Una semana antes del viaje del presidente Aragonés, yo también recorría la provincia de Buenos Aires, en Argentina. No creo que hiciera las mismas visitas ni tuviera la misma agenda. Mi privilegio ha sido aproximarme a la realidad de las villas miseria, los barrios populares y las quintas agrarias donde mujeres y hombres migrantes bolivianos gestionan tierras de otros. O la Colonia 20 de Abril Dario Santillán, un antiguo psiquiátrico ocupado ahora por unas sesenta familias bolivianas para, precisamente, incidir en la necesaria reforma agraria que les permita el acceso en la tierra, ahora en manos de muy pocos y muy grandes propietarios.

Y lo que he visto es que Argentina sufre una situación de crisis alimentaria muy grave. Según datos del UNICEF, 8,8 millones de niños y niñas, el 66% del total, son pobres, y «viven en familias que no tienen suficientes ingresos para cubrir la canasta básica de alimentos y otros servicios». Dejando de lado las razones estructurales, como la tenencia de tierra o la deuda externa, realmente debe de ser muy difícil luchar contra una inflación anual del 95%. Pero, sobre todo, lo que he visto es la respuesta de la sociedad civil ante esta situación, encabezada por la Unión de Trabajadores de la Tierra. Solo 12 años después de su fundación, esta organización ha reunido a más de 30 mil familias campesinas tanto para defender sus derechos como para comercializar de forma directa sus producciones, poniendo en marcha, hasta ahora, alrededor de 500 puntos de venta. Porque su voluntad política es demostrar que, frente a la crisis alimentaria, son las clases populares del sector primario las que pueden alimentar el país con precios justos y accesibles.

Esto es soberanía alimentaria. No es, como escuchamos muchas veces, buscar exclusivamente la autosuficiencia dentro de unos límites territoriales concretos. Es la construcción de un sistema alimentario a partir de la alianza entre el sector campesino que ha decidido dedicar su trabajo a producir una comida sostenible y saludable para las capas populares de la población, y los y las consumidoras que han decidido que quieren garantizar su alimentación con la producción agroecológica y social de su territorio.

La situación catalana también es grave, la población en riesgo de pobreza ya es del 26% y el IPC de los alimentos no para de aumentar (el acumulado de los últimos doce meses es del 14,5%). Cierto, no es tan crítica como Argentina, pero en la realidad agraria tenemos un parecido que debería disparar las alarmas: tanto ellos como nosotros hemos apostado todo al monocultivo de exportación –soja en su caso, cerdos (alimentados de soja) en el nuestro– dejando de lado el suministro de alimentos para los mercados locales.

Desde las administraciones catalanas, ¿estamos impulsando la diversificación de la producción así como maneras de producir adaptadas a realidades derivadas de la crisis climática como la sequía? Desde la sociedad civil, ¿estamos construyendo alternativas que de verdad tengan capacidad y escala para dar respuesta a la crisis alimentaria? Y, finalmente, ¿estamos generando espacios de confluencia para encontrar respuestas comunitarias con un verdadero compromiso y apoyo público?