Fuente: https://kaosenlared.net/mexico-del-fracaso-de-las-investigaciones-a-la-calumnia-actualizacion-del-caso-ayotzinapa/  02/04/24

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, les brindamos un fraternal y combativo saludo.

Desde hace nueve años nos encontramos firmes y unidos en la exigencia de presentación con vida de nuestros hijos. Ni el gobierno ni caciques lograrán frenar nuestra lucha.

I. La creación de un mecanismo extraordinario de justicia.

Como se sabe, en el 2018 el actual gobierno se comprometió a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa, para ello creó mediante un decreto presidencial la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y posteriormente el Fiscal General de la República instituyó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).

El primer organismo investigaría las graves violaciones a los derechos humanos contra los estudiantes. Los resultados de la indagatoria los pondría a disposición de la UEILCA para que esta investigase, ubicando y judicializando los casos para el procesamiento y sanción de los responsables.

Posteriormente llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en las indagatorias. El grupo de expertos fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la medida cautelar MC409/2014 para brindar asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y atención a víctimas.

Así se integraba el mecanismo extraordinario de justicia con el que este gobierno daría verdad y justicia a las madres y padres de los 43.

La CoVAJ y la UEILCA avanzaron con tropiezos. La primera inició las búsquedas en terreno sin tener testigos e informantes claves, por lo que fueron infructuosas. La segunda institución estaba acéfala, sin un fiscal, tuvieron que pasar 8 meses para su nombramiento. El Fiscal especial tuvo que enfrentar a un personal burocrático con viejas inercias que obstaculizaban el trabajo, por lo que hizo una restructuración completa y conformó un nuevo equipo. Por otro lado, la investigación que realizó la anterior PGR estaba afectada de nulidad, todas las pruebas fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas. El nuevo fiscal tuvo que buscar nuevas pruebas y realizar las consignaciones correspondientes, así logró meter a la cárcel a un número importantes de personas responsables que habían sido liberados por una investigación ilegal del gobierno anterior. En estos laberintos de burocratismo e investigación turbia el nuevo fiscal perdió cerca de dos años.

Hasta junio de 2022 logró reunir pruebas importantes e hizo una judicialización de alrededor de 80 personas responsables de la desaparición por acción y omisión, entre los que se encontraban delincuentes de Guerrero Unidos, policías municipales, policías estatales, federales y 20 elementos del ejército mexicano. En agosto de ese mismo año se libraron las órdenes de aprehensión. Al intentar ejecutarlas, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó. Presionó al presidente y a las autoridades civiles que terminaron cancelándolas.

Para el año 2022 las investigaciones apuntaban a la responsabilidad del ejército mexicano. Varios militares del 27 Batallón de infantería tenían responsabilidad por omisión en la desaparición de los 43 y otros más, estaban coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Por lo demás, existían elementos de convicción de que dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta el momento de su desaparición. Supieron en tiempo real, lo que les ocurría y donde fueron llevados los jóvenes. Llama poderosamente la atención que en la sección segunda de inteligencia fue encontrada una foja que corresponde a una intervención telefónica ilegal que el ejército habría realizado la noche del 26 de septiembre al jefe de plaza del grupo delictivo guerreros unidos y al director de seguridad pública municipal. En la conversación refieren que están trasladando a 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes ubicado a las afueras de Iguala.

Por otro lado, los documentos entregados y revisados por el GIEI estaban incompletos, hacían falta 800 folios. Por esta razón las madres y padres de los 43 exigen al ejército la entrega de los referidos documentos y datos adicionales relacionados con el traslado de 17 estudiantes.

II. Los militares obstaculizan la investigación. 

Luego de la desaparición de los estudiantes, vecinos de Iguala decían que estos fueron llevados al 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Varias madres y padres fueron a buscar a ese lugar, pero les negaron información.

Sin embargo, la sospecha creció.

El secretario de la defensa nacional intentó atajar diciendo que era una infamia que se les quisiera colocar en el banquillo de los acusados manchando a la institución, cuando ellos no tuvieron nada que ver. Dijo que se enteraron ya tarde de los hechos ya que la mayoría de la tropa había salido a prestar auxilio por un siniestro. Que salieron a patrullar encontrando a un grupo de jóvenes en el hospital Cristina al que ofrecieron ayuda, pero estos se negaron y que no supieron más del hecho.

Las investigaciones echan por tierra esta versión y evidencia que los mandos militares ocultan información del caso. La realidad es que: i) el ejército desde antes del 26 de septiembre daba seguimiento a los estudiantes, ya que por lo menos dos soldados estaban infiltrados en la normal con la fachada de alumnos. Uno de los desaparecidos era un soldado en activo, ii) al arribar a Iguala agentes de inteligencia militar le siguieron los pasos, iii) dos soldados los monitoreaban en tiempo real a través de las cámaras del C4, iv) además que intervinieron teléfonos de los perpetradores de la desaparición y escucharon sus comunicaciones sabiendo lo que ocurría con los estudiantes.

Por lo tanto, los soldados que daban seguimiento a los estudiantes realizaron reportes a sus superiores dando cuenta de lo que ocurría, pero esta información no se ha entregado. El ejército aduce que no existe nada en sus archivos.

Aunado a lo anterior, existen datos de prueba sólidos que establecen la colusión de elementos del ejército mexicano adscritos al 27 batallón de infantería con el grupo delictivo Guerreros Unidos. De igual forma, un testigo refiere que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 batallón de infantería, torturados y asesinados.

Por esta razón se pidió a las autoridades que el ejército entregara la información que tenía en su poder recaba el 26 de septiembre con motivo de su intervención en los hechos de agresión a los estudiantes y que se investigara y sancionara a los que tuviesen responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.

Esta solicitud generó molestias a las autoridades, principalmente los militares, cuando se libraron 20 órdenes de aprehensión contra sus miembros presionaron al ejecutivo y la FGR terminó cancelándolas. Por la presión de las madres y padres de los 43 en el año 2023 se reactivaron.

De igual forma por la presión de las madres y padres el presidente ordenó la apertura de los archivos militares. El GIEI y la CoVAJ de Alejandro Encinas revisaron los documentos militares.

Sin embargo, la exigencia de las madres de investigar al ejército y de entregar de información molestó al presidente. En el año 2023 dijo que el ejército no tenía nada, que toda la información se había entregado. Desde entonces la investigación se estancó. El Fiscal especial del caso Ayotzinapa renunció nombrando en su lugar a uno que carece de independencia y no conoce del tema. Posteriormente renunció Alejandro Encinas Rodríguez que era presidente de la CoVAJ y en su lugar fue nombrado alguien que desconoce el caso y que se ha dedicado a intentar dividir al grupo de madres y padres.

Lejos de avanzar en las líneas de investigación, el presidente se ha dedicado a atacar a los abogados y al GIEI culpándolos de sus fracasos en el esclarecimiento de los hechos.

III. Las mentiras del presidente.

a) La sentencia del primer Tribunal Colegiado del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas.

En varias de sus conferencias mañaneras el primer mandatario ha referido que: a) el GIEI y los abogados promovieron la libertad de los detenidos por la desaparición de los 43, b) El GIEI y los abogados se oponían a la detención de Murillo Karam y c) Los abogados firmaron acuerdos bajo la mesa con el gobierno anterior.

Las afirmaciones del presidente son totalmente falsas, en primer término, en mayo de 2018 el primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa Tamaulipas emitió una sentencia en un amparo en revisión en la que ordenó: 1) que las investigaciones realizadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) eran irregulares y turbias razón por la cual las pruebas obtenidas eran ilícitas, 2) Redireccionar las indagatorias y 3) Crear una Comisión de Investigación de la Verdad en el caso Iguala.

Las madres y padres saludaron esta sentencia, por primera vez un Tribunal de México declaraba que las investigaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto llamada verdad histórica eran irregulares y habría que reconducirlas. De manera inédita ordenaba crear una Comisión de la Verdad con facultades de investigación penal como un mecanismo extraordinario para esclarecer los hechos y hacer justicia a las madres y padres de los 43. La CoVAJ y la nueva investigación está basada en el fallo que el presidente tanto cuestiona.

Obviamente, al declarar que las pruebas eran nulas, las acusaciones del gobierno anterior quedaron sin sustento y los responsables obtuvieron su libertad, pero correspondía al gobierno realizar nuevas acusaciones sustentadas en pruebas lícitas, circunstancia que no aconteció, ya que ni el gobierno anterior ni este, hicieron algo al respecto.

Con mala fe el presidente toma del referido fallo lo conviene a su narrativa omitiendo elementos que favorecen a las madres y padres de los 43. Por ejemplo, la orden de reconducir las investigaciones de manera pronta e independiente, la creación de una Comisión de Investigación con facultades penales e incluso una compensación a las madres y padres por su lucha no son mencionados por el presidente quien se limita a referir que el fallo puso en libertad a los detenidos.

b) La detención de Murillo Karam.

Por otro lado, es igualmente falso que los abogados se opusieron a la detención de Murillo, lo que en realidad aconteció fue que el GIEI advirtió a las autoridades que los procesos, incluido el de Murillo Karam, tenían debilidad probatoria, era menester fortalecer el caudal probatorio para evitar liberaciones, aunque ello llevara más tiempo procesal.

Esta advertencia se hizo realidad cuando Murillo Karam fue procesado. En el plazo constitucional estuvo a punto de ser liberado por pobreza probatoria. Al día de hoy esta circunstancia acontece en el proceso, por eso en el caso de los estudiantes alcanzó prisión domiciliaria. Se encuentra en prisión por un proceso que enfrenta por haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado alias el Cepillo, un perpetrador de la desaparición de los estudiantes no por el caso de los jóvenes.

Otros procesos también han corrido la misma suerte, militares han obtenido su libertad por falta de pruebas. La libertad reciente de ocho militares obedeció a estas falencias. Las advertencias del GIEI pretendían evitar la fragilidad procesal que hoy exhibe el gobierno. No es válido que el presidente culpe solamente al poder judicial.

c) El GIEI, la CIDH, la OEA, Estados Unidos y los Conservadores.

El presidente hace alusión a una delirante confabulación entre conservadores, la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH, el GIEI, los Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos y los conservadores. Refiere que se infiltraron en su gobierno aludiendo a Omar Gómez Trejo el exfiscal especial del caso Ayotzinapa, que Emilio Álvarez Icaza ahora diputado panista era Secretario Ejecutivo cuando se creó el acuerdo de asistencia técnica mediante el cual los expertos llegaron a coadyuvar en el caso y por lo tanto, todo es obra de los conservadores que enmarañaron el caso. Recientemente ha referido que encontró un documento que firmó el entonces director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CIDH, sugiriendo que es documento firmado bajo la mesa.

El documento al que hace referencia el presidente en sus mañaneras se refiere al convenio de asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindaría al Estado Mexicano, la cual fue firmada entre los representantes del estado Mexicano, la CIDH y los representantes de las madres y padres de los 43, tal documento se signó atendiendo a la medida cautelar MC904/2014 que emitió este organismo internacional de protección a los derechos humanos a favor de las madres y padres de los 43.

La CIDH es un organismo de protección a los derechos humanos que crea la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, sus resoluciones son obligatorias para México.

La solicitud de la medida cautelar fue analizada por el pleno de la CIDH, revisando el caso en particular, los hechos y elementos de prueba allegados.

Eso les permitió establecer que se colmaban los requisitos de gravedad y urgencia que establece el reglamento de la CIDH para su otorgamiento. La forma de implementar la medida cautelar fue que la CIDH brindara asistencia técnica al Estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y asistencia victimal.

Para ello la CIDH contrató un grupo de expertos independientes integrados por mujeres y hombres destacados en las Américas en materia de derechos humanos y así se conformó el GIEI que le dio un vuelco distinto a las investigaciones.

La medida cautelar fue emitida por el pleno de la CIDH compuesta por comisionados independientes de otras nacionalidades atendiendo a criterios jurídicos y estándares de derechos humanos. Decir que Emilio Álvarez Icaza tuvo que ver en el asunto es superficial e irresponsable.

El curso de la nueva indagatoria en buena medida obedece al trabajo del GIEI y no del gobierno actual que cuando llegó al poder, el grupo de expertos había puesto las bases de una nueva indagatoria.

Decir que la presencia de los expertos del GIEI en nuestro país obedece a una conspiración entre la OEA, Estados Unidos y los conservadores es una aseveración ligera que no resiste un análisis serio y responsable.

Lo contradictorio es que este gobierno mantiene buenas relaciones políticas y diplomáticas con EU, además es miembro de la OEA. Si le produce aversión política este organismo, debería pedir la salida de México, no hacerlo, es hipócrita.

En conclusión, las aseveraciones del presidente son infundios distractores para justificar su rotundo fracaso en el esclarecimiento de la desaparición de nuestros hijos y para quebrar la unidad de nuestra organización.

Atentamente.

Comité de madres y padres de los 43.