En septiembre, Avika Fogel, diputado del partido kahanista Otzma Yehudit (Fuerza Judía) y presidente de la comisión de seguridad nacional, hizo que el parlamento israelí adoptara una ley que permite a la policía montar operaciones de vigilancia generalizada con uso de nuevas tecnologías y sin control judicial.

En noviembre, también hizo adoptar, en primera lectura, una ley que permite a los comandantes de la policía y a otros funcionarios solicitar la autorización del presidente de un tribunal de distrito o de su segundo para hackear un ordenador personal o un teléfono celular.

Ahora, en diciembre, este mismo diputado acaba de hacer adoptar una tercera ley que autoriza la policía a imponer, por orden del fiscal general, medidas de restricción de la libertad a las que la persona afectada por esas medidas tendrá que someterse obligatoriamente –si violara esas medidas, la persona afectada se expondría a 4 años de cárcel. Esas medidas incluyen detenciones administrativas –o sea, detenciones sin juicio previo impuestas sólo en base a información secreta y sin que la policía esté obligada a presentar pruebas.

Este artículo es el editorial de la edición 112 de nuestro boletín confidencial semanal Voltaire, Actualidad Internacional.

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