Mientras más de un millar de residentes de Medicina y Enfermería han iniciado una huelga indefinida en Madrid, en la misma comunidad autónoma un hospital cuya gestión ha sido privatizada –al que los recién graduados pueden acceder como a cualquier otro de la red pública–, acaba de firmar un acuerdo para mejorar las condiciones de los MIR que entren a engrosar su plantilla desde este año. Este convenio recoge, en parte, lo que piden los médicos y médicas de los centros 100% públicos que salieron el lunes a la calle: acabar con turnos que consideran abusivos (por empalmar guardias con jornadas rotatorias), un aumento del salario base y pagas extra completas (desde 2010 están reducidas a un 50% como consecuencia de los recortes). Los MIR también claman contra la atención sin supervisión por la falta de médicos adjuntos que les guíen.

El acuerdo se aplicará de momento solo a los dos MIR (R1) que empiecen a trabajar en septiembre en el hospital de Torrejón de Ardoz, que por primera vez acoge a facultativos en formación. El centro es público pero está gestionado por una empresa privada, Ribera Salud. La concesionaria puede –dentro de los límites que marcan los convenios colectivos– mejorar los derechos laborales y retributivos de su plantilla al margen de las reglas del juego estatales marcadas para los MIR. ¿Podría el Servicio Madrileño de Salud hacer lo mismo con sus 4.500 residentes?

Los MIR en huelga miran con anhelo el pacto en Torrejón, con una mejora de 200 euros del sueldo base (1.424 euros brutos, frente a los aproximadamente 1.200 del SERMAS) y un plus de transporte de 121 euros al mes. Sobre el salario, se aplica cada año que pasa y en toda España un porcentaje de subida (un 8% el segundo año, un 18% el tercero, un 28% el cuarto y un 38% el quinto) por un mayor grado de responsabilidad y experiencia, de manera que, si la base es mayor, los incrementos anuales también lo son. A estas cifras se suman, en todos los hospitales, el extra por las guardias, que puede ascender a unos 600 euros mensuales. Para Ribera Salud esta es una forma también de atraer a los médicos a su hospital por sus condiciones «competitivas». El convenio incluye una cláusula que obliga a «promover» la continuidad en el centro de los residentes una vez acaben su periodo de formación. Algo que no se garantiza en la pública.

«Es curioso que un grupo privado haya accedido a negociar para evitar una situación indeseable para todos y la administración pública, no», apunta Pedro Viaño, residente de último año de Pediatría del hospital Niño Jesús y parte del Comité de Huelga. Fuentes de Ribera Salud se aseguran que su objetivo, con este convenio, es que «los residentes se beneficien de los acuerdos de jornada y descanso que venimos aplicando al resto de facultativos del hospital». «A nuestros profesionales no les es de aplicación el régimen jurídico laboral de la Administración Pública sanitaria (SERMAS), por lo que mediante el diálogo y el entendimiento debemos regular acuerdos internos que complementen la legislación que es de aplicación a nuestro modelo de gestión asistencial», añaden.

Subidas salariales con la epidemia

«Con este convenio se demuestra que si se quiere, se puede. Y con él abrimos camino», asegura Mónica Alloza, médica del hospital de Torrejón y parte de la sección sindical de Amyts, que ha negociado el documento. Las condiciones laborales de los MIR están reguladas a través de dos reales decretos nacionales (1146/2006 y 183/2008). El primero destaca en el preámbulo que pese a que hay un marco retributivo común se permite a los servicios de salud, dentro de sus competencias, «establecer diferencias específicas más adecuadas a sus propias políticas sanitarias». Algunas comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha han subido los salarios a los médicos y médicas en formación durante la crisis del coronavirus equiparándolos a los adjuntos por la altísima carga de trabajo soportada por los residentes –en toda España– en la emergencia sanitaria. «Por encima de nuestro nivel de experiencia», recordaban el lunes los residentes en huelga en la manifestación frente a la Consejería de Sanidad madrileña.

La directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Raquel Saampedro, que acusó a los residentes de hacer «peticiones inasumibles» en una entrevista en El Mundo, se ha reunido de nuevo con el comité de huelga este martes, 24 horas después de la manifestación. El encuentro no ha alumbrado grandes avances, según las partes. «Es pronto aún», aseguran fuentes de la Consejería, que insisten en que firmar un convenio colectivo «excede» de sus competencias. El consejero, Enrique Ruiz Escudero, justificó el lunes que la mejora de las condiciones retributivas y de formación de los residentes podía «romper la equidad» con las comunidades y dijo que elevaría las peticiones al Ministerio de Sanidad. «Ayer la manifestación fue un éxito y la huelga una demostración de fuerza. Ahora está por ver que el cambio de actitud se traduzca en voluntad real de ofrecer soluciones», dice Viaño, que asegura que la Consejería ha quedado en volver a convocarles tras hacer unas consultas con otras consejerías y organismos.

Los residentes están también a la espera de que la justicia se pronuncie sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por Amyts contra los servicios mínimos del 100% en las guardias decretados por Sanidad, con el argumento de que, al ser personal en formación, «no pueden ser objeto de servicios mínimos». La Consejería de Sanidad alegó, sin embargo, que la actividad del personal en formación «tiene un carácter esencial» y la «ausencia, interrupción o discontinuidad en la prestación del servicio podría repercutir gravemente en el estado de salud de los ciudadanos», según recoge el BOCAM. Un argumento que, para los residentes, da peso a su denuncia: «No somos mano de obra barata», aseguraba a eldiario.es una MIR de tercer año del hospital de Getafe.

La obligación de acudir a la guardia de todos los MIR ha reducido el impacto de los paros, puesto que solo están convocados para todos los residentes (turnos y guardias) los lunes. El resto de días de la semana la convocatoria solo afecta a las guardias. Y actualmente, con los mínimos decretados por Sanidad, nadie puede hacer huelga. Están llamados a parar 4.279 médicos y 163 enfermeros (EIR), según cifras de la Consejería de Sanidad a 30 de mayo. A ellos se suman los 234 residentes de la Fundación Jiménez Díaz, cuyas condiciones, pese a ser un hospital privatizado, son las mismas que en los públicos. A excepción de unos días de formación para ir a Congresos que «no están sobre el papel en ningún convenio pero se dan», explica Rocío, residente de tercer año en este hospital. Los MIR de este centro han formado un comité de huelga propio que, de momento, no ha tenido ninguna interlocución con la gerencia del centro, según los residentes, pese a que la empresa gestora, Quirón Salud, podría actuar de manera análoga al hospital de Torrejón de Ardoz.