El Ministerio del Interior de España enfrenta la crisis más grave desde que se constituyó el nuevo Gobierno, a principios de año, después de que este domingo el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, al ser preguntado por un periodista sobre la persecución de los bulos sobre la epidemia en las redes sociales, argumentase que en ese terreno se trabajaba en dos direcciones: «Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

Las palabras del general fueron inmediatamente desmentidas tanto por el ministro de Interior como por la ministra de Defensa. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró que podría deberse a «un lapsus del general al contestar»:  «Evidentemente estamos en Estado de derecho y el estado de alarma no cambia ni modifica nada [en estos términos]», sostuvo el ministro.

Por su parte, la responsable de Defensa, Margarita Robles, defendió «el máximo respeto a la libertad de expresión», «algo sagrado y reconocido en nuestra Constitución», dijo, y subrayó que «las críticas son muy asumibles en democracia y el derecho a la crítica siempre es muy bien recibido», porque «permite a todos avanzar».

En busca de bulos que generen «desafección a instituciones del Estado»

La polémica generada por estas declaraciones se ha visto agravada después de que en la noche de este lunes se haya conocido la existencia de un correo eléctrico con fecha 15 de abril y firmado por Santiago en el que se pedía a las comandancias de la Guardia Civil en toda España la «identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el covid-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno».

Este martes, el general de la Guardia Civil ha explicado que con sus declaraciones no se refería a la «crítica política de ciudadanos amparados en sus derechos de libertad de expresión», sino a aquellos bulos que «afectan a instituciones del Estado», no al Gobierno, ha precisado.

Santiago ha respondido a varias preguntas telemáticas en rueda de prensa y ha sostenido que se ha solicitado información de «todas las actividades que se realizan en el ámbito cibernético, como denuncias, estafas, fraudes, investigaciones judicializadas» y que, en ese marco, se ha pedido también «que identifiquen, estudien y hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones», pero que solo se ha solicitado «detectarlos para poder avisar a la ciudadanía», es decir, dar cuenta de ellos y desmentirlos.

El general ha resaltado que la monitorización de las redes sociales «siempre se hace con un escrupuloso respeto a la libertad y a la crítica» y ha añadido que «esto es un asunto muy serio que no solo afecta a España, sino al resto de países del mundo».

El problema de las noticias falsas

La propagación de bulos y noticias falsas relacionadas con la crisis del coronavirus y la gestión del Gobierno al respecto se ha convertido en un importante problema en España. Desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, que ordenó el confinamiento de la población, el cierre de comercios y las restricciones de circulación, entre otras medidas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detectado cientos de «eventos de desinformación» o directamente bulos a través de las redes sociales, e incluso medios de comunicación, potencialmente delictivos. Muchos de ellos están vinculados al partido de extrema derecha Vox.

Así, el pasado 14 de abril el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez denunció ante la Fiscalía a Vox por la difusión de bulos relacionados con la pandemia de coronavirus y su gestión por parte del Ejecutivo. Los socialistas opinan que el partido ultraderechista podría haber incurrido en un delito de odio con la intención de «crear un clima miedo, inseguridad y desconfianza» entre la ciudadanía.

Uno de los episodios más conocido es el uso sin permiso, que su autor ha denunciado, de una fotografía de la Gran Vía de Madrid completamente vacía durante la cuarentena, a la que se le habían añadido multitud de féretros con banderas de España y crespones negros. Hay muchos otros incidentes criticados, como diversas declaraciones, incluyendo las de la diputada de Vox, Macarena Olona, acusando al Gobierno de haber aplicado la eutanasia «por la vía de los hechos» a 8.000 residentes en centros para mayores que han fallecido por covid-19.

La denuncia de los socialistas se suma a la realizada por Unidas Podemos (UP), el otro partido que integra la coalición de Gobierno en España, quien también llevó a Vox ante la Fiscalía por la difusión masiva de mensajes falsos y manipulados contra el Ejecutivo.

La Fiscalía abrió diligencias el pasado martes, y ahora UP ha registrado una ampliación de la denuncia en la que señala a un agente de Policía Nacional (que en 2015 fue en las listas de Vox), a un trabajador del Ayuntamiento de Palos (Huelva), en Andalucía, y al coordinador de Vox en el municipio valenciano de Torrent. Les responsabiliza de la difusión de un video que mostraba un almacén, supuestamente situado en España, donde había multitud de palés que se aseguraba que contenían material sanitario para exportar a Francia a pesar de la escasez existente en España. En realidad se trataba de un almacén italiano con paquetes que contenían folios de papel.

Unidas Podemos considera que la difusión de esta grabación, así como otros hechos análogos, constituye un delito contra el mercado y los consumidores, otro de calumnias e injurias a altas instituciones del Estado, uno de simulación de peligro y otro de organización criminal.

Los españoles preocupados por la difusión de fake news

Los ciudadanos españoles están preocupados por la difusión de bulos y noticias falsas en las redes sociales a tenor de las respuestas recogidas en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se difundió el pasado miércoles y que contenía una pregunta que ha sido muy criticada por su redacción.

Bulos, hostigamiento y discurso del odio: el comportamiento de la ultraderecha española durante la pandemia

Exactamente, el instituto demoscópico español preguntó: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».

El 66,7 % de los encuestados respondió que se deben restringir y controlar las informaciones, mientras que el 30,8 % aseguró que no se debe restringir ni prohibir ningún tipo de información.

Las críticas más furibundas hacia esta pregunta, que algunos ven como un globo sonda del Gobierno para testear la aceptación ciudadana de una posible implantación de censura, han venido precisamente de la extrema derecha de Vox, que ha sido paradójicamente acusada de manera reiterada de utilizar la mentira y la manipulación como arma electoral.

Tanto es así, que el pasado mes de junio la Unión Europea puso a la formación liderada por Santiago Abascal como ejemplo de partido de ultraderecha que utiliza asiduamente la desinformación y la difusión de bulos a través de redes sociales y de aplicaciones de mensajería instantánea en campaña electoral. «Descubrimos una red coordinada en Twitter, mezcla de bots y cuentas falsas, con el objetivo de impulsar hashtags anti-islam y amplificar apoyo al partido populista de derechas Vox», aseguró entonces el comisario de la UE de Seguridad, Julian King, durante la presentación de la Comunicación de la Comisión Europea sobre los progresos en la lucha contra la desinformación en la UE.

Los expertos advierten de que la vigilancia selectiva de Internet vulnera la libertad de expresión

Por su parte, los expertos advierten de que emprender causas generales en Internet contra la crítica política vulnera la libertad de expresión. Así lo manifiestan desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que denuncia que la vigilancia selectiva de Internet para detectar bulos que fomenten la «desafección a instituciones del Gobierno» vulnera la libertad de expresión.

Según la PDLI, se trata de «unos hechos muy graves». Sostienen que, por un lado, podría conllevar la persecución de contenidos críticos legítimos hacia la gestión del Ejecutivo, y por otro, podría suponer una actuación desproporcionada e injustificada.

«Esta instrucción de la Guardia Civil a las comandancias carece de base jurídica y excede lo contemplado en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad», alega Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI.

Nuria López