Las políticas de austeridad a la medida del ordoliberalismo alemán, que en Europa han azotado particularmente a los países del sur, han dado lugar a recortes y privatizaciones de unos servicios públicos ya erosionados. Han originado la devaluación salarial y, en general, los bajos salarios que han provocado un incremento brutal de la desigualdad y de la pobreza entre la gente trabajadora. A ello debe sumarse la temporalidad en el empleo, que desde hace décadas forma parte sustancial de la gestión de la mano de obra en España. Todo ello nos ha puesto en peores condiciones para combatir la pandemia y ha agravado sus consecuencias económicas y sociales. De tal suerte que la vuelta a la normalidad, tal y como era antes, no supondría para gran parte de la población sino la vuelta al infierno de la precariedad laboral, de los salarios que no permiten llegar a fin de mes y del imposible acceso a una vivienda digna. Sencillamente, no es viable ni social ni económicamente.

No obviamos, como cabe suponer, las medidas de escudo social tomadas por el gobierno de coalición que están atajando la situación de un modo muy distinto al que se empleó a partir de 2008. Pero en todo caso, en lo que parece la caída de la curva crítica sanitaria en que nos hallamos, nos situamos ante un estado de emergencia económica, social y medioambiental, cuyas escalas todavía no se conocen con precisión. De manera que, más allá de una acción reparadora, se plantea la exigencia de un nuevo modelo en esos tres ámbitos. En ese modelo el Estado ha de jugar un papel central, tal y como ha demostrado en la respuesta a la pandemia frente al mercado. Se trata, por lo tanto, de colocar en el núcleo de las políticas los servicios públicos y las empresas públicas.

Urge asimismo una reforma fiscal, que acabe con la elusión de los impuestos y permita el gasto público que se precisa. No sólo por las obvias razones que suelen argumentarse desde la izquierda, sino porque es inviable financiarse continuamente a través de deuda. Y, en segundo lugar, porque si bien hasta el momento las medidas de financiación de la UE se han distanciado de las tomadas a partir de 2010, todavía estamos en una especie de interregno en el que no sabemos que resultado final dará la presión de Holanda y los mal llamados países frugales del norte de Europa.

Es imperativo caminar hacia un modelo que genere más y mejores empleos y que garantice la protección social, a través de la sanidad pública, las pensiones, la atención a la dependencia y la economía de los cuidados, igualmente con carácter público. Ese nuevo modelo ha de contemplar un cambio productivo que deje atrás los bajos salarios como base de su competitividad. Esto significa un conglomerado de modificaciones. En el ámbito de la industria se trata de construir un tejido industrial de alto valor añadido, cuyas decisiones estratégicas no estén en manos de multinacionales. Esto es más fácil decirlo que hacerlo porque requiere en primer lugar una inversión a largo plazo, donde la banca pública debería jugar un papel esencial, partiendo de Bankia, sin ir más lejos. Necesitaría un potente aparato de I+D+i y correlativamente un sistema poderoso de formación y educación pública de calidad, lo que requiere financiación a su vez. Una industria respetuosa con el medio ambiente, que contemple la eficiencia energética, la producción de energías limpias, las infraestructuras para la gestión del agua y de los residuos. Pero también una transición industrial socialmente justa, que respete los empleos y mejore las condiciones de trabajo. La lucha contra el cambio climático y la reconversión ecológica no puede realizarse contra el empleo. Al revés, exige prever teniéndolo en cuenta, al igual que la salud y el medioambiente.

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad.

Creemos que tanto el diagnóstico como la perspectiva que hemos trazado hasta ahora son fácilmente compartidas en este debate. Ahora bien, hay que tomar asimismo en consideración el método con el que abordar esa perspectiva. Y en este punto la cosa no ha empezado bien. La Comisión Parlamentaria de Reconstrucción está siendo utilizada por la derecha y la ultraderecha como un foro de agitación contra el Gobierno. De seguir así, no pensamos que conduzca a ninguna parte. Y no creemos que sirva de mucho apelar a la altura de miras o a la responsabilidad. Porque el objetivo político de la derecha es derribar al Gobierno y su programa una salida neoliberal en la que si queda gente atrás la responsabilidad será de los perdedores. Una vía de darwinismo social estricto. Se puede ver perfectamente en la gestión de la crisis por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde en mitad de la crisis sanitaria se están privatizando trozos de la sanidad publica madrileña y los de siempre ha efectuado fabulosos negocios como en el caso del improvisado hospital de IFEMA.

Con esto no queremos negar la necesidad de un acuerdo político, económico y social en el que necesariamente participen los partidos políticos, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Un acuerdo riguroso y en profundidad. Pero para logar ese tipo de acuerdo es necesaria la movilización social, el fortalecimiento de los sindicatos, de las asociaciones de vecinos y de las entidades populares en general. Decía el gran estudioso de la concertación social Philipe Schmitter que por lo general a la burguesía no le agradan los acuerdos sociopolíticos, que los firman cuando se ven obligados a ellos frente al poder de las trabajadoras y los trabajadores. Esa es la cuestión