Hace 25 días, México vivió un cambio de administración. Claudia Sheinbaum tomó posesión como presidenta y con ello se abrió la oportunidad de transformar la política migratoria y de asilo del país, no sólo por el cambio de administración sino porque, como cada sexenio, se realizará el Plan Nacional de Desarrollo. En la búsqueda de un diálogo constructivo con el nuevo gobierno, más de 80 organizaciones elaboramos un documento de 11 ejes prioritarios, con propuestas específicas, para implementar cambios en favor de los derechos de las personas en contextos de movilidad en el país.

Cada eje emite una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, viables y alcanzables, para garantizar un México incluyente y diverso en el corto, mediano y largo plazo. La propuesta incluye la generación de condiciones de integración duraderas en materia de regularización, identidad, educación, trabajo, inclusión financiera y participación política; el fortalecimiento del sistema de asilo; la atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos de las personas en contextos de movilidad; la eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias; la prevención, atención y erradicación de la discriminación racial; la desmilitarización del control migratorio; la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; la transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo; la atención integral a la violencia de género de las personas en contextos de movilidad; y el reconocimiento de la migración como consecuencia de los efectos adversos del cambio climático.

El cambio de administración ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la protección de las personas en contextos de movilidad. Mientras que el documento permite establecer un piso mínimo para transitar de una política migratoria de contención y deportación, a una de protección. Aunque en los últimos años, la dinámica migratoria en México se ha transformado; la contención migratoria se agudizó. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en 2023 se registraron 778,907 eventos de detención migratoria; y en el primer semestre de 2024 fueron 828,505, 262% más que en el mismo periodo de tiempo del año anterior. Por lo que atender la movilidad humana requiere de acciones concretas para enfrentar los desafíos desde todos los sectores de la sociedad, en donde la protección e integración de las personas sean la base.

Por ejemplo, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración hemos documentado cómo la violencia de género es transversal a la experiencia migratoria de las mujeres, y como su presencia en los flujos migratorios ha sido constante. Bajo este escenario, la nueva administración podría aumentar las vías de migración regular para las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias, a través de la expedición de visas humanitarias desde los Consulados mexicanos en el país de origen. Esta medida les permitiría a las mujeres hacer un tránsito con menos exposición a la violencia, y a su llegada al país poder acceder a una regularización migratoria, y a servicios básicos como educación y salud que les permita, en el corto plazo, integrarse. Mientras que reconocerlas como refugiadas por violencia de género cruzaría por fortalecer las capacidades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La legislación ya lo permite.

En el caso de la niñez y la adolescencia, desde el Poder Ejecutivo se puede garantizar que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes evalúen y consideren todas las opciones de protección para la niñez y la adolescencia migrante dentro de los Planes de Restitución de Derechos, como la regularización por razones humanitarias o la reunificación familiar en México o en un tercer país, y no se opte por la deportación como único camino.

Para las personas desplazadas climáticas, esta nueva administración tiene la oportunidad de reconocerlas e incluir en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político el impacto del cambio climático como una causal para otorgar la condición de persona refugiada; así como profesionalizar al personal del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sobre el nexo causal entre movilidad humana y los efectos del cambio climático.

Adoptar estas propuestas no sólo incidirán en el cambio de la política migratoria y de asilo, sino que se lograrían cambios significativos en la vida de las personas en contextos de movilidad en el país. Y es que la anterior administración cedió su política migratoria a la política de externalización de las fronteras estadounidenses. Aceptó diversas políticas (“Quédate en México”, Título 42) encaminadas a la contención migratoria con elevados costos humanos; y por primera vez, se comprometió a recibir a personas no mexicanas devueltas o deportadas desde Estados Unidos.

La administración de Claudia Sheinbaum podría hacerlo mejor. Hoy tiene la oportunidad para construir una política migratoria y de asilo, desarrollada de la mano de la sociedad civil, desde una perspectiva de derechos, interseccional y de integración sostenible con el objetivo de que todas las personas que decidan migrar o se vean forzadas a dejar su lugar de origen o regresar al país, reciban protección e integración. Las personas migrantes y reconocidas como refugiadas contribuyen al desarrollo del país y enriquecen nuestra cultura.