Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Luis Barron / Eyepix Group / Future Publishing / Gettyimages.ru

La designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México se convirtió en un escándalo político debido a las irregularidades en el proceso de selección de un cargo fundamental en un país en el que, según los datos oficiales, hay más de

Esta semana, las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado analizaron las 48 postulaciones que se presentaron. Después de un par de evaluaciones, recortaron la lista a cinco finalistas: Nashieli Ramírez, Tania Ramírez, Paulina Hernández, Karla Alejandra Obregón y Carlos Pérez Vázquez.

Luego anunciaron que en la terna definitiva sólo participarían Nashieli Ramírez, Paulina Hernández y, de manera sorpresiva, Rosario Piedra Ibarra, la actual presidenta de la CNDH que busca la reelección. El Senado votará la semana próxima quién de las tres presidirá la CNDH a partir del 16 de noviembre.

La noticia desconcertó porque Tania Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que fue una de las candidatas mejor puntuadas durante el proceso, quedó excluida; y Piedra Ibarra, que fue la peor calificada, terminó incluida a pesar de que su evaluación fue negativa.

Las protestas de los colectivos de derechos humanos estallaron de inmediato porque, durante sus seis años como titular de la CNDH, Piedra Ibarra protagonizó múltiples polémicas, ya que siempre actuó con un perfil oficialista y respaldó todas las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso propuso la desaparición de este organismo por considerar que ya no respondía a las necesidades del país.

El escándalo se incentivó porque, en su intento de ser reelecta, la funcionaria presentó una carta de apoyo del monseñor Raúl Vera López, un respetado activista en derechos humanos,que resultó ser falsa.

Desmentida

«Ese papel membretado donde se utiliza mi nombre, además de ser un diseño malo y obscuro, no existe en mi oficina particular. Que las palabras que ahí se expresan, además de estar mal escritas, ni son mías ni obedecen mi pensamiento ni reflejan mi ideología. Nunca lo redacté. Pido una disculpa por tan burda burla a mi persona», exigió Vera López en una carta pública en la que advirtió que, además de «un delito grave», la falsificación era «de mal gusto.

«Lamento profundamente estos hechos (…) Recibí la carta de adhesión, como muchas otras, y la transmití sin malicia ni mala fe (…) como bien señala monseñor Vera, el robo, utilización y difusión de su firma en ese documento es un delito grave», reconoció Piedra Ibarra sin asumir responsabilidad alguna en las irregularidades de los requisitos que presentó para tratar de mantenerse en el cargo.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, aceptó que habían elegido a la funcionaria y candidata peor evaluada por motivos políticos.

«No solamente se trata de conseguir, en efecto, los perfiles más idóneos y mejor evaluados, también se busca tener el mayor consenso político posible», explicó.

La controversia llegó hasta la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que la polémica funcionaria es hija de Rosario Ibarra, una legendaria activista de derechos humanos que en 1982 también fue la primera mujer candidata a la presidencia.

«Es un símbolo (con su familia) de lucha contra la represión, autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado», la defendió, a pesar de que la trayectoria de la Piedra Ibarra dista mucho de la que llevó a cabo su madre.

Reclamo

Tania Ramírez, la activista que sin explicación alguna fue sacada de la terna para meter por la fuerza a Piedra Ibarra, le respondió a la presidenta.

«Es esencial que el Senado ejerza su autonomía e independencia y privilegie el interés superior de las víctimas (…) en esta designación deben prevalecer los perfiles con experiencia y capacidad demostrada. No se elige un legado, sino una presidenta de la CNDH», advirtió.

En el mismo sentido se pronunciaron colectivos de derechos humanos que manifestaron su «profundo rechazo» a la decisión del Senado de aprobar una terna que no cumple con los estándares de transparencia, independencia e idoneidad que requiere la CNDH.

«Resulta de especial atención  que se haya incluido en la terna a la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, pese que su gestión ha tenido deficiencias y  múltiples cuestionamientos sobre su falta de autonomía y desempeño (…). Esto confirma la percepción de un proceso que no se ha guiado por criterios objetivos de idoneidad y autonomía», aseguraron en un comunicado.

Por eso, convocaron a «un proceso justo y transparente», que no esté influenciado por acuerdos partidistas que comprometan la autonomía y efectividad de la institución, dada «la grave situación de derechos humanos» que hay en el país.