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La incursión de la Policía de Ecuador en la embajada de México en Quito el viernes fue con el propósito de detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. | Foto: EFE
México, por su parte, ha decidido romper relaciones diplomáticas con Ecuador y ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia
La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, Pamela Aguirre, convocó este sábado a los ministros de Gobierno, de Relaciones Exteriores y de Defensa a dar explicaciones tras la incursión armada y violenta a la sede diplomática mexicana.
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La vicepresidenta del órgano legislativo, Viviana Veloz, escribió en su cuenta de la red social X: «No respaldamos acciones de un gobierno autoritario que va en contra de las normas del derecho internacional público».
«Nuestro deber es fiscalizar y determinar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el allanamiento a la Embajada de México y pisotearon la ley», agregó.
Además, cuestionó que el Gobierno del presidente Daniel Noboa no haya empleado esa misma fuerza utilizada en la embajada de México para capturar a delincuentes de alta peligrosidad, en alusión a la grave crisis de violencia que ha afectado al país sudamericano durante varios años.
«Ojalá que con esa misma fuerza hubieran prevenido que no se les fuguen delincuentes de alta peligrosidad como Fito, como Colón Pico, que, en su Gobierno, en sus narices, se fugaron», concluyó Veloz.
La incursión de la Policía Nacional de Ecuador en la embajada de México en Quito el viernes por la noche, con el propósito de detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había buscado asilo político allí luego de enfrentar acusaciones de corrupción, ha generado el rechazo de varios países latinoamericanos, quienes han expresado su profunda preocupación por los acontecimientos.
México, por su parte, ha decidido romper relaciones diplomáticas con Ecuador y ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por las presuntas violaciones al derecho internacional por parte del Gobierno de Noboa.