Las muy españolas Caixabank, Mercadona, Abengoa o Banco Sabadell son las principales beneficiarias del traslado de la actividad económica española a Marruecos, donde encuentran condiciones de producción más rentables, mano de obra más barata y, en consecuencia, una mayor tasa de beneficios en la producción de manufacturas que luego son vendidas al consumidor español.

El chovinismo que durante estos días está llenando ríos de tinta en editoriales y platós de televisión, llamando a expulsar lo marroquí (sean cosas o sean humanos) es una vieja cortina de humo utilizada en España para ver siempre la paja en el ojo ajeno.

Desde la muerte de Hassan II y la entronización de Mohamed VI, Marruecos está copiando el modelo desarrollista implantado en España durante el franquismo, que consistía en atraer capitales extranjeros alardeando de los bajos costes de producción, ya sea por la mano de obra barata o por los privilegios fiscales otorgados por los gobiernos de turno.

Muchas empresas españolas del sector agrícola, o comercializadoras españolas que adquieren productos agrícolas en el país, han aprovechado esta coyuntura olvidándose por supuesto del «nacionalismo» de su producción. El caso de Mercadona es quizá uno de los casos más pornográficos de esta práctica empresarial. La cadena de alimentación, propiedad del empresario valenciano Juan Roig, presume de apoyar el producto nacional y es a veces citada como ejemplo de «protección» y «españolidad».

Pero se trata de un mero postureo comercial. La empresa utiliza un leguleyo argumento para indicar que siguiendo la normativa de etiquetado, se debe indicar el lugar de envasado independientemente del origen de la materia prima. Esto mismo ocurre con otras empresas como Borges, que tiene una de sus plantas de producción en Marrakech pero que se define a sí misma como una de las empresas españolas más antiguas, pero su españolidad, en términos de producción, es completamente minoritaria.

El Parlamento Europeo aprobó en 2012 la renovación del acuerdo agrícola con Marruecos que suponía la liberalización del comercio de todos los productos agroalimentarios, salvo aquellos que la Unión Europea considera como sensibles para el mantenimiento de la economía agrícola. Uno de estos productos sensibles era el tomate. Aun así, el acuerdo contemplaba un aumento de la cuota de estos productos sensibles que Marruecos podría vender a Europa.

El Informe Bové, presentado por el agricultor y eurodiputado francés de Los Verdes José Bové en los meses previos al acuerdo, en 2011, denunció que el mismo solamente beneficiaría a un puñado de empresas con sede a ambos lados del Mediterráneo, en un claro señalamiento a las empresas españolas que estaban haciendo un negocio redondo. Es decir, que cuando la UE subvenciona la agricultura marroquí, lo que hace realmente es transferir fondos a sus propias empresas radicadas en el país.

El combo de empresas de matriz española instaladas en Marruecos asciende a 322 a fecha de enero de 2023, de las que más de un 10% son empresas netamente agrícolas. Existe además entre ellas un potente lobby pro marroquí que precisamente tiene como objetivo explotar todo lo posible esta «oportunidad» que se le abre de producir barato en Marruecos y vender caro en España.

De hecho, el Instituto de Comercio Exterior de España considera a este país un socio «prioritario» en su estrategia Horizonte África y establece periódicamente rutas de trabajo para que empresas punteras del sector primario español incrementen sus inversiones. En la financiación de estas operaciones participan, según publican en la web del organismo, entidades como Caixabank o Banco Sabadell, empresas que fueron muy aplaudidas por trasladar sus sedes sociales de Catalunya a otras zonas del territorio español por sus temores al independentismo. También el Banco Santander, una de las empresas embajadoras de la Marca España es, paradójicamente, una de las entidades que más rentabilidad saca de la deslocalización de la actividad agrícola local.

En otras palabras, Marruecos está de rebajas y las empresas nacionales están dispuestas a sacar tajada.

Circulan a menudo numerosos mensajes que imputan el privilegio de Marruecos sobre determinadas áreas económicas españolas a un supuesto complot en el que el gobierno español estaría secuestrado por algún contubernio.

Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. El gran capital español es el que está haciendo una gran caja en Marruecos a costa de quien sea; y en el caso de los agricultores, su enemigo no es un marroquí que llegó a España en los bajos de un camión o con forma de tomate, sino un engominado con despacho en el Paseo de La Castellana.