Alfonso Lafarga

– No se han tenido en cuenta las peticiones del Defensor del Pueblo, de ACNUR y de varios partidos políticos.

– Entre los deportados está la mujer que sufrió un aborto, su marido, una hija de año y medio y otra mujer con un niño de la misma edad.

Fernando Grande-Marlaska, el ministro el Interior de España,  lo ha vuelto a hacer: ha deportado a 25 activistas saharauis que vinieron a España en busca de protección por la represión que sufren en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

Después de una larga estancia en el aeropuerto de Madrid Barjas, algunos casi un mes, han sido enviados de madrugada a Marrakech, entre ellos un matrimonio con una niña de año y medio y una mujer con un niño de similar edad. Todos estaban en las salas de inadmitidos, 16 en la de la Terminal 1 y 9 en la T 4, según fuentes jurídicas..

La deportación a Marruecos, país que invadió a finales de 1975 el Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización según la ONU, se ha hecho a pesar de la petición del Defensor del Pueblo para que se dejase entrar a los saharauis y en contra de la recomendación de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Tampoco se han tenido en cuenta las peticiones de Sumar, los socios de gobierno del PSOE,  Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y CC.OO; de las organizaciones profesionales Jueces y Juezas para la Democracia  (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

La diputada de Podemos Ione Baelarra intentó, en dos ocasiones, visitar a los saharauis en el aeropuerto; también acudieron la diputada Tesh Sidi y el diputado Enrique Santiago, de Sumar, y las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra, de Podemos, y Ana Miranda, del BNG, pero tampoco pudieron acceder a la sala de inadmitidos.  La visita que llegó a autorizar el Ministerio del Interior a integrantes de la Comisión de Interior del Congreso, fue después anulada por “razones organizativas”.

Esta deportación, como las anteriores, ha sido adoptada por el Ministerio del Interior, cuya máxima autoridad, Grande-Marlaska , en su época de presidente de la Sala de lo Penal de la aAudiencia Nacional firmó el  Auto 40/2014 en el que se considera a España la “potencia administradora de iure” del Sáhara Occidental,  “y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”.

La mujer con una niña de año y medio que sufrió un aborto en Barajas

Entre los saharauis que buscaron refugio en España, de la que el  Sáhara Occidental fue su provincia 53, se encuentra  la mujer Rbab al-Tarad Yahi, de 27 años, que sufrió un aborto en Barajas;  su marido, Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, y la hija de ambos, Aziza, de año y medio.

Rbab, en conversación publicada en TicToc con el activista saharaui Taleb Alisalem, residente en España, pidió protección y no ser entregados; expresó su temor a que ser secuestrados una vez en Marruecos y nadie supiera de ellos. “Responsabilizamos al gobierno español de lo que nos vaya a ocurrir si nos entregan a Marruecos”, afirmó.

Por el aborto que sufrió en el aeropuerto de Barajas tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario La Paz, pero la Policía Nacional no permitió que pasase allí la noche, en contra del criterio médico. Este fue su segundo aborto, el anterior ocurrió en Marruecos: “Nos persiguió la policía y en el camino de huida  tuve mi primer aborto”, relató.

“Vinimos aquí pidiendo protección y nos han retenido como si fuéramos criminales. La alimentación es pésima, apenas hay atención médica, Tenemos niños enfermos y la atención sanitaria viene hasta 24 o 48 horas después. Hace frio, hay chinches que han picado a los niños, algunos ya tienen infecciones. Ya puedes estar muriendo o se muere  tu niño entre tus manos y nadie te ayuda”, fue su relato de las condiciones de vida que tenían en la sala de inadmitidos.

La madre de Rbab, Aicha Talbi, se encuentra en Madrid desde el mismo día que llegó su hija a Barajas, el 9 de septiembre, y se ha manifestado en varias ocasiones para pedir su libertad y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la entrada del matrimonio con su nieta, a la que aún no conoce, para que fuesen con ella a Francia, donde reside desde hace 4 años y está segura que tendrían refugio.

El pasado viernes otros 16  saharauis fueron enviados a Marruecos,  la mayoría maniatados y conducidos por miembros de una agencia de seguridad marroquí, entre ellos el activistas sordomudo y en tratamiento por cáncer Ali Hammou, del que se publicó una foto en el avión con bridas de plástico en las muñecas y sujeto al asiento.

Nada más llegar a Marrakeh, Ali Hammou y Abderrahman Aliat, que denunció haber sido secuestrado por agentes de paisano, torturado y amenazado si continuaba con sus actividades a favor de la independencia del Sáhara Occidental, fueron detenidos por la policía marroquí.

A la vez que se produjeron estas deportaciones fueron puestos en libertad e Barajas para tramitar su solicitud de asilo Abdelaziz Ebyai, de cerca de 40 años, y  El Hanafi Lebsir, de 22 años.

Ebya pertenece al Comité para la Defensa del Derecho del Pueblo Saharaui a la Autodeterminación (CODAPSO), presidido por Sidi Mohamed Daddach, que estuvo 25 años en las cárceles marroquíes y es  conocido como “el Mandela saharaui”. También trabaja con la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), presidida por la defensora saharaui de los Derechos Humanos Aminetu Haidar, que pasó cuatro años en una cárcel secreta marroquí.  El Hanafi Lebsir es hermano de un conocido activista, Salah Lebsir, que se encuentra refugiado en Francia.

Sobre las deportaciones, la abogada Fatma El Galia declaró que el gobierno de España, y concretamente el Ministerio del Interior, hace oídos sordos y sortea el derecho: “Los activistas son saharauis, no son marroquís, por lo tanto su expulsión a Marruecos es un incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas y un atropello a los derechos fundamentales”

“No se les puede expulsar y se han de tener en cuenta sus solicitudes individualizadas: las pruebas aportadas son suficientes para que se hubiesen tenido en cuenta. Todos en el momento de llegar a España han solicitado el estatuto de apátrida porque la nacionalidad marroquí es la  imposición de un estado que ocupa ilegalmente el territorio”, afirmó.

Fuente: Rebelion.