.
La fórmula de trabajar de las empresas es a través de la deuda y sólo cuando comienzan a producir energía, vatios que acaban en la red eléctrica israelí que ilumina los asentamientos, empiezan a tener beneficios y es cuando devuelven a los bancos el dinero con intereses.
Citaba que estos proyectos energéticos no sólo atraen al capital sino también a importantes compañías de seguros como Catalana Occidente o Mapfre. ¿Es esta guerra una oportunidad de negocio?
Por supuesto. Lo interesante es observar cómo esas aseguradoras españolas funcionan casi como los bancos, ya que diversifican los servicios que prestan a los consorcios encargados de la construcción y de la puesta en marcha de las plantas energéticas. Unas veces actúan como fondos de inversión y otras como vehículos de reducción de riesgos ante posibles contingencias.
Sin esta interrelación entre el seguro y la financiación no sería posible realizar los múltiples proyectos de granjas solares que hay en los territorios ocupados. Por tanto, creo que es muy relevante poner también el foco en la función que desempeñan aseguradoras como Catalana Occidente y Mapfre en Palestina.
¿Cree que un cese de estas operaciones financieras contribuiría a un alto el fuego y a la apertura de un proceso de paz?
Qué duda cabe que sin la financiación de estos fondos de inversión el desarrollo de la ocupación y el apartheid en Palestina no sería posible. El capital es fundamental para iniciar cualquier infraestructura. Evidentemente, hay un mercado negro controlado por estructuras mafiosas con capacidad de financiación de diferentes tipos. Pero no hay duda que sin los grandes bancos, la ocupación israelí de Palestina no sería viable.
Ahora se habla mucho de una directiva europea que obligue a las multinacionales a presentar estudios preliminares de sus operaciones para evitar complicidades con países que vulneran los derechos humanos. Pero si se controlaran los flujos internacionales y se creara un marco vinculante que garantice inversiones responsables se evitarían muchísimos conflictos como el de Palestina.
¿Considera que este informe desvela las razones económicas de este conflicto?
Creo que mostramos algo más que la punta del iceberg del conflicto, pero somos conscientes de la complejidad de revelar el entramado en su totalidad. Sobre todo, porque muchas empresas actúan en paraísos fiscales donde operan con absoluta opacidad. Su estrategia es mover el dinero de un lugar para otro, de un país a otro, de una empresa a otra, para ocultar la trazabilidad del flujo financiero e invertir. Es una práctica que están utilizando, por ejemplo, los magnates rusos para evitar las sanciones impuestas por la UE. Por eso es tan difícil saber quién está realmente detrás de los grandes grupos de inversión transnacional que mueven el dinero.
¿Qué mecanismos existen para que esas empresas cumplan el derecho internacional?
Es una cuestión compleja. Hay que partir de la idea de que el derecho internacional nace para resolver conflictos entre Estados, pero también entre Estados y corporaciones. Las empresas siempre han tenido un peso importante en el marco general de esta legislación. Uno de los padres de la norma, Hugo Grocio, trabajaba en el siglo XVII para una empresa holandesa en labores consultivas para la resolución de disputas en las Indias Orientales. Por lo tanto, surgió en un marco imperial y no ha variado su fundamento, que es mantener el imperialismo y el colonialismo europeo en el mundo.
Evidentemente, uno de los grandes debates actuales es cómo lograr que el derecho internacional pueda ser realmente una estrategia útil para los países del sur global, no sólo para los europeos y estadounidenses. Cuando proponemos un tratado internacional vinculante para las empresas transnacionales a la Asamblea General de la ONU, nos llenan de cruces porque saben que estamos tocando la espina dorsal de esta normativa, como es regular las actividades de las corporaciones, que es el origen de todo. Es cierto que se están produciendo avances, pero sigue siendo necesaria una regulación internacional para que las grandes empresas regulen su funcionamiento y las complejas redes financieras que han creado.
¿Hasta dónde pueden llegar los gobiernos para impedir la actividad empresarial en un país que comete crímenes de guerra?
El Estado tiene mecanismos para evitar que las empresas operen en los territorios ocupados o estén dispuestas a invertir en esas zonas robadas. En primer lugar, informarles de la corresponsabilidad que tienen en la violación de los derechos humanos. Luego, puede aumentar las tasas impositivas a las corporaciones que estén presentes en esos lugares, retirarles la ayuda pública, las inversiones del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que no se beneficien de las misiones económicas de las embajadas o que, por ejemplo, no tengan el apoyo de los planes de internacionalización y promoción del ICEX para aumentar su comercio internacional.
A nivel local, la administración podría incluir cláusulas que prevengan que empresas con negocios en países donde se vulneran los derechos humanos, con sentencias firmes o con información contrastada de sus violaciones, no tengan acceso a contratos públicos.
Ante este escenario, ¿qué puede cambiar en Oriente Medio a corto plazo?
Lo que estamos observando es que algo se está moviendo en Israel a nivel interno que puede terminar siendo fundamental. La población está saliendo del país, su PIB ha caído en picado y esa imagen de democracia occidental que nos trasladaban es una patraña. Algunas fuerzas políticas quieren acabar con Netanyahu.
La cuestión es si hay una alternativa realmente progresista de izquierdas capaz de liderar esta transformación porque, hoy en día, es un país inclinado claramente a la extrema derecha que se ha alimentado de un contexto de conflicto durante décadas. Occidente, y más concretamente EEUU, ha alimentado ese monstruo permitiéndole hacer lo que quiera. Por tanto, el gobierno derechista israelí se siente fuerte para continuar con todo esto.
Pero también hay que tener en cuenta que esa extrema derecha forma parte de la red que se está configurando a nivel internacional. La foto del presidente argentino Javier Milei en Madrid con Díaz Ayuso y los responsables de los principales bancos del Estado español, muchos de los cuales aparecen en nuestro informe sobre los territorios ocupados, es sintomática. Detrás de ellos está la extrema derecha.
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