Pedro Casas. LQS. Abril 2020

Gobiernos de diferente signo impulsaron hace años políticas de privatización de centros y servicios sanitarios. Aunque la movilización popular frenó gran parte de aquellas medidas, el proceso ha continuado de manera más oculta e imparable

Atravesamos una crisis sanitaria que ha provocado la declaración de un estado de alarma y confinamiento de la población, por un tiempo indefinido que se prevé largo, y que tendrá consecuencias demoledoras para la situación laboral de las y los trabajadores.

Sin entrar a valorar el origen o la gestión concreta de la crisis, hay dos hechos objetivos:
– Los recortes y privatizaciones realizados en la sanidad en la última década (y más) han dejado unos servicios de salud pública con una capacidad notablemente mermada para afrontar esta crisis.
– Tras la reducción de salarios y derechos laborales iniciada en 2008, el conjunto de los trabajadores se encuentra en una situación mucho más desfavorable para afrontar las consecuencias de la crisis social y económica a la que estamos abocados.

La población se enfrenta a dos tipos de temores: el de sufrir el contagio, incluso la muerte, y el de perder el trabajo y los recursos imprescindibles para una vida digna personal y familiar. El confinamiento agrava la ansiedad que producen estos temores.

Pero el confinamiento no es sólo aislamiento, pues las nuevas tecnologías permiten una comunicación social que antes era impensable. Hasta se podría afirmar que el confinamiento genera sentimientos y vínculos de comunidad que en la vida normal pasan más desapercibidos: véase el caso de los aplausos diarios en reconocimiento del trabajo del personal sanitario, o las redes de apoyo que se están creando en muchos barrios y pueblos.

La gravedad de esta crisis sanitaria y socio-económica está estimulando la conciencia del valor imprescindible que tienen unos buenos servicios públicos, como la sanidad y las residencias de mayores, frente a los gestionados por empresas privadas, cuyo principal objetivo es la obtención de dividendos, poniéndose de perfil en situaciones críticas como la actual.

La necesidad de disponer de unos recursos suficientes que permitan tener acceso a los bienes de primera necesidad, a nivel personal y familiar, es otra gran demanda colectiva que se abre camino en las actuales circunstancias.

Toda esta energía acumulada corre el riesgo de que se disipe en el momento que podamos salir a la calle y tratemos de olvidar este triste confinamiento. Además, con tantos mensajes como circulan por las redes y otros medios de comunicación, llega un momento en que resulta difícil fijar contenidos en la cabeza.

Es por lo que considero conveniente y necesario aprovechar bien este período de confinamiento para organizar la rabia, de tal manera que nos coloque en una buena situación para afrontar las luchas que nos devuelvan lo recortado en estos últimos años.

Para ser eficaces hay que tener en cuenta dos criterios de actuación:
– Seleccionar y concentrar los temas más relevantes, para que destaquen de entre la maraña informativa que nos satura en muchas ocasiones.
– Diseñar y secuenciar la información relevante, para que tenga el resultado buscado.

Teniendo en cuenta estas premisas, y sin despreciar en absoluto otros temas que, incluso en algún caso pudieran ser más importantes, me atrevo a destacar unos pocos temas en los que convendría concentrar el máximo de esfuerzos para tener la fuerza requerida con la que afrontar las luchas de un futuro cercano. Para ello he tenido en cuenta estos criterios:
– Que sean importantes para cubrir las necesidades más imperiosas de quienes están sufriendo esta crisis y la que se avecina
– Que conciten un amplio consenso mayoritario, lo que facilita enormemente su difusión y concreción.

Atendiendo estos criterios, estos son los ejes que considero necesario destacar, para que las personas y colectivos que habitualmente los trabajan, traten de organizar la divulgación, y para que desde otros ámbitos y sectores dediquen un espacio para ser altavoces de dichos mensajes.

Ejes de trabajo y acción

La actual coyuntura ha puesto dos problemas en la agenda de los temas urgentes, que además concitan un enorme y creciente consenso popular: La mejora de lo Público (sanidad y residencias) y la reversión de los recortes salariales y laborales sufridos en los últimos años.

Junto a estas dos necesidades, la actualidad ha mostrado, a capas crecientes de la población, la naturaleza corrupta y antidemocrática de la monarquía que fue impuesta sin una consulta popular.

Y otra de las enseñanzas que podemos sacar de la grave crisis y confinamiento, es la necesidad de estar organizados, tanto para sobrevivir como para conquistar derechos.

Defensa de lo público, exigiendo la gestión directa de servicios esenciales, como la sanidad y las residencias de mayores

Gobiernos de diferente signo impulsaron hace años políticas de privatización de centros y servicios sanitarios. Aunque la movilización popular frenó gran parte de aquellas medidas, el proceso ha continuado de manera más oculta e imparable.

El despilfarro de los nuevos sistemas de construcción y gestión de hospitales, junto a recortes impulsados por las directrices de organismos internacionales, hicieron descender el presupuesto sanitario, rebajando de manera temeraria los niveles asistenciales, tanto en instalaciones como en personal.

Esta suma de privatizaciones y recortes nos ha llevado a una situación mucho más vulnerable a la hora de afrontar la crisis actual, como toda la población está comprobando.

Junto a la gravedad del colapso del sistema sanitario, sale a la luz con dramatismo cruel la situación de las residencias de mayores, siendo en las de gestión privada, la gran mayoría, en las que afloran las graves carencias de un modelo basado en el beneficio empresarial y en el ahorro para las instituciones públicas.

Los poderes públicos no pueden ignorar el creciente porcentaje de personas mayores que requieren atención residencial, y por ello no pueden escatimar recursos para que dicha atención sea con todas las garantías de dignidad, tanto para los usuarios como para las y los trabajadores de dichas residencias, cuyas condiciones laborales ahora son de máxima precariedad.

Por todo ello debemos prepararnos para exigir:
– Responsabilidades a quienes han provocado este debilitamiento de los servicios públicos esenciales.
– Reversión de todas las privatizaciones
– Plan de choque que recupere los servicios perdidos en instalaciones y personal necesario para una adecuada atención sanitaria y en residencias de mayores.

Por la dignidad laboral y la supervivencia social

La crisis iniciada en 2008 fue la excusa para realizar ajustes en las relaciones laborales, de manera absolutamente desfavorable para las rentas salariales en beneficio de las empresariales, arrojando un balance de crecimiento del número de personas millonarias y también el de pobres. Junto a los recortes salariales en nuestro país se realizaron ajustes legales que debilitaron enormemente la capacidad negociadora y los derechos laborales de las y los trabajadores; en particular la salvaje reforma laboral de 2012, dictada por la patronal, junto a recortes en el sistema de pensiones en esas fechas.

Las consecuencias fueron claras: Disminución de las rentas salariales, pérdida de derechos y debilitamiento, aún mayor, en las relaciones laborales con la empresa, con despidos colectivos poco controlados y proliferación de contratos basura, faltos por completo de estabilidad.

Si a esta rebaja de ingresos le añadimos la desbocada subida de los precios de los pisos y los alquileres, el resultado no puede ser más dramático: crecimiento exponencial de las personas y familias que no llegan a los niveles mínimos para una vida digna, y que caen en una pobreza de la que ni siquiera les libra tener un puesto de trabajo.

La crisis nos ha pillado con menos defensas también en el terreno sociolaboral, y con un colchón más debilitado en el que poder amortiguar sus consecuencias. Es por ello que ahora se abre camino con más fuerza lo que muchos expertos vienen reclamando hace tiempo, la implantación de una Renta Básica Universal, que garantizaría, al menos, que ninguna persona se vea privada de los más elementales recursos para una vida digna personal y familiar. Si esto estuviera implantado ya, esta crisis se podría afrontar con una incertidumbre y angustia mucho menor de la que se está viviendo en grandes capas de la población trabajadora.

En este ámbito debemos estar bien preparados, colectivamente, para exigir:
– Responsabilidad, en este aspecto también, a quienes han colocado a las y los trabajadores en una situación de mayor precariedad que agrava las condiciones con las que poder afrontar la crisis que se avecina.
– La derogación total de la reforma laboral de 2012 y los recortes en pensiones acordadas en aquella época.
– La implantación de una renta básica universal que garantice los mínimos ingresos para una vida digna.

Junto a estos temas que son seguramente los más urgentes y sentidos por la población, hay otro asunto que ha surgido en las últimas semanas y que conviene no dejar pasar por alto, porque, sin tener la urgencia de los anteriores, es algo que bloquea los avances sociales y democráticos que este país necesita.

Acabar con la monarquía por su carácter antidemocrático y corrupto

La monarquía borbónica restaurada en 1975 por decisión de Franco, posiblemente esté llegando a su etapa final. Se trata de una institución obsoleta e incompatible con un régimen que se reclama democrático. No es verdad que la figura del rey, que goza de una inviolabilidad injustificable, cumpla una función de arbitraje, pues la Constitución le otorga unos poderes ejecutivos de gran calado, como por ejemplo la jefatura suprema de los ejércitos. Su talante antidemocrático, no sólo por ser un cargo vitalicio y hereditario, queda cada vez más patente por los apoyos que recibe con entusiasmo de los partidos PP y Vox.

Ya va siendo hora de que el pueblo, y sobre todo la juventud, tenga la oportunidad de decidir sobre la forma de estado que quiere tener, una decisión que se usurpó a la ciudadanía en la transición. Se acerca el momento de decir BASTA a una monarquía cuya corrupción y descomposición es cada vez más patente, lo mismo que su alejamiento de la sociedad.

Es necesario por ello:
– Denunciar la corrupción de la familia real y que sea investigada por el parlamento y los tribunales.
– Exigir la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la forma de Estado.

Reforzar la organización

Quisiera terminar estas reflexiones con una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar los lazos organizativos del pueblo, algo que precisamente se está haciendo en estos momentos de excepcional confinamiento, por medio de muchos grupos de apoyo mutuo, impulsados por el tejido organizativo ya existente, y otros de manera espontánea.

La organización es la que garantiza que la conciencia y aspiraciones populares puedan alcanzar sus objetivos de mejora de sus condiciones y derechos. La mayoría de las luchas no suelen obtener sus frutos de manera rápida, alargándose más de lo previsto; por eso se precisa de una preparación y un mantenimiento que sólo la organización puede aportar.

Por ello debemos fortalecer los precarios niveles de organización que ahora tenemos, extendiéndola a todos los barrios y pueblos de trabajadores. Sin duda debe ser un objetivo de trabajo para el futuro inmediato. Porque como ahora se escucha con mayor insistencia, EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO.

Estas son las tareas que considero prioritarias, en las que merecería la pena concentrar ahora esfuerzos, para preparar un ciclo de luchas que consigan victorias significativas en estos ámbitos. Si evitamos la dispersión y hacemos un buen trabajo informativo y pedagógico, sobre lo que nos han quitado y sobre las consecuencias palpables de los recortes, cada cual en el sector que mejor conoce, nos colocaremos en condiciones favorables de abrir brechas que permitan sucesivas victorias en otros ámbitos. Necesitamos tener mucha fuerza, es decir, muchos apoyos, y si aprovechamos ahora este momento de gran sensibilización, los resultados llegarán.

Manos a la obra, no perdamos la oportunidad.

* Activista social. Miembro de la asamblea de redacción de loqueSOMOS

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