A principios de este año, mientras que la pandemia del coronavirus se intensificaba en su fase inicial, el Irish Times publicó uno de sus típicos artículos de cotilleo político. El editor político del diario, Pat Leahy, daba cuenta de los últimos chismes de los círculos internos de Fine Gael, el partido conservador que en ese momento era el grupo principal del gobierno interino en funciones:

Habiendo eliminado la medicina privada casi por completo, Simon Harris se pregunta por qué no es un héroe para el grupo People Before Profit [o El pueblo por encima de las ganancias, en castellano] . . . sus colegas le dicen a Leo Varadkar que ahora es el líder de un gobierno más izquierdista que cualquiera que Jeremy Corbyn se hubiera podido imaginar.

Varadkar, el Taoiseach [o primer ministro, en castellano] saliente, es tal vez el mayor devoto de Margaret Thatcher que hay en la política irlandesa, por lo que podemos imaginar las carcajadas que se soltaron entre los de Fine Gael como respuesta a este chistecito.

Esto pasó el 28 de marzo, el día en que entraron en vigor las principales medidas de cierre al sur de la frontera irlandesa. El Dáil, el parlamento de Irlanda, aprobó una legislación de emergencia para pagar subsidios salariales, un plan especial para el desempleo durante la pandemia y la incorporación temporal de hospitales privados al sistema público.

La idea de que semejante “keynesianismo de derechas” era comparable al proyecto Corbyn en Gran Bretaña, o que había “eliminado la medicina privada”, es un claro disparate. Sin embargo, el que la situación se haya planteado en estos términos es un indicio del cambio de imagen que Fine Gael ha pretendido llevar a cabo durante la pandemia—una tarea en que han recibido ayuda de los principales medios de comunicación del país. La imagen que ahora quieren dar es la de un partido más compasivo y humano, pero que, a diferencia de sus rivales, sigue siendo capaz de trabajar de manera suficientemente desapasionada como para administrar el sistema capitalista irlandés de manera responsable.

Un triunfo improbable

Hay una ironía bastante amarga en todo esto—una constante evolución hacia la izquierda del electorado irlandés, que ya estaba en marcha antes de la crisis financiero del 2008, pero que se ha acelerado desde entonces, junto con un paquete de medidas para combatir los efectos negativos de la pandemia, ha permitido que Fine Gael se recupere de un pésimo resultado electoral en febrero. En efecto, el partido ha aprovechado la crisis del coronavirus para lograr un tercer mandato en el gobierno, a pesar de haber recibido un repudio decisivo de parte de los votantes. Se ha beneficiado de una ayuda inestimable del Partido Verde, un apoyo vital para la nueva coalición de centroderecha, cuyo propio líder ha descrito el programa para el gobierno como un “documento de izquierdas”.

Fine Gael llegó al poder en 2011 con un 36% de los votos y 76 escaños en el Dáil, lo cual hacía del partido el más numeroso en términos proporcionales en la historia del parlamento irlandés. Después de que el partido, durante nueve años, hubiera gestionado una brutal política de austeridad financiera y gobernado durante crónicas crisis en los sistemas de vivienda y sanidad, su apoyo electoral bajó al 21% y 35 escaños. Los expertos pronosticaban que Fianna Fáil, el otro partido de centroderecha, iba a aprovechar la caída de su rival. Y si bien aseguró, en efecto, el mayor número de escaños, la proporción del voto de Fianna Fàil cayó del 24 al 22%.

Resultó que la principal historia de las elecciones fue la subida de Sinn Féin, el partido nacionalista izquierdista “acoplable” al sistema, que subió del 13 al 25%, ganando además el voto popular e interrumpiendo el duopolio conservador. Su manifiesto “de claras convicciones de centro-izquierda” caló entre un electorado para el cual era prioritario combatir las crisis de salud y vivienda. Las diversas formaciones socialistas – People Before Profit, Solidarity, RISE – fueron los principales beneficiarios de las transferencias de votos excedentes de Sinn Féin.

El Partido Verde, que es de una izquierda claramente inclinada hacia el centro, también recibió un respaldo importante, aunque cabe señalar que partía de una posición muy baja después de pagar un alto precio electoral por su papel en el gobierno durante la recesión posterior a 2008. Los resultados de los Verdes también fueron menos impresionantes de lo que se esperaba después de sus excelentes resultados en las elecciones locales y europeas del año pasado. Sus simpatizantes más fieles, que son mayormente de una clase media ambientalista, pero pro-empresa, se han vuelto más numerosos gracias a la incorporación de miembros y votantes de una nueva generación de movimientos a favor de mayor justicia climática y socioeconómica. En general, lo que más pedían los votantes en estas elecciones era el cambio.

La remontada

Tras cinco meses y el paso de una pandemia global, se ha llegado a un acuerdo para la formación de un gobierno. Su plataforma no supondrá, ni por asomo, ningún tipo de cambio sistémico, sino más bien una consolidación del statu quo con un superficial tinte verde.

En febrero, Sinn Féin no logró formar una amplia (aunque minoritaria) coalición de izquierda y vio cómo los partidos tradicionales lo excluían del proceso político. Fianna Fáil y Fine Gael encabezarán el nuevo gobierno, con los Verdes brindando votos esenciales. Incluso sumando las tres fuerzas, el gobierno tiene una mayoría pequeña y precaria. Para reforzar su estabilidad, se ha asegurado, al menos por ahora, el apoyo de un número considerable de independientes, incluidos algunos de los parlamentarios de la derecha más reaccionaria.

Tras reconocer la derrota en las elecciones y manifestar su intención de regresar a los bancos de la oposición para hacer un balance, Fine Gael ya se ha recuperado, con un 37% de las preferencias de los votantes según una encuesta de opinión reciente. El índice de aprobación personal de Leo Varadkar ha aumentado del 30% a un impresionante 75%. El partido y su banca se han beneficiado de un clima favorable en los medios, que ha celebrado el “competente liderazgo” de Varadkar durante la pandemia, en contraste con el de Boris Johnson y Donald Trump.

En los tiempos que corren en los países de habla inglesa del Atlántico Norte, parece que no hace falta más que evitar pronunciarse abiertamente a favor de fantasías eugenistas y teorías de conspiración para que te lluevan los elogios. Incluso a un político de tan poco fondo intelectual como Varadkar se le puede ver como un líder digno de respeto, a pesar de todo lo que él mismo ha hecho para trivializar la pandemia y ponerse en ridículo a sí mismo: el líder de Fine Gael tiene por costumbre incluir frases del cine en sus discursos televisados ​​a la nación, como de El señor de los anillos, Terminator 2 y Mean Girls.

La realidad es que, durante las cruciales primeras semanas de la pandemia entre febrero y principios de marzo, el gobierno provisional de Varadkar insistió enfáticamente en la importancia de defender libertades individuales y la actividad económica, diciendo que los bares deberían permanecer abiertos y que el día de San Patricio debía de celebrarse, hasta que la presión pública lo obligara, ya con mucho retraso, a anteponer la salud pública al comercio.

Haciendo todos los matices necesarios sobre la exactitud de los datos y las múltiples variables que los informan, es evidente que el caso de Irlanda dista mucho de parecerse al bonito cuadro que han querido pintar los medios de comunicación. En este sentido, cabe mencionar que, el mes pasado, cuando Fine Gael levantó antes de lo previsto las restricciones al movimiento y la actividad de las personas y agilizó la reapertura de los bares, Irlanda seguía teniendo la undécima tasa más alta de muertes por COVID-19 per cápita del mundo, y un nivel similar al de los Estados Unidos de Trump, que es líder mundial.

“La vieja escuela”

Pero la respuesta tardía no es el único problema. Varadkar ha cometido grandes errores en su gestión de la pandemia, sobre todo en lo que respecta a equipos sanitarios y residentes de asilos. Hace poco, la Organización Irlandesa de Enfermeras y Matronas hizo públicas cifras que indican que los profesionales de la salud del país sufren la mayor tasa de infección por COVID-19 del mundo. Estos trabajadores se han enfrentado a problemas sistémicos de seguridad y logística: se ha sancionado a determinadas enfermeras por usar su propio equipo de protección personal, a pesar de que las autoridades gubernamentales no suministraban dicho equipo ni obligaban a usarlo.

Si bien los trabajadores sanitarios irlandeses han recibido merecidos elogios por su extraordinario trabajo durante la pandemia, cabe recordar que apenas fue el año pasado que, ante las reivindicaciones de los enfermeros de mejores sueldos y condiciones de trabajo, la intransigencia ideológica de Fine Gael desembocó en una huelga. Hay poco motivo para pensar que los gestos simbólicos de agradecimiento del que ha sido objeto este personal médico conducirán a mejoras tangibles de sus condiciones salariales o laborales bajo el nuevo gobierno.

La mala gestión de la pandemia en lo que se refiere a las residencias de ancianos constituye un escándalo todavía sin resolver. Aunque la mayoría de los países ha experimentado el mismo problema, la Organización Mundial de la Salud coloca a Irlanda en “el extremo superior del espectro” para las muertes en asilos. El abierto desprecio de Fine Gael por aquellos en el sistema llamado “Direct Provision”, el archipiélago irlandés de “cárceles para inmigrantes” que piden asilo político, es otro elemento de una “atroz respuesta” irlandesa a la pandemia, como no ha dejado de señalar el Movimiento para los Solicitantes de Asilo en Irlanda (y que resulta más decepcionante aún en el contexto de las protestas antirracistas que sacuden el mundo).

La recaída de Fine Gael en un típico prejuicio clasista contra trabajadores precarios y de bajos ingresos ha servido para recordar quiénes son en realidad. Leo Varadkar sostuvo que, si alguien había percibido un sueldo bajo antes de la pandemia, “no era justo” que ahora viera aumentar sus ingresos gracias a pagos de emergencia, y luego, en consecuencia, redujo el apoyo disponible para los trabajadores a tiempo parcial. En cuanto a la supuesta abolición de la medicina privada, lo que ha sucedido en realidad es que el estado ha pagado cantidades estratosféricas por el uso temporal de hospitales privados, cuyos dueños son algunos de los elementos más repugnantes del mundo financiero irlandés y transnacional.

Y, pese a todo ello, las representaciones y percepciones favorables de la respuesta de Fine Gael a la pandemia siguen convenciendo a muchos. Gracias a esta mejora injustificada de la imagen del partido, este pudo entrar en conversaciones de coalición desde una posición de considerable fuerza y ​​poder, pese a haber sufrido unos resultados tan malos en las últimas elecciones. En abril, Fine Gael y Fianna Fáil co-publicaron un programa político, en el que la vieja guardia de Irlanda se presenta como agentes del cambio:

Sabemos que no se puede volver a la vieja forma de hacer las cosas. Se han tomado medidas radicales para proteger a tantas personas como sea posible, y se han encontrado nuevas formas de hacer las cosas en tiempos de crisis.

Con algún toque verde

El programa de Fine Gael, Fianna Fáil y los Verdes no es un plan para la “acción radical”. Si bien los informes de los medios han hablado de un “programa fuertemente influenciado por los Verdes”, y se presenta a este partido como el “gran ganador” de las negociaciones, en lo que se refiere al cambio climático, el acuerdo es mucho menos ambicioso de lo que estas citas podrían llevar a pensar.

El Partido Verde irlandés se ha enfrentado a su propia versión de la conocida “batalla por el alma” tipo Realo-Fundi, entre un grupo centrista y pragmático a favor de formar coaliciones con otros partidos, y una corriente más radical deseosa de ofrecer un programa más atrevido que aquellos que suelen proponer que se conserve el mismo sistema básicamente conservador, pero dándole algún toque verde. En vista de que los miembros del partido han votado abrumadoramente a favor del acuerdo de coalición, está claro que, en el caso irlandés, esta batalla se ha resuelto de manera decisiva a favor del ala centrista, agrupada en torno al líder del partido Eamon Ryan.

Irlanda siempre ha sido uno de los mayores emisores de carbono de Europa. Un gobierno liderado por Fine Gael firmó el Acuerdo Climático de París 2015, que requiere al menos un 7,6% de reducción de emisiones anuales, con la responsabilidad de que los países ricos traten de lograr recortes más cercanos al 10%. Pero el propio Fine Gael se propuso conseguir reducciones mucho más bajas en sus planes de acción climática, y en la práctica no se acercó “ni de lejos” a las metas menos ambiciosas.

Los Verdes fijaron una reducción anual del 7% como una “línea roja” en las negociaciones. Los medios de comunicación, de manera casi unánime, presentaron esta reivindicación como una demanda de línea dura y maximalista, en lugar de presentar el 7% como una cifra que, en realidad, es ligeramente inferior al requisito mínimo al que el estado irlandés ya se había comprometido. Fine Gael propuso un porcentaje aún más bajo: una de las principales figuras del partido dijo que el Partido Verde debería “abandonar su demanda de reducción de emisiones de carbono del 7% si esta perjudica la agricultura irlandesa y, en general, el medio rural del país”.

Al final se recurrió a un pequeño truco para mantener la alianza con los Verdes: una promesa de comprometer a Irlanda a reducir el carbono en un 7% anual de media antes de 2030. Esto aplaza la toma de acciones significativas hasta la segunda mitad de la década, cuando este gobierno ya habrá dejado el poder. Fine Gael lo ha reconocido, y Varadkar dejó claro que “la mayoría de las reducciones sucederán en el segundo quinquenio”.

Los líderes de los Verdes describen el convenio como “el mejor acuerdo verde en la historia del país”, lo que supone un listón bajo, y fácil de superar, ya que hubiera sido difícil cerrar un acuerdo peor que el anterior. Pero se trata de una apuesta arriesgada de que un futuro gobierno estará dispuesto a implementar las reducciones que la nueva coalición no está dispuesta a implementar por sí misma.

Además, como han señalado algunos Verdes críticos con el pacto, el objetivo del 7% en diez años “no tiene en cuenta los costes asociados, ni plazos de tiempo, ni objetivos anuales, ni objetivos para el presupuesto del carbono ni para ningún otro sector de la economía”. Y “considera las emisiones del ganado en el sector agrícola de modo diferente y preferencial”, algo crucial en el contexto irlandés.

Hay otros elementos del acuerdo que prometen acciones sobre el cambio climático, pero gran parte de este contenido simplemente reproduce un borrador del Climate Bill [o Proyecto de ley sobre el clima, en castellano] del gobierno anterior. Sin embargo, algunos compromisos —como el de hacer cambios importantes en los presupuestos y la infraestructura del transporte o interrumpir proyectos relacionados con los combustibles fósiles— supondrían un paso hacia adelante si se llegaran a poner en práctica (aunque Fine Gael ya ha dejado entrever que no será así en todos los casos).

Sin embargo, en términos generales, teniendo en cuenta la ambigüedad y la falta de urgencia del documento, es ridículo su empleo del concepto de un “Green New Deal” como título de su sección ambiental. Su espíritu gradualista hace oídos sordos a los llamados eco-socialistas para que se produzca un “cambio de sistema, no un cambio climático” que se han vuelto comunes en los últimos años. El grupo irlandés llamado Extinction Rebellion [o Rebelión ante la extinción, en castellano] ha descrito el programa como “poco ambicioso e inaceptable”. Pese a contener elementos que suponen pasos por el buen camino, hay razones para temer que, bajo este gobierno, la contribución de Irlanda al colapso climático aumente en lugar de disminuir.

La crisis social

Naturalmente, los defensores del statu quo han denunciado estos argumentos, insistiendo en que los ecologistas deben aceptar las migajas que se les ofrecen. En el Irish Times ha aparecido artículo tras artículo apoyando al nuevo gobierno, e instando a los Verdes a apoyar el acuerdo y evitar así una “crisis política”. El periódico también ha publicado encuestas que parecen diseñadas para dar la impresión de que a los votantes no les importa el cambio climático.

Pero al margen de los problemas ambientales, desde cualquier perspectiva de izquierda, el programa deja mucho que desear por cómo aborda los que fueron los principales temas de las elecciones generales. A pesar de su uso del término, parece ignorar lo más básico del “Green New Deal”: que el combatir la desigualdad sistémica (en empleo, vivienda, sanidad, uso de la tierra y régimen fiscal) es esencial si se quiere realizar justicia medioambiental. No se habla con seriedad de los derechos de los trabajadores, ni de la creación a gran escala de empleos verdes en el sector público.

En lo que respecta a la sanidad, no parece haber ningún plan concreto. Las afirmaciones de que habrá un acceso “más justo” e incluso “universal” al cuidado médico se desmienten a la luz del compromiso de proteger al sector privado y mantener los servicios de salud privados. El actual sistema de dos niveles continuará segregando la atención médica de acuerdo con la capacidad de pago. El programa también indica que habrá más acuerdos de “asociación” según los cuales el estado pagará a hospitales privados, lo cual aleja al país de la nacionalización de este sector que la pandemia podría haber posibilitado.

En un momento en que la profundidad de la crisis de vivienda en Irlanda exigiría el mayor plan de construcción de viviendas públicas que el país ha visto en varias generaciones, los proyectos del nuevo gobierno son claramente insuficientes. Los alquileres en Dublín se han duplicado, por lo menos, desde 2010, mientras que los salarios apenas han aumentado. En todo el país, decenas de miles de familias se encuentran en largas listas de espera para acceder a viviendas públicas. El plan de vivienda pública de Sinn Féin, que fue una clave de su atractivo electoral, incluía la construcción de 100.000 nuevas viviendas, y hasta Fine Gael prometió 60.000 en su manifiesto. Sin embargo, la coalición solo se ha comprometido a “aumentar la cantidad de viviendas sociales” en 50.000 durante los próximos cinco años. Esta es la cifra ya establecida en el National Development Plan [o Plan Nacional de Desarrollo, en castellano].

Además, el programa del gobierno permitiría que el sector privado construya hasta 25.000 de las nuevas viviendas, y algunas en forma de arrendamientos de viviendas existentes, no de nuevas construcciones. Los negociadores del Partido Verde reconocieron que no habían alcanzado un acuerdo sobre la construcción de vivienda pública en terrenos públicos. Tampoco lograron compromisos para limitar las ganancias de constructores privados o las transferencias de tierras públicas a manos privadas. Y mucho menos consiguieron en términos de control de rentas o prohibiciones efectivas contra los desalojos.

El sentido general del programa gubernamental parece defender la convicción de que la construcción de viviendas debería estar en manos privadas y gestionarse por medio del mercado. Ello significa que las crisis de vivienda y la indigencia en Irlanda son fenómenos que no van a hacer sino empeorar.

Te conozco austeridad, aunque vengas disfrazada

En términos de economía política, hay promesas de un plan de estímulo en un contexto europeo en que se dice que esta crisis no verá reproducida la austeridad de la última. Pero el nuevo gobierno mantendrá la posición de Irlanda como un país refugio para empresas tecnológicas, de bajos impuestos y, en efecto, de evasión de impuestos para el capital multinacional, donde unas pocas personas con salarios altos han elevado el costo de vida en lo que sigue siendo, para la mayoría de los trabajadores, una economía de salarios bajos.

El programa del gobierno es fiel a este tipo de “plan económico de leprechaun”, que se deja en manos de la inversión extranjera directa (IED), y promete “apoyar el papel que puede jugar el capital de riesgo en impulsar el crecimiento”. Establece que no habrá un aumento en la tasa impositiva de Irlanda (que ya destacaba por ser muy baja), ni en el impuesto progresivo sobre la renta, y no menciona la ampliación de la base impositiva a través de otras fuentes obvias, como los impuestos sobre el patrimonio, la aviación o los centros de datos. El documento ofrece “grandes exenciones impositivas para las personas con ingresos medios y altos”, como señala uno de los negociadores ecológicos, junto con una política regresiva de impuestos al carbón que “protege a las personas con mayores ingresos” y pondrá la carga, de manera desproporcionada, sobre la clase trabajadora.

¿Es esto coherente con los ambiciosos, aunque sospechosamente ambiguos, planes de inversión pública y paquetes de estímulo para la acción climática? En lugar de redistribuir la riqueza, el estado tiene previsto aplazar sus pagos gracias a préstamos en los mercados internacionales de bonos a las bajas tasas actualmente disponibles, al menos durante los próximos dos años. Sin embargo, después de dos años, las tasas pueden no ser tan favorables como lo son hoy.

Para 2022, es posible que el impacto de la recesión del coronavirus y el endurecimiento de las normas fiscales de la UE se estén dejando sentir. La huella de las ideas fiscales de Fine Gael es evidente en las repetidas referencias que se hacen en el programa a recortes anuales del déficit y presupuestos de déficit cero. En este sentido, se vislumbra el espectro de la austeridad (se llame así o de cualquier otra forma), por mucho que Eamon Ryan o el Irish Times digan que no es así.

De hecho, el mismo portavoz de finanzas del Partido Verde, Neasa Hourigan, quien terminó votando en contra del acuerdo, advirtió que la nueva coalición podría terminar siendo “el gobierno más conservador de la última generación en términos fiscales”. Los organismos oficiales parecerían confirmar el análisis de Hourigan. Tras un período inicial de luna de miel en que se permitió una intervención estatal de emergencia para paliar los efectos negativos de la pandemia, el Irish Fiscal Advisory Council [IFAC, por sus siglas en inglés] [o Consejo de Asesoramiento Fiscal de Irlanda, en castellano] ha comenzado a preparar el terreno para las “decisiones difíciles” que se avecinan.

El gobierno irlandés estableció el IFAC durante la última recesión como una condición del rescate de la UE-BCE-FMI. El IFAC supuestamente tenía la responsabilidad de brindar asesoramiento imparcial, pero, en la práctica, ha mostrado claras preferencias por políticas neoliberales. Su informe reciente informa que la deuda del gobierno “podría estar cerca de niveles récord” para fines de 2021. Según el IFAC, esto llevará a la necesidad de “una política fiscal prudente” y “ajustes fiscales” sustanciales a partir de 2022.

Tales recortes no son necesarios, por supuesto, como tampoco lo fueron a partir del 2008. Pero este es precisamente el tipo de consejo macroeconómico que Fine Gael y Fianna Fàil probablemente tengan en cuenta. Dado que se han comprometido a no aumentar el impuesto sobre la renta o sobre sociedades, está claro que la financiación de diversos programas públicos corre peligro.

Rayos de esperanza

En cualquier caso, es probable que se terminen presentando oportunidades políticas como consecuencia de la imposibilidad de una colaboración perfecta entre la actual unión de los dos partidos tradicionales del país, los votantes jóvenes que exhiben preferencias cada vez más claras por políticas de izquierdas y movimientos sociales que han tenido una fuerte influencia durante la última década.

Micheál Martin, el experimentado político que ahora está a la cabeza de Fianna Fáil, por fin tendrá la oportunidad de encabezar un gobierno (según un acuerdo, Martin ejercerá el cargo de Taoiseach antes de ceder el puesto a Leo Varadkar) en un momento en que Fianna Fáil parece estar sufriendo una caída irreversible. Ya en 1998, Martin fue objeto de atención mediática por ser considerado “el próximo Taoiseach”, en un momento en que Fianna Fáil todavía destacaba como uno de los más impresionantes imanes de votos de Europa. Más de dos décadas más tarde, el partido apenas mantiene su posición como la tercera fuerza política de Irlanda, con solo el 14% en las encuestas, y Martin podría ser el último político de Fianna Fáil que ocupa el cargo de Taoiseach en mucho tiempo.

Fianna Fàil ya no parece ser capaz de mantener la amplia y transversal base social que hizo posible sus triunfos del pasado. Sinn Féin se ha hecho, de manera decisiva, con su parte del voto urbano y de clase trabajadora. Y en el lado opuesto del espectro político, Fianna Fàil no tiene suficiente firmeza ideológica como para desalojar a Fine Gael como la voz de las grandes empresas y la gran agricultura, los terratenientes y las clases medias altas. El panorama político se presenta sombrío para Fianna Fáil: parece ser que, en la Irlanda del siglo XXI, solo habrá cabida para un solo gran partido de centro-derecha, al tiempo que el país da por terminada una transición entre las divisiones causadas por la partición de la isla y su guerra civil y una dinámica política más convencional entre izquierda y derecha.

Esta misma relación de fuerzas supone una gran oportunidad para la izquierda, aunque esta se complica por sus propias fragmentaciones y por el lugar peculiar que ocupa Sinn Féin. Aunque Sinn Féin se describe a sí mismo como “un partido de izquierda, progresista y socialista”, y aunque por supuesto tiene a muchos socialistas en sus filas, no es, en realidad, un partido socialista. Siempre que ha habido elecciones en el horizonte, el partido ha dado prioridad a la reunificación de Irlanda, a “la cuestión nacional”, sobre la igualdad social y la redistribución económica. El tira y afloja entre la parte nacionalista y la parte izquierdista del partido suele inclinarse hacia el nacionalismo. Cabe decir que se trata de un nacionalismo de línea antiimperialista e internacionalista, pero es nacionalismo de todos modos.

La disposición del Sinn Féin a dejar a un lado sus ideas socialistas a fin de llegar al poder se ha hecho evidente en su participación en el gobierno de Irlanda del Norte, aunque esto ha pasado dentro de los límites constitucionales del estado británico y en una coalición con los partidos unionistas. Sinn Féin ha tomado posturas claramente neoliberales sobre temas tales como las asociaciones entre sectores público y privado, impuestos sobre sociedades y “reformas” del estado de bienestar. El futuro del partido dependerá en gran medida de la capacidad de las voces socialistas dentro del partido, como Eoin Ó Broin, de moverlo en una dirección diferente al sur de la frontera a mediano plazo.

Una generación en movimiento

La relación de Sinn Féin con los movimientos sociales también hace dudar de sus convicciones ideológicas. En los últimos años, muchos de los cambios más progresistas que se han dado en el estado irlandés han sido posibles gracias a la organización de ciudadanos de a pie. Ha habido grandes movilizaciones populares para asegurar la igualdad matrimonial y el derecho al aborto, para evitar la mercantilización y la privatización del agua en el país y para defender los derechos de protesta.

Según Laurence Cox, durante la pandemia, los movimientos sociales han vuelto a jugar un papel fundamental a la hora de “presionar al estado a responder con la debida urgencia, y luego han tenido que presionar más todavía para que el estado se comprometa a más largo plazo a implementar políticas que no solo sirvan los intereses de los ricos, las élites y demás grupos privilegiados”. Tras la irrupción de colectivos como Black Lives Matter, grupos autoorganizados (y anticapitalistas) como el Movement of Asylum Seekers [o el Movimiento por los solicitantes de asilo en Irlanda, en castellano] y Migrants and Ethnic-minorities for Reproductive Justice [o Migrantes y minorías étnicas por la justicia reproductiva, en castellano] han hecho el trabajo más difícil de iniciar la construcción de un movimiento y ahora pueden observar cómo influyen de manera significativa en la conciencia política y cultural de la población en general.

Tanto dentro como fuera del Parlamento, los movimientos sociales jugarán un papel crucial en las luchas de la Irlanda pos-pandemia, desde la justicia en el acceso a la vivienda, las políticas para combatir el cambio climático, la propiedad pública del agua, el antirracismo, la eliminación de Direct Provision (el sistema de refugios para solicitantes de asilo) y la solidaridad palestina. Y sin embargo, con demasiada frecuencia, Sinn Féin ha respondido a este nuevo fenómeno de manera “evasiva e insegura”, a menudo esperando ver en qué dirección sopla el viento antes de comprometerse.

Por el contrario, los grupos más pequeños de la izquierda radical han solido dar su apoyo a estos movimientos obreros, feministas y antirracistas que abogan por el cambio social, y lo han hecho basándose en principios político-filosóficos, no cuando hacerlo resulta cómodo y políticamente ventajoso. Los políticos conservadores tachan de “extremista” el compromiso de estos grupos con tales causas. Leo Varadkar demostró recientemente cuán alejado está de la realidad de la vida para los solicitantes de asilo al defender el sistema de Direct Provision como un buen “servicio” y probar suerte con incoherentes referencias a la teoría de la herradura, diciéndole a Richard Boyd Barrett de People Before Profit: “La extrema derecha y la extrema izquierda no son muy diferentes desde mi punto de vista”. Para que no lo olvidemos, fueron los eurodiputados de Fine Gael quienes votaron recientemente con la extrema derecha para bloquear las operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo.

Desde luego, no inspira confianza en el nuevo gobierno el que los Verdes y Fianna Fáil hayan claudicado ante Fine Gael sobre el cumplimiento de promesas en el largo plazo como la de avanzar hacia una prohibición de la importación de productos de asentamientos israelíes en zonas fronterizas con Palestina. Pero esto también sirve para que los movimientos sociales recuerden las trampas inherentes a la dependencia de los partidos políticos, sean estos progresistas o no, como un camino hacia iniciativas radicales. Sinn Féin tendrá que trabajar para demostrar que es diferente en este sentido.

Cuando toda Irlanda aún se encontraba bajo el dominio del Imperio británico, James Connolly advirtió que no tenía sentido levantar la bandera verde de un nuevo estado nacional irlandés a menos que se empezara a crear una república socialista al mismo tiempo. Sinn Féin haría bien en recordar ese consejo cuando lleguen al poder al sur de la frontera. Mientras tanto, no hay casi nada seguro en el tumulto de “estos tiempos inciertos”. Pero si los socialistas de Irlanda logran salir ilesos de las batallas “sórdidas de retaguardia” de la coyuntura del coronavirus, con mayor educación política y movimientos sociales más fuertes, hay margen para que las tendencias hacia la izquierda del país continúen y se consoliden.