En esos mensajes, el mando policial revelaba detalles de la causa judicial al investigado y unía los intereses de la instrucción a los del yerno de Villar Mir. «Este partido lo vamos a ganar», le dice en una de sus conversaciones por mensaje escrito en el teléfono, halladas por la Guardia Civil durante una investigación por corrupción contra Javier López Madrid.

Alberto Carba ascendió a comisario en diciembre de 2018. Su primer destino con este rango fue la comisaría de Alzira (Valencia), donde apenas permaneció siete meses antes de regresar a Madrid. Allí no tuvo tiempo de dejar huella. Pese al trastorno que causaba para la localidad valenciana traerlo de regreso a Madrid tan pronto, la Dirección de la Policía le asignó, por un procedimiento extraordinario, a dedo, la comisaría de distrito Centro, en el corazón de la ciudad y cuya demarcación alberga instituciones como el Congreso, el Senado, el Gobierno regional o el Banco de España.

El pasado 29 de noviembre se publicó la Orden General que incluía a Carba entre los comisarios que habían reunido los méritos para conseguir un puesto de «jefe de comisaría de distrito» en Madrid. De este modo, Carba se desprendía de una parte de la excepcionalidad de su nombramiento al frente de la mayor comisaría de Madrid, en comisión de servicios. Había ganado la plaza para ser «jefe de comisaría de distrito», según se recoge en el catálogo de puestos de trabajo de la Policía, aunque eso no obligaba a que esa comisaría tuviera que ser la de Centro. Pero la Dirección de la Policía decidió que siguiera en el puesto donde lo había colocado a dedo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado dar la orden de abrir una información reservada, el paso previo a un expediente, para esclarecer posibles responsabilidades disciplinarias de Alberto Carba por los mensajes con López Madrid, recogidos en un informe de la UCO y en poder de la Audiencia Nacional, según confirman las fuentes oficiales consultadas.

Grande-Marlaska también ha decidido mantener a Alberto Carba al frente de la comisaría del distrito Centro de Madrid tras la polémica y no destinarlo a otra de menor relevancia en la capital. Con la decisión de Grande-Marlaska de no actuar, Carba seguirá al mando de medio millar de agentes, la plantilla más amplia de la capital.

Los mensajes de connivencia y confesiones del policía con el investigado por acoso sexual y agresiones a una mujer integran un oficio del pasado 23 de julio remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón e incorporado al sumario del caso Lezo. Los agentes del instituto armado detuvieron a López Madrid por su presunta participación en el sistema de mordidas y financiación irregular del PP madrileño por parte de empresas como el Grupo Villar Mir, fundado por el suegro de López Madrid.

Entre dispositivos móviles y correos electrónicos incautados al poderoso empresario aparecieron los mensajes con el entonces inspector jefe Alberto Carba, al mando de la Sección de Extorsiones y Secuestros y a quien la cúpula policial en tiempos del PP había encargado ponerse al frente de una investigación que había comenzado dos años antes. «Queda muy poco de secreto de sumario y toca como hemos dicho tirar de paciencia en esta última vuelta», le llega a decir el policía al investigado.

El policía acabó por señalar como responsable del acoso a la mujer y exculpó a López Madrid. La jueza utilizó esos informes para archivar la causa contra el empresario. En consecuencia quedaban sepultados los indicios contra el comisario Villarejo, a quien habría contratado el empresario para agredir y amenazar a la mujer. Pero la defensa de la doctora Pinto recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la causa. En la actualidad, López Madrid y Villarejo siguen imputados en ese juzgado y la doctora está investigada en otro.

Otros casos de impunidad con Grande-Marlaska

La inmunidad para los mandos policiales durante el periodo de Grande-Marlaska al frente de Interior no es nueva. El ministro ordenó cesar al responsable del distrito de Ciudad Lineal por invitar a una celebración oficial a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Sin embargo, José Manuel Mariscal de Gante continúa en el puesto porque lo había conseguido por concurso de méritos. Como en el caso de Carba, el puesto que había logrado era el de jefe de una comisaría de distrito en Madrid, no de una en concreto.

En aquel caso, Grande-Marlaska ordenó que se abriera una información reservada al comisario. Régimen Disciplinario terminó por archivarlo alegando que no había motivo alguno de sanción a Mariscal de Gante por haber invitado al policía acusado de torturas a la celebración del patrón de la Policía.

Por otra parte, solo uno de los cinco mandos en activo expedientados a raíz de su imputación en el caso Villarejo ha sido apartado del servicio. Los otros cuatro continúan acudiendo a trabajar a diario en puestos alejados de aquellos que les permitieron participar en las maniobras contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre los años 2012 y 2016.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, convenció al ministro del Interior de que las medidas cautelares impuestas por el juez no son de la entidad suficiente para apartarlos del servicio, según le habían trasladado los expertos jurídicos del Cuerpo. Aquellos a los que se les ha retirado el pasaporte, prohibido salir del país o impuesto comparecencias mensuales en el juzgado, quedaban fuera de la suspensión por no ser medidas «suficientemente gravosas».

Esta aplicación del texto legal permite, por ejemplo, que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago acuda todos los días a la Jefatura Superior de Madrid, también después de que haya sido publicada la grabación en la que ofrece en abril de 2016 un acuerdo extrajudicial a un exministro de Hugo Chávez para perjudicar a Podemos. Como el resto de los expedientados no apartados, Fuentes Gago conserva su placa y su pistola.