La última entrada en el blog Sociología del Sistema Alimentario, de Joserra Mauleón, es muy interesante en estos momentos de crisis alimentaria. A partir de datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el texto compara, tomando cifras del 2021, los precios de las hortalizas y patatas frescas en función del lugar de compra.

Más de la mitad de todas las compras de estos alimentos, un 51,6%, se llevan a cabo en las grandes cadenas de distribución, también llamada “la moderna distribución comercial”, es decir, los supermercados como Mercadona (que lideran con un 32%), los discount tipo Aldi o Día (con un 11,3%) y los hipermercados tipo Carrefour o Alcampo (con el 8,3%). El resto queda repartido entre el pequeño comercio (que aún vende el 35% de las verduras) y los mercadillos, la compra por internet, la venta directa del productor o las cooperativas de consumo.

Pues bien, a pesar de la publicidad con la que nos engañan asegurando que las cadenas de distribución son más baratas para el consumidor, esta afirmación es falsa en el caso de este tipo de alimentos básicos. El lugar más económico para comprar hortalizas y patatas es la tienda tradicional, con un precio medio de 1,77 euros; le siguen los discount con un promedio de 1,84 euros; los hipermercados, donde el coste es de 2,05; y el más caro, con un 21% más que las tiendas tradicionales, es el Mercadona de barrio, con un precio medio de 2,14 euros.

Si entramos en el detalle y analizamos las dos verduras estrella, las patatas y los tomates, vemos que mientras las patatas en una tienda tradicional se han comercializado a un promedio de 0,73 euros, en el súper se vendieron a 1,05 euros. ¡un 44% más caro! Para los tomates, la diferencia también es significativa: de 1,67 euros a 1,91 euros.

Dejar la alimentación en manos del mercado, sin ningún tipo de intervención, provoca este tipo de resultados: la distribución se va concentrando en pocas manos, en detrimento del pequeño comercio. A medida que este va cerrando, repercute, como hemos visto, en los consumidores, pero también en los productores. Estos últimos ven como la diferencia entre lo que se les paga a ellos (origen) y lo que se cobra al consumidor (destino) puede superar el 500%, según recogen datos mensuales de la COAG.

Lo que aún es más sorprendente es que esta falta de políticas para garantizar el derecho a la alimentación repercute también en las cuentas del Estado. Como sabemos, las administraciones gestionan a cargo de sus presupuestos la compra de alimentos para establecimientos públicos como hospitales, escuelas, prisiones o, donde quiero incidir, para la ayuda alimentaria de familias empobrecidas. Hasta ahora esta ayuda era canalizada a través de bancos de alimentos, pero a partir del próximo año se hará entrega de tarjetas monedero a las personas en situación vulnerable, para que sean ellas mismas las que adquieran su comida sin pasar por la estigmatizadora situación de acudir “a un lugar de pobres a recibir un lote de alimentos para pobres”, como me decía una persona representante de Cáritas.

Ahora bien, ¿en qué establecimientos se aceptarán estas tarjetas? ¿Qué establecimientos se beneficiarán de fondos públicos vendiendo comida a través de este canal? ¿Se pensará en establecimientos que no especulen con las verduras a costa del campesinado, pues manejan mecanismos para garantizarles precios justos? ¿Se pensará en mecanismos para poder ofrecer alimentos de proximidad y ecológicos a precios populares sabiendo que eso significa salud para quien consume y salud para el planeta? ¿Se pensará en lugares donde las familias receptoras de la ayuda encuentren una comunidad, un lugar amable y humano donde integrarse, como las cooperativas de consumo?

No tengan ninguna duda, no se pensará porque ni se les ha pasado por la cabeza. Ya está decidido. Las tarjetas monedero solo se podrán utilizar en los grandes supermercados.