Publicado en Público.es el 17 de febrero de 2023

¿Ha oído decir alguna vez a algún dirigente político de la derecha que desea privatizar las pensiones públicas, la atención sanitaria o la educación? Seguro que no.

Sin embargo, la presencia del sector privado en la provisión de ese tipo de servicios esenciales no hace sino aumentar cuando gobierna la derecha que dice que no pretende privatizar.

En Andalucía en una sola semana se ha podido comprobar que es así

Por un lado, se ha sabido que se tramita una orden en la que se contempla la posibilidad de que entidades sanitarias privadas lleven a cabo procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico en instituciones de la administración sanitaria pública de la Junta de Andalucía, para lo cual incluso se especifican las tarifas que habrán que desembolsar. Por otro lado, el Consejo de gobierno del martes pasado aprobó la creación de nuevas universidades privadas.

Privatizar servicios públicos es una opción legitima que cualquier partido puede defender y llevar a cabo, pero lo que hace la Junta de Andalucía, como otras comunidades gobernadas por el Partido Popular o en algún otro momento algunas del PSOE, constituye una práctica fraudulenta y muy contraria a lo que debería ocurrir en una verdadera democracia.

Una cosa es que un partido político lleve a cabo su programa y otra que engañe presentando su acción de gobierno como lo que no es, ocultando la realidad de las cosas o impidiendo que la población conozca lo que implican las decisiones que adopta y los efectos de las medidas que pone en marcha.

La mejor prueba de que esto es lo que está pasando son las inmediatas declaraciones del consejero portavoz de la Junta de Andalucía cuando se produjo revuelo mediático al saberse sus intenciones: «Es absoluta y rotundamente falso que la Junta de Andalucía vaya a privatizar la Atención Primaria», afirmó.

Lo cierto es, sin embargo, que el hecho de ceder instalaciones públicas al capital privado es ya privatizar y convertir el servicio público en una mercancía, de modo que no es que se quiera o no hacerlo, sino que una medida de esa naturaleza es pura privatización.

Tampoco es democrático privatizar el servicio público universitario aprobando la creación de universidades privadas cuando se hace -como en el caso de las dos cuya aprobación ha sido acordada- sin cumplir los requisitos de calidad que la legislación establece para esos casos, como han denunciado todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas.

Y, sobre todo, es antidemocrático que las medidas que implican descapitalizar los servicios públicos y dar entrada al capital privado en su provisión se tomen sin establecer ningún tipo de cautelas ni previsiones presupuestarias y, por supuesto, sin promover o incluso sin permitir, cuando se hace por la vía de los hechos o no se tiene en cuenta las razones en contra, el debate público sobre sus efectos.

La razón de por qué ocurre todo esto, en Andalucía y en otras comunidades autónomas, es sencilla.

Todas las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la población ha deseado siempre que se garantice la provisión pública de las pensiones, la atención sanitaria o la educación; entre otras cosas, porque no es difícil entender que es la única manera de garantizar su acceso universal.

Es por esa razón que sería completamente estúpido que los grupos de interés, partidos o gobiernos que han buscado o buscan privatizarlos lo digan abiertamente. Y, como no son estúpidos, nunca le dicen a la población que desean privatizar las pensiones, la atención sanitaria o la educación. ¿Cuándo han dicho Ayuso en Madrid o Moreno en Andalucía que quieren privatizarlas?

Sin embargo, esos mismos que nunca dicen que se propongan privatizar esos servicios esenciales no paran de tomar medidas que ¿casualmente? llevan a que cada día haya más presencia de capital privado en las pensiones, la salud o la educación; es decir, más privatización.

La estrategia es sencilla y muy eficaz. Saben que perderían apoyo electoral si dicen que van a privatizar esos servicios públicos y no lo dicen; pero hacen inevitable que la gente recurra al capital privado que los suministra cuando funcionan cada vez peor, porque conscientemente les dedican cada día menos dinero para financiarlos.

No es casualidad, por ejemplo, que el gobierno de la Junta de Andalucía (una de las regiones más desiguales de Europa) cierre la unidad de ictus en Huelva al mismo tiempo que dedica 1,4 millones de euros a promocionar la tauromaquia o recurre ante el Tribunal Constitucional el impuesto sobre grandes fortunas.

Efectivamente, Ayuso y Moreno negarán siempre que su propósito sea el de privatizar pero, desde que gobiernan, en sus comunidades no paran de disminuir las unidades docentes, la oferta de plazas y los profesores de la educación pública, el número de sanitarios, de centros y de prestaciones públicos. En consecuencia, los servicios públicos funcionan cada día peor y como, al mismo tiempo, dan todo tipo de financiación, privilegios y facilidades a los colegios o empresas sanitarias privadas, estos solo tienen que abrir la bolsa para acaparar a la población que necesita esos servicios y puede pagarlos.

A otra escala, sucede igual con las pensiones públicas. Desde hace años, la banca y los fondos de inversión van detrás de ese botín, pero saben que la gente las aprecia, de modo que no pueden plantear directa y expresamente que se privaticen. La estrategia consiste también en disminuir progresivamente su dotación para que cada vez más gente (la que puede) las vaya complementando con su ahorro privado.

La justificación siempre es la misma: no hay dinero, a pesar de que los hechos muestran claramente todo lo contrario. Como he repetido en otras ocasiones, una minúscula tasa de no más del 0,5 por ciento sobre todas las transacciones que se realizan en el planeta sería suficiente para financiar el gasto de todos los gobiernos sin necesidad de ningún otro impuesto (en España más o menos lo mismo). Si, ha leído bien: sin necesidad de ningún otro impuesto.

En el caso de la atención sanitaria hay otra segunda estrategia por parte del sector privado: disimular su auténtica naturaleza de negocio (incluso ya cada vez menos sanitario y en mayor medida financiero, porque las grandes entidades han sido adquiridas por los fondos de inversión) haciendo gradual la subida de tarifas, el recorte de las prestaciones y su carácter puramente selectivo y nunca universal. Y, en el caso de las pensiones, la de ocultar que los fondos de pensiones privados no son rentables y, por el contrario, sí muy peligrosos y expuestos a todo tipo de riesgos financieros,

Para que todo eso sea posible y termine en lo que verdaderamente buscan los grandes propietarios del capital privado es imprescindible que no haya debate público alguno. No se puede permitir que la población sepa lo que realmente tendría que ahorrarse cada mes para poder financiarse una pensión privada digna dentro de 30 o 40 años (suponiendo que el fondo, como suele ocurrir, no se pierda por alguna de las múltiples crisis financieras que ocurren periódicamente). No se debe saber lo que la sanidad privada cuesta en países como Estados Unidos (para la economía en conjunto y para los individuos) y cuál es realmente la posibilidad de acudir a ella para la gente corriente. Ni tampoco la relación que hay entre más sanidad privada y peor salud o más mortalidad entre los grupos de renta más baja. O tampoco lo que implica la segregación que se está produciendo en la educación concertada o privada que aniquila la movilidad social y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades.

La privatización es una opción legítima, como dije al principio. Sin embargo, cuando se hace de la manera que se está haciendo en España por parte de la derecha, a base de engaños y sin mostrar a la gente sus verdaderos costes e implicaciones a medio plazo, es un engaño y una violación flagrante de las reglas elementales de la democracia. No hay otra alternativa que difundir información, hacer mucha pedagogía y defender los derechos como se ha hecho siempre que se han conquistado, con valor y movilización social.