Texto: Alba Mareca
Fotografías: Álvaro Minguito

Pep aparece en la Plaza de la Constitución de Sóller con paso ligero y un bastón en la mano. Le llama la atención que alguien esté investigando, seis años después, el feminicidio de su hija. Él, sin embargo, lo sigue haciendo. El día anterior –cuenta– estuvo buscando en Internet: “Hay muchas noticias de lo que pasó ese día”. Y tiene razón, aunque no hay tanta información sobre el desamparo inicial de las dos menores que quedaron huérfanas o el sufrimiento tras la pérdida de esta madre, esta prima, esta amiga o esta hija, que continúa hoy.

Es San Juan, y eso, en este municipio mallorquín de unos 14.000 habitantes en el que no se celebra nada especial por esta fecha, solo significa para esta familia una cosa: el aniversario del asesinato de Maria Rosa está reciente. Pep avisa de que llorará al rememorarlo. Era 9 de junio de 2014 y, según la versión policial, Jaume, de 47 años, fue dado de alta esa misma mañana del centro psiquiátrico en el que ingresó dos días antes por un intento de suicidio con pastillas.

Así comenzaba ese lunes en el que Pep habló con su hija Maria Rosa, de 45 años, por última vez. Ella le contó que iba a visitar a Jaume, su marido, del que había decidido separarse pocas semanas antes. Él estaba con su hermano en una finca en mitad de la carretera empinada y serpenteante que une Sóller y Deià, en la que vivía y trabajaba como posadero. Maria Rosa llegó cuando el hermano de Jaume se marchaba y este decidió dar media vuelta con su coche y aguardar frente a la casa, hasta que escuchó un disparo demasiado cercano como para tratarse de un cazador. Al entrar, encontró a Maria Rosa con una cuerda en el cuello, amarrada a una mesa y una silla. Su marido estaba sobre un escalón, muerto, con una escopeta en la mano. Presuntamente –al haberse suicidado no existe una condena firme–, asfixió a su esposa hasta causarle la muerte.

Al mismo tiempo, Pep, que se iba a trabajar al huerto, tomó un desvío en la carretera y encontró a una patrulla y a un periodista. Llamó a su sobrina –que entonces acogía a Maria Rosa y a sus hijas en casa–. “No quería que me dieran la noticia estando solo”, dice. Una hora después apareció una psicóloga del 112, que fue quien le contó lo que había ocurrido, ya en el cuartel de la Guardia Civil.

Las noticias en los medios de la isla que recogieron lo ocurrido ese día en Sóller especificaban que Maria Rosa no había puesto denuncias previas y, por tanto, no existían antecedentes de maltrato contra Jaume. No, al menos, en términos legales. Ella sí había narrado situaciones de violencia durante semanas a su entorno y, en las horas previas al feminicidio, también a los cuerpos de seguridad. Por ejemplo, un día contó a sus compañeras de trabajo –era trabajadora social en los municipios cercanos de Deià y Fornalutx– que su marido no dejaba que fuera a la cena de empresa que habían organizado. O la primera vez que verbalizó algo similar: cuando Jaume la castigó por llevar una flor que había cogido del campo en el pelo. “Lo vivimos como si fuera el primer incidente raro pero luego nos dimos cuenta de que habría habido muchos más episodios como ese”, cuenta Margalida Morell, que, además de ser la actual coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sóller, era compañera de trabajo y amiga de María Rosa.

Esa misma mañana, la del 9 de junio de 2014, también alertó de que se sentía insegura a la Guardia Civil, antes de dirigirse a la finca. Sin embargo, no llegó a denunciar porque pensaba que Jaume se pondría más nervioso, tal y como cuenta Margalida Morell. La coordinadora de Servicios Sociales reitera que Maria Rosa no debió haber ido sola hasta allí. A este dato, Pep añade otro: en el lugar de los hechos, el padre de Maria Rosa asegura que encontró un papel emitido por la Policía Local dos días antes, cuando Jaume intentó suicidarse, que notificaba que ella denunció la situación que estaba viviendo. El sábado anterior, según cuenta Pep, el presunto agresor estuvo merodeando por la casa de la prima de Maria Rosa, que la acogía a ella y a las hijas que tenía en común con Jaume, que entonces contaban 9 y 12 años.

“Todo se activó muchísimo porque Maria Rosa había decidido irse de casa”, cuenta Morell. Reconoce también que lo ocurrido le hizo “ver la complejidad de todo esto” desde diferentes ópticas: como trabajadora de servicios sociales, como vecina y como amiga y compañera de Maria Rosa –Morell explica que no le gusta demasiado el término víctima: “Parece que las hacemos tontas”–. En un primer momento, y al tratarse de un municipio pequeño, tuvo que intervenir tanto con la familia de ella como con la de Jaume, cuidar de la convivencia en el pueblo, enfrentarse a la falta de recursos, a las habladurías y también a su propio proceso, por el que intentaba comprender todo lo que había pasado. Morell rememora que meses antes de lo ocurrido, Maria Rosa y ella coincidieron en un curso sobre violencia de género. “Yo he recordado esas formaciones varias veces y siempre pienso: ¿Cómo no nos dimos cuenta de nada?”, dice.

No identificar las manifestaciones que tiene la violencia machista –tanto por parte de quien las sufre como por su entorno– sigue siendo un escollo a la hora de detectar algunos casos. “Me molestó mucho que nadie sabía lo que iba a pasar hasta que pasó”, cuenta Morell en referencia a lo que la gente del pueblo comentaba en las concentraciones que se produjeron en memoria de Maria Rosa. Algo que achaca, en parte, a que habitualmente no se da a este tipo de violencia “las dimensiones que tiene”. “Esto es un pueblecito, aquí no se había vivido ningún asesinato y parecía que era algo que solo pasaba en la península o en las grandes ciudades”, añade.

Según un reciente informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, Baleares es la comunidad autónoma con la tasa más alta de mujeres asesinadas por violencia machista entre 2003 y abril de 2019 –cuando se produjo la víctima mortal número 1.000 en España por este motivo–. En 2016 hubo seis feminicidios en las Islas: cinco en Mallorca y uno en Ibiza. En 2014, los tres que contabilizó Baleares ocurrieron en Mallorca.

Mientras sostiene un periódico abierto y doblado por la página en la que está la esquela de su hija por el sexto aniversario de su muerte –y que Pep guarda así, sin cerrar, en una caja junto a otros recuerdos–, el padre de Maria Rosa insiste en que aquel año su hija “fue la segunda”. En marzo, una mujer fue asesinada por su pareja en Can Picafort y en julio hubo una tercera víctima mortal por violencia de género en Felanitx.

De las 35 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Baleares entre 2003 y abril de 2019, 33 lo fueron en la isla de Mallorca. De esos feminicidios, 18 han ocurrido en lo que se conoce como la Part Forana, es decir, todo el territorio de la isla que no pertenece a la ciudad de Palma. Así lo explica Rosa Cursach, directora insular de Igualdad del Consell de Mallorca desde 2019, en su despacho dentro del edificio de esta institución, a pocos metros de la catedral de Palma.

En su mandato, tiene claro que hay impulsar el trabajo contra la violencia machista en los pueblos de la isla. Las competencias autonómicas en esta materia se transfirieron a este organismo en enero de 2019 con un presupuesto de dos millones de euros y una plantilla de 19 personas, además de la partida correspondiente al Plan Estatal contra la Violencia de Género –390.000 euros durante cuatro años–. Cursach asegura que reforzar la atención psicológica y jurídica a las mujeres en los municipios es la línea de trabajo que están siguiendo en estos momentos.

Sobre ello, incide en que “es fundamental la coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad”. Y lo hila con lo ocurrido con María Rosa: “Se acercó a la Guardia Civil pero no puso denuncia. ¿Qué significa acercarse? Si una mujer va a un cuartel a las 7 de la mañana hay que hacer algo aunque no denuncie”.

La falta de recursos contra la violencia machista que mencionan todas las fuentes consultadas para este reportaje es evidente en la prevención pero cobra todavía más sentido cuando el feminicidio ya ha ocurrido. “[Tras el asesinato de María Rosa] fuimos a buscar recursos y no había”, dice Margalida Morell. “Esto es una emergencia, un impacto muy grande y nos encontramos solos. Nadie atendía a nadie, ni a las hijas. Yo en aquel momento estaba enfadadísima”, añade.

Desde Servicios Sociales de Sóller pidieron atención psicológica para las hijas menores –que quedaron bajo la tutela de una familiar– al Institut Balear de la Dona, que en 2014 tenía las competencias en materia de atención a víctimas de violencia de género. De este organismo, y en aquel momento, Morell echó en falta “más flexibilidad burocrática y humanización en las respuestas”, algo que sí encontraron en la Dirección General de Menores y Familia del Gobierno balear, desde donde finalmente les facilitaron la intervención. Uno de los principales obstáculos fue que las niñas no eran consideradas víctimas de violencia de género por aquel entonces. No se reconoció este aspecto hasta que cambió la ley, en 2015. La Dirección Insular de Igualdad del Consell había sido suprimida por el Gobierno del Partido Popular en 2011.

Más allá de la familia directa, había un pueblo en silencio, consternado por lo ocurrido, que a la vez intentaba articular formas de resiliencia. Salió “lo bueno y lo malo de conocerse entre todos”, resume Morell. Desde el Ayuntamiento se impulsaron las jornadas Dona’t Temps, un ciclo que tiene como objetivo explorar las emociones a través de talleres y actividades y que se celebra cada año a mediados de junio en memoria de Maria Rosa. Morell explica que esta iniciativa surgió a raíz de reflexionar sobre cómo se elaboran los duelos a nivel comunitario.

El asesinato de María Rosa preludió otra muerte. Su madre, la esposa de Pep, falleció en 2019. El médico había señalado el deterioro cognitivo a raíz del feminicidio de su hija.