Nacionalizar empresas tecnológicas para defender libertad de expresión

Fuente: https://mpr21.info/nacionalizar-las-empresas-tecnologicas-para-defender-la-libertad-de-expresion/  mpr21

En sus reivindicaciones los defensores de las libertades políticas siguen masticando una cadena de argumentos notoriamente desfasados, especialmente en lo que a la libertad de expresión concierne.

La libertad de expresión nació para los panfletos y la prensa, mientras que actualmente las personas se comunican -sobre todo- a través de las nuevas tecnologías: webs, redes sociales, correo electrónico… Incluso los medios de comunicación tradicionales se difunden a través de internet, es decir, también dependen de las nuevas tecnologías.

Antiguamente, la censura era pública. Un gobernador provincial secuestraba un periódico y enviaba a la policia a que recogiera los ejemplares censurados de los kioskos. Hoy las empresas tecnológicas han privatizado la censura, sin que haya ninguna posibilidad de recurrir ante nadie.

A pesar de ello, hay quien cree que sólo hay libertad de expresión cuando la información está en manos de empresas privadas. Incluso aseguran que los medios de comunicación son un “cuarto poder” (privado) que contrarresta al poder político (público).

El reciente caso de Twitter demuestra hasta qué punto estas nociones son incorrectas porque la censura en la red social actuaba por instigación del FBI. Tras la apariencia de una Inquisición privada, era la policía quien dictaba lo que se podía publicar y lo que no.

Por lo tanto, en lo que a la información se refiere, tampoco hay una separación entre lo público y lo privado. La apariencia de que son las empresas las que censuran, crea impunidad, ya que no responden ante nadie. Cuando Facebook censura una cuenta, nadie protesta -salvo el afectado- porque nadie lo considera como una forma de represión política.

El derecho a la información tiene dos aspectos fundamentales: las personas tienen derecho a informar y tienen derecho a informarse. La libertad de expresión no es sólo la posibilidad de decir lo que uno opina, sino la de leer las opiniones de los demás. Cuando alguien censura una cuenta de una red social, los lectores también quedan perjudicados por la prohibición.

Los espectadores tienen derecho a ver la cadena de televisión RT, las informaciones de Sputnik, los despachos de la agencia Tass y demás medios de comunicación rusos, secuestrados desde hace meses en unos países que se llenan la boca con la palabra “democracia” a cada paso.

Es otro caso de censura descarada que no ha sido impuesto por las empresas tecnológicas, sino por la Unión Europea. Las empresas privadas sólo cumplen órdenes sin rechistar. Apenas ha habido protestas. Los periodistas tampoco lo han lamentado esta vez.

La responsabilidad de una empresa tecnologica no deriva de lo que sus usuarios publican sino de lo que impiden publicar. Cuando en las redes sociales sólo aparece una opinión uniforme es señal inequívoca de que la censura está surtiendo su efecto, transmitiendo una imagen falsa de la sociedad. Es la primera información engañosa.

Las nuevas tecnologías han roto el monopolio del periodismo, convirtiendo a millones de personas en suministradores de noticias e imágenes. Es uno de los mayores avances de los últimos años. Esos millones de “nuevos periodistas” son un espejo de la sociedad en la que vivimos y una de las mayores riquezas de la actualidad. Merecen la mayor de las protecciones, a pesar de que muchas de ellas sean deficientes e incluso grotescas.

La única manera de garantizar la libertad de expresión es nacionalizar las empresas tecnológicas y asegurar el secreto de las comunicaciones, que no pueden ser objeto de tráfico comercial. Desde 1997 el fútbol es, por ley, un asunto de “interés general”. Con más razón, las redes sociales deberían tener la misma condicion. Las empresas tecnológicas son los nuevos postes de la luz y las nuevas oficinas de correos, que están por todas partes.

Todos deberían tener la posibilidad de abrir una cuenta en una red social, un blog, un foro o un correo electrónico. Para ello es imprescindible que el Estado nacionalice las empresas tecnológicas y se responsabilice de mantener abiertos todos los canales de comunicación, así como la confidencialildad de los mensajes que circulan por ellos.

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