Mientras los padres de los muchachos viven el infierno de no saber dónde están sus hijos, Zerón confiesa, en una entrevista a modo en la revista 7 Días, suplemento del diario israelí Yediot Ahronoth, traducida al inglés por el National Security Archive (https://bit.ly/3GNvHb4),que él disfruta de su vida como asesor culinario, mantiene un estilo de vida saludable, disfruta oír música y pasear en la naturaleza y en los sitios históricos del Estado que cubre impunemente sus crímenes.

Zerón goza de una placentera y segura existencia en Tel Aviv. No se puede decir lo mismo de los familiares de los normalistas rurales desaparecidos forzadamente. Muchos han muerto en el camino sin tener ni verdad ni justicia. El cáncer devoró a doña Minerva Bello Guerrero, muerta en febrero de 2018, sin saber qué le sucedió a su hijo, Everardo Rodríguez Bello, la noche del 26 de septiembre de 2014. Don Tomás Ramírez Jiménez falleció en diciembre de 2018 sin ver tras las rejas a los homicidas de su hijo, Julio César Ramírez, asesinado en la noche de Iguala. En agosto de 2021, las angustias y la diabetes le quitaron la vida a don Saúl Bruno García, padre del normalista Saúl Bruno Rosario. El covid y los sufrimientos se llevaron en septiembre de 2021 a don Bernardo Campos Cantor, papá de José Ángel Campos Santos. En agosto de 2022, sucumbió de un infarto Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora Venancio.

El ex jefe de la AIC está acusado por la justicia mexicana de tortura, desaparición forzada, ocultar pruebas y malversación de mil 102 millones de pesos de la antigua Procuraduría General de la República (PGR). Huyó de México en agosto de 2019, cuando –según declaró a 7 Días– le retiraron sus guardaespaldas. Primero a Canadá y tras dos semanas, a Israel.

En julio de 2020, el gobierno mexicano inició los trámites para su extradición, que hasta la fecha han sido infructuosos. En 2022, Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, viajó a Israel para acelerar las gestiones para el regreso de Zerón. Sin embargo, desde la Fiscalía General de la República reventaron la labor de Gómez Trejo y él renunció. También viajó a Tel Aviv para entrevistarse con Zerón, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Con ayuda de sus amigos, el ex director de la AIC grabó la conversación. Según él, en la conversación el funcionario fue ingenuo o estaba desesperado.

El prófugo tiene quien lo proteja en Medio Oriente. Durante su periodo al frente del equivalente a la estadunidense FBI, entabló estrechas relaciones con empresas de desarrollo y venta de spyware de Israel. “El ex jefe de la AIC es un personaje central en la compra de tecnología de espionaje como el malware Pegasus, de NSO Group. Zerón fue identificado en correos filtrados por Wikileaks en 2015, donde los empleados de Hacking Team lo señalaban como el comprador definitivo (https://bit.ly/3okdls1).

La investigación de Forbidden Stories documentó cómo,“su papel de comprador lo llevó a tener cercanía con figuras empresariales como Avishay Samuel Neriya, socio de Uri Emmanuel Ansbacher, vendedor de sistemas de espionaje a la PGR, Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional. Ansbacher fue clave como distribuidor de la tecnología de NSO Group en México, amigo cercano del fundador de esta empresa, Shalev Hulio, e incluso una empresa ligada a él (Proyectos y Diseños VME) permitió actualizar las licencias de Pegasus en 2017”.

Según Zvi Tal, embajador de Israel en México, es falso que el retraso en la extradición de Zerón tenga una motivación política. Pero el tiempo pasa y el ex AIC sigue fugado. Tel Aviv protege a uno de los presuntos responsables de un crimen de lesa humanidad, sobre el que existen enormidad de pruebas en su contra.

Las evidencias de la responsabilidad de Zerón en torturar, alterar evidencias y ocultar la verdad de un crimen de Estado se apilan en multitud de informes. Un solo ejemplo, entre otros muchos: el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), presentado en marzo de 2018, titulado Doble injusticia. Allí se concluye que existen fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otros abusos. La ONU-DH examinó 63 casos de 129 personas procesadas. En 51 encontró evidencia de tortura. Se analizan 34 de esos casos. La mayoría de las detenciones fueron obra de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (dirigida entonces por el hoy célebre Zerón), con el apoyo de elementos de la Semar (https://bit.ly/3MNcEkU).

Amparado por un Estado que parece decidido a ignorar las peores barbaridades perpetradas por su amigo, Zerón dice que su estancia en Israel está dedicada a reflexionar sobre el significado de la vida, pensar y aprender. Curioso recurso para evadir el pago de crímenes contra la humanidad y el dolor que infligió a cientos de inocentes en el caso Ayotzinapa.

Twitter: @lhan55