Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/11/21/opinion/018a1pol Magdalena Gómez 21.11.23
Fueron dos años y 11 meses que Manuel permaneció privado arbitrariamente de su libertad, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 16 de Ocosingo, Chiapas. En un abuso evidente de la prisión preventiva, que en ningún caso será superior a dos años, fue criminalizado judicialmente por ser zapatista junto con su familia.
Manuel pertenece al pueblo maya-tseltal, tiene 22 años, campesino, originario del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, Junta de Buen Gobierno el Pensamiento Rebelde, caracol IX, Nuevo Jerusalén, situado en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, y restructurado en días pasados por el EZLN para crear los gobiernos autónomos locales (GAL).
La trayectoria judicial resultó precaria desde el primer momento. Entre los días 4 y 5 de diciembre de 2020, en el ejido El Censo, municipio de Ocosingo, ocurrió una serie de hechos de violencia que dejaron cuatro personas muertas. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba con su familia en su domicilio.
Fue detenido ilegalmente por civiles armados y autoridades comunitarias. Recibió tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; el 5 de diciembre de 2020 fue entregado a la secretaría de seguridad pública municipal y a policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena adscrita a la Fiscalía General del Estado. Se puso a disposición del juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo hasta el 9 de diciembre de 2020.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) exigió en todo momento su libertad inmediata, el sobreseimiento de la acusación seguida contra Manuel por estar basada en un montaje. En este periodo se difirieron audiencias del juicio oral para que la fiscalía presentara a declarar a los supuestos testigos, lo que no logró; en la que nuevamente inició el 14 de noviembre pasado se aplazó al 17 de noviembre, por ello por fin se decretó la libertad de Manuel Gómez.
Se ha señalado que este triunfo no es obra de una supuesta benevolencia del Poder Judicial con sólidas y fuertes evidencias. Así lo declararon tanto el Centro Frayba como la Red Ajmaq, que promovieron junto con otras organizaciones una intensa jornada nacional e internacional las semanas previas, con la exigencia de la liberación del compañero Manuel.
Habrá que recordar que en especial los tres últimos años se han recrudecido las agresiones a comunidades zapatistas y ello ha generado campañas de denuncia en su defensa. El binomio oficial de impunidad junto a la presencia activa del crimen organizado en Chiapas ha aumentado, si bien el EZLN mantiene su fortaleza ante esos embates y toma medidas como las recién anunciadas para ajustar su estructura y garantizar la continuidad de su proyecto autonómico. La liberación de Manuel es prueba de que hay que continuar con el cierre de filas en favor de los pueblos indígenas y en especial de las comunidades zapatistas porque, como bien lo han reiterado, esta lucha es por la vida y en las cercanías del 30 aniversario del alzamiento nos ubican la noción de tiempo historia, no sólo se trata de nuestra vida, sino de las futuras generaciones de México y el mundo.
Justamente el recuento de los 40 años del EZLN nos permite reiterar que su caminar inicial marcó una ruptura con visiones prevalecientes en movimientos armados en otros países. Y uno de los ejes centrales fue el de su construcción con el poder de las comunidades lo que dio y da sentido al mandar obedeciendo en su sentido profundo. Esa es la base que a contrapelo de la ideología y proyecto neoliberal les ha permitido reafirmar que otro mundo es posible. Mientras caminan, la contrainsurgencia continúa con la mira estrecha de juzgar dirigencias y olvidarse de los pueblos.