Acacio Puig. LQS. Abril 2020

La insistente loa a los Pactos de la Moncloa que fueron aprobados por Cortes y Senado hace más de 40 años -a fines del 1977- (1) se repite en los discursos recientes del Presidente del Gobierno & compañía y no es extraño: inmersos en la grave crisis sistémica que desvela e intensifica la extensión de la pandemia, se vende un pasado desconocido hoy por amplias mayorías sociales y se le presenta como panacea y modelo de unidad para la salvación nacional. Incluso se apela a la memoria de “los veteranos”… Pero un sector significativo de nosotrxs (veteranos 100% a la izquierda) valoramos aquel modelo como un fracaso, mal traído al presente.

Los Pactos de la Moncloa fueron el consensuado bozal que laminó la extraordinaria combatividad (2) que amenazó -durante el período inmediatamente posterior a la muerte de Franco, es decir durante 1976 y buena parte de 1977- la raquítica transición que el poder apoyó en tres pilares legislativos: la ley de Amnistía, los Pactos y poco después la Constitución de 1978. Aquel bozal frenó la conquista de una auténtica democracia avanzada, más igualitaria, federal y republicana.

… que algo cambie para que lo esencial permanezca…

Recordemos que la ley de Amnistía liberó a menos de un centenar de presos políticos que entonces permanecían en las cárceles, pero a cambio de exculpar los crímenes cometidos por la dictadura desde 1936; en tanto que los Pactos y la Constitución se limitaron a adornar con declaraciones de derechos sociales -en lo esencial incumplidos- férreos deberes que orquestarían el viejo aforismo de Lampedusa: que algo cambie para que lo esencial permanezca. Porque más que de consolidar la democracia (ya socialmente impuesta) se trataba de dar oxígeno al capitalismo hispano y a parte del equipaje del Antiguo Régimen.

Procedería pues –cuando suenan de nuevo las trompetas- un análisis detallado de todo lo contenido en aquellos Pactos, pero en mi caso me limitaré a recordar aspectos que combatimos entonces desde un sector ciertamente minoritario, pero cargado de razones, de los movimientos vecinales-ciudadanos, sectores que vimos nuestras críticas de entonces confirmadas por el posterior curso de los acontecimientos. Porque efectivamente si en los apartados de Vivienda y Urbanismo, en los que entonces centramos nuestro análisis, la proclamación de derechos sociales fue meramente retórica en tanto que la defensa de las atribuciones y concesiones al capital inmobiliario, a la iniciativa privada, fueron implementadas a sangre y fuego.

Proponían los Pactos el inventario de suelo libre y la promoción de viviendas públicas en suelo público, junto a la limitación y erradicación del chabolismo –que en ciudades como Madrid afectaba entonces a unas 40.000 personas (3)– y también la remodelación-realojamiento de núcleos vecinales emplazados en amplias zonas codiciadas por el capital inmobiliario, zonas que habían sido revalorizadas por aquellos pobladores procedentes de las oleadas de éxodos del campo a las ciudades. Pero ni hubo inventarios en los plazos anunciados, ni las remodelaciones-realojamientos prosperaron respetando los plusvalores generados por las olas de emigrantes (ciudadanía ocupada durante décadas además de en su actividad laboral en la autoconstrucción de sus viviendas, barrios y territorios, a los que solo después –cuando ya fue considerado rentable- llegaron el transporte y algunos imprescindibles servicios propios de una urbanización básica). Así ocurrió salvo en los territorios en que un movimiento vecinal organizado y combativo presionó y finalmente negoció, el realojamiento vecinal (Vallecas en Madrid, por ejemplo). Mientras en todas partes avanzaban las políticas neoliberales lideradas internacionalmente por gentes como Reagan y Tatcher, “la Dama de hierro”.

Pactos. Las aparentes soluciones fueron lentas, desfavorables a los sectores obreros con menos renta y a costa del endeudamiento de quienes carecían de salarios dignos (la mayoría)

Tampoco se establecieron las medidas cautelares anunciadas en el texto para “limitar las reconversiones a usos privados de suelo público”. El conjunto de aquellos brindis al sol anunciaban, como se constataría pocos años más tarde, la privatización masiva de suelo público (que culminaría bajo los gobiernos de Aznar) y la delegación de las responsabilidades constructivas del estado en empresas privadas o en consorcios en que la iniciativa privada se llevaba la parte del león. De ese modo, el déficit de viviendas sociales de promoción pública cristalizó como un mal endémico.

Junto a ello, la “actualización de la Ley de Arrendamientos Urbanos” se deslizó progresivamente hacia la liberalización de alquileres promulgada por la Ley Boyer -bajo gobierno PSOE- mientras que la adopción de “medidas para la puesta en circulación de viviendas vacías” quedó en nada: se seguía acumulando patrimonio inmobiliario en pocas manos; viviendas secuestradas e inmovilizadas que aún hoy siguen constituyendo un grave problema en todas las grandes ciudades del país.

De modo que en lo referente a vivienda (“el derecho a la vivienda” que después afirmaría la constitución del 78) las disposiciones de los Pactos de la Moncloa fracasaron, por los escasísimos presupuestos públicos dedicados a ello, por la ausencia de medidas correctoras de las tendencias especulativas bien afianzadas durante el antiguo régimen, por el respeto servil a los intereses privados -¡es el mercado, señorías!- por falta de voluntad política y por los nulos mecanismos de control social y sindical, “mayoritariamente” implicados en consensuar aquellos Pactos. Las aparentes soluciones fueron lentas, desfavorables a los sectores obreros con menos renta y a costa del endeudamiento de quienes carecían de salarios dignos (la mayoría).

A falta –entonces y hoy- de una reforma fiscal que recuperase el escamoteo impositivo de las grandes fortunas y en plena cuesta abajo durante los cuarenta años posteriores a los Pactos de la Moncloa, últimamente hemos desembocado en una situación de estallidos: de burbuja inmobiliaria, de desahucios, de alquileres abusivos, de acumulación de viviendas vacías, de carencia de viviendas sociales, de liquidaciones fraudulentas a fondos buitre… Caótica situación que las recientes medidas adoptadas por el gobierno de unidad progresista intentan parchear en plena pandemia. Apenas parchear ese caos que viene de muy atrás y que no es precisamente modélico.

De modo que por favor, que no nos vendan (ni en ámbitos como el comentado ni en los demás, porque el fiasco fue similar) los Pactos de la Moncloa como algo a repetir. Más bien constituyen “la senda que no se ha de volver a pisar”.
¿Otros Pactos de la Moncloa?…Mejor NO, Gracias.

Notas:
1.- Los Pactos de la Moncloa. Ed. Imprenta Nacional del BOE- 1977
2.- De la Huelga General a las Elecciones Generales. Ed. De la Torre- 1977
3.- Vivienda por Vivienda. Ed. Zero-1979

* Acacio Puig, artista plástico. Militante de la izquierda revolucionaria, represaliado por el franquismo, activista memorialista de la asociación «En Medio de Abril».

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