Cerca de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) solicitaron este miércoles al Congreso de Estados Unidos frenar la escalada militar en el Caribe, la cual denuncian como una campaña de «ejecuciones extrajudiciales» contra civiles.

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En la carta dirigida al Legislativo estadounidense, las organizaciones expresaron su preocupación por los ataques que han destruido al menos cuatro lanchas provenientes de Venezuela, causando la muerte de 21 personas desde principios de septiembre, según cifras de la propia Casa Blanca.

El documento argumenta que “el Gobierno de Trump no ha proporcionado ninguna justificación legal válida para estos ataques ni ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos”.

Los firmantes, entre los que se encuentran organizaciones de derechos humanos, sindicatos y centros de análisis, sostienen que la ofensiva infringe la Ley de Poderes de Guerra de 1973, ya que las condiciones para una acción militar “claramente no se han cumplido”.

Ante ello, exigen al Congreso estadounidense hacer “valer sus facultades para declarar una guerra” y condenar “esos ataques ilegales”. Además, demandan que el presidente Donald Trump asuma la “plena responsabilidad” por los hechos, lo que incluye investigar la identidad de las víctimas y compensar a sus familiares.

En respuesta a la creciente hostilidad, el Gobierno venezolano activó el despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los estados de La Guaira y Carabobo, como parte de la Operación Independencia 200 para resguardar la soberanía nacional.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, indicó que el ejercicio cívico-militar busca afinar la capacidad de respuesta del país. «Este ejercicio de despliegue se convoca para lo que es la defensa integral de la nación», apuntó desde La Guaira.