El Estado Español tiene un problema con su historia. La antigua y la reciente. No se puede tener un debate razonado y serio sobre hechos como la expansión y conquista de los territorios musulmanes, plagado de mitos y falsedades, o la idea colonialista y eurocentrista del descubrimiento de América. Tampoco sobre el periodo de la II República y la Guerra Civil, o la Transición. Los debates son ideológicos porque los argumentos forman parte de la estructura ideológica de los partidos políticos, que utilizan determinados hechos históricos para dividir y manipular a la población. Es arriesgado decir que E.T.A. tenía motivaciones políticas porque es muy probable que acusen de terrorista a quien lo diga. De igual manera no se puede señalar que Arnaldo Otegi jugó un papel fundamental en la pacificación de Euskal Herria y la disolución de E.T.A. Ni siquiera se puede defender el acercamiento de presos a prisiones cercanas a sus localidades de origen sin que te señalen como simpatizante o integrante de banda armada. Esto a pesar de que Otegi fue una figura imprescindible, E.T.A. tenía un ideario político y el acercamiento de presos es una cuestión de derechos humanos.

No se puede decir esto porque el relato oficial del estado, coincidente con el de la derecha, niega estas realidades. Los miembros de E.T.A. eran unos miserables asesinos, Otegi un terrorista y los presos que se jodan. Esta simplificación de la realidad solo se sostiene ante personas maleables, prejuiciosas y rígidas. No nacieron así. Este tipo de ciudadanas se construye. La repetición constante del relato en los medios de comunicación y en los partidos políticos, sin fisuras y ocultando otros aspectos que niegan o matizan, es una de las herramientas que fijan estas ideas. No hay gradación. No hay tonalidad. Es blanco o negro, lo cual nos invita a optar rígidamente por uno de los bandos. Esta concepción maniquea de la historia nos confronta. Cuando la historia debe servir para entender. Miramos hacia atrás y buscamos comprender lo que sucedió. Durante la época de la posdictadura se ha forzado a mirar determinadas cosas [relato oficial] y a voltear la cabeza ante otras. Así, la tortura policial ha sido negada sistemáticamente a pesar de las denuncias, que no fueron investigadas. Cómo se va a investigar lo que no existe. El mero hecho de investigar da valor a la denuncia. Rodolfo Martín Villa fue uno de los que han negado la existencia de la tortura durante su mandato como ministro de gobernación y de interior. A pesar de tener bajo sus órdenes a destacados torturadores como Roberto Conesa, nombrado Director de la Brigada Antiterrorista (los GEOS) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, José Sáinz, en la dirección General de la Policía, o Manuel Ballesteros, en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao.

El anarquista Agustín Rueda murió de una paliza el 14 de marzo de 1978. Estaba ingresado en la cárcel de Carabanchel y tras un intento de evasión fue apaleado por doce funcionarios de prisiones con el consentimiento del director, dos médicos y el capellán de la prisión. No murió en el acto sino que estuvo agonizando durante diez horas sin recibir asistencia médica. No murió en silencio. Grito y pidió ayuda sin que nadie le hiciera caso. Sophie Baby, autora de El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), entrevistó en el año 2006 a Martín Villa que dijo que no recordaba el caso. Esta amnesia simboliza la amnesia provocada sobre el periodo de la transición. Es improbable que Martín Villa no recuerde el caso de Agustín Rueda porque posteriormente fue asesinado el Director General de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, por los G.R.A.P.O. en represalia por la muerte del anarquista. El problema de recordarlo es que es el primer paso para hablar de la tortura estatal y su responsabilidad como máximo responsable del ministerio del interior de la época. De esta manera nos han dejado un prohombre de la democracia y nos han ocultado un responsable de la represión criminal de un estado, por la que no ha sido juzgado por ningún tribunal español. Tiene que venir una jueza argentina para hacerlo.

Todos los protagonistas de la transición y sus herederos políticos aceptaron contar la historia de una manera, y por ello se convirtieron en cómplices. No se puede construir un país mintiendo u ocultando hechos fundamentales. No se puede eludir la responsabilidad de los que, bajo su mandato, reprimieron y violentaron a cientos de personas de izquierdas. Es intolerable que expresidentes del gobierno de España y otros destacados protagonistas de la posdictadura escriban cartas de apoyo a Martín Villa, que en 1977 concedió una medalla de oro al mérito policial al torturador Roberto Conesa, mientras siguen negando la existencia de torturas en el estado español. En su momento hicieron una elección. Así el millonario Felipe González decidió luchar contra el terrorismo mediante la guerra sucia y el oficialmente honorable Martín Villa eligió el orden sobre las libertades [Esta es su aportación a la Constitución: artículo 55]. Decidió que mantener el orden público era una necesidad en aquel momento para que el plan político del gobierno se desarrollara. Esta elección significó la continuidad de la represión. Y debe asumir la responsabilidad penal de que esto ocurriera. El estado español necesita mirar a su historia con todas las tonalidades y desechar los mitos, las invenciones y las falsificaciones de los sectores más conservadores de la sociedad. Necesitamos otros relatos. Estos son los que nos definirían como una sociedad madura.

Baby, Sophie. (2018). El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982). Madrid, España: Ediciones Akal, S.A.