Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2023/08/16/1bc2-a16.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Alice Summers 16.07.23
Tras las reñidas elecciones del 23 de julio, todos los partidos capitalistas españoles están planeando un programa masivo de austeridad y recortes sociales dirigidos por la Unión Europea.
Cualquiera que sea el gobierno que finalmente se forme en medio de las negociaciones en curso —ya sea liderado por el derechista Partido Popular (PP) con el neofranquista Vox o por el más probable Partido Socialista (PSOE) con la plataforma electoral de pseudoizquierda Sumar (que incorpora al antiguo socio de coalición del PSOE, Podemos)— se comprometerá a librar una guerra contra la clase obrera dentro y fuera del país.
En mayo, la Comisión Europea (CE) exigió a España reducir su déficit en al menos 0,7 puntos porcentuales en 2024 y garantizar que el crecimiento del gasto público no supere el 2,6%. Esto equivale a recortes presupuestarios de casi 10.000 millones de euros.
Bruselas ha insistido en que los subsidios introducidos en 2022 al dispararse los precios de la energía —incluida la reducción del IVA sobre la electricidad y el gas y la concesión de ayudas a la renta de los hogares más pobres— se reduzcan a finales de 2023 y se supriman por completo en 2024. La retirada de estos programas, cuyo coste se estima en torno al 0,6% del PIB (unos €8.000 millones), provocará un aumento masivo de la factura energética para la mayoría de los hogares, aunque las empresas energéticas sigan obteniendo beneficios récord.
A partir del año que viene, la CE reactivará sus límites de deuda y déficit, suspendidos durante los primeros años de la pandemia COVID-19. Las sanciones se aplican si los Estados miembros de la UE tienen un déficit superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60%. Se prevé que el déficit de España se sitúe en torno al 4 por ciento a finales de 2023, mientras que la deuda pública alcanza un enorme 113,2 por ciento del PIB.
En total, esto podría suponer recortes de entre €20.000 y €30.000 millones el año que viene si España quiere cumplir las obligaciones de gasto de la UE. El próximo Gobierno español tendrá que presentar a la UE en otoño su plan presupuestario para 2024.
Lo que se exige es un programa masivo de austeridad que diezmará los servicios públicos y supondrá un fuerte deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores españoles.
La UE ya ha señalado de dónde deberían proceder algunos de los recortes. En su Informe de País 2023, la CE planteó ‘preocupaciones’ sobre el gasto sanitario público de España, afirmando que ‘se prevé que el gasto público en sanidad aumente en 1,3 puntos porcentuales (pps) del PIB en 2070 (frente a 0,9 pps para el conjunto de la UE), lo que plantea problemas de sostenibilidad fiscal a largo plazo.’
Los ataques se producen mientras la crisis del coste de la vida sigue teniendo un impacto aplastante en la clase trabajadora. A principios de julio, el Banco de España informó de que casi uno de cada diez hogares españoles (el 9%) no podría cubrir sus gastos básicos de alimentación, alquiler, facturas y pago de deudas en 2022 (el último año para el que se dispone de cifras), lo que equivale a 1,7 millones de hogares. Esta cifra contrasta con el 7% de 2021.
El aumento de los tipos de interés y de la inflación también ha provocado una caída del poder adquisitivo del 4,5 por ciento entre 2020 y 2022, mientras que la deuda pendiente media aumentó un 65 por ciento entre diciembre de 2021 y abril de 2023, señaló el Banco. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, el 26 por ciento de su población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, la cuarta más alta de la UE después de Rumanía, Bulgaria y Grecia.
Independientemente de la coalición de partidos que llegue al poder tras las inconclusas elecciones generales, o si se repiten los comicios en diciembre o enero, todos se comprometerán a alinear la economía del país con los llamamientos de la UE a la ‘sostenibilidad fiscal’ y la ‘disciplina presupuestaria’, es decir, recortes a gran escala del gasto social.
Ya en abril, el entonces Gobierno PSOE-Podemos de Pedro Sánchez se comprometió con la UE a reducir su déficit del 3,9 por ciento del PIB previsto a finales de este año al 3 por ciento en 2024, un año antes de su calendario anterior, y al 2,7 por ciento en 2025 y al 2,5 por ciento en 2025. Esto equivale a una reducción del déficit de €24.000 millones a finales del próximo año.
Aunque el Ministerio de Hacienda, gobernado por el PSOE, afirmó que la reducción del déficit se haría ‘sin aplicar recortes’, debido al ‘sólido crecimiento económico de España, por encima de la media de los países de la UE, y al dinamismo en la creación de empleo’, su documento de gasto de abril establecía explícitamente un plan de reducción del gasto público de 1,5 puntos porcentuales para finales de 2024.
Según el plan del Gobierno PSOE-Podemos, el gasto del Estado pasaría del 47,8 por ciento del PIB en 2022 al 47,3 por ciento este año, una reducción de €6.600 millones. En 2024, se volvería a recortar hasta el 46,3 por ciento del PIB (una disminución de 13.300 millones de euros), para totalizar €20.000 millones en recortes presupuestarios entre 2023 y 2024. El gasto público también se congelaría en este nivel hasta 2026.
Los €4.000 millones restantes necesarios para lograr la reducción del déficit procederían de los impuestos extraordinarios temporales impuestos por el Gobierno PSOE-Podemos el año pasado, cuando los bancos y las empresas energéticas registraron beneficios históricos. En virtud de esta política a corto plazo, las empresas energéticas deben pagar un impuesto del 1,2 por ciento sobre sus ventas y los bancos un impuesto del 4,8 por ciento sobre los ingresos netos por intereses y comisiones por encima de un umbral de €800 millones.
A pesar de este pequeño gravamen, el sector bancario español obtuvo beneficios récord en el primer semestre de este año, declarando 12.400 millones de euros entre enero y junio, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior, debido en gran parte a la subida de los tipos de interés. Esto se produce después de que los seis mayores bancos de España obtuvieran unos beneficios récord de €20.000 millones en 2022.
El derechista PP y el ultraderechista Vox han pedido que se eliminen los impuestos sobre el patrimonio y las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas y los bancos, y que se bajen los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, además de reducir el gasto público y tomar medidas drásticas contra el supuesto fraude a la Seguridad Social. Vox pretende llevar a cabo la ‘mayor y más profunda reforma fiscal de la historia reciente’, comprometiéndose a rebajar el impuesto de sociedades del 25% al 15%.
Una coalición PSOE-Sumar será aún más de derechas que su predecesora, que aplicó amplios recortes de las pensiones que consolidaron la edad de jubilación a los 67 años, impuso subidas salariales por debajo de la inflación a amplias capas de trabajadores en colaboración con la burocracia sindical, e impulsó una reforma de la legislación laboral que recortó las protecciones legales en el trabajo. También proporcionó miles de millones de euros en rescates a los principales bancos y empresas.
Los trabajadores que se resistieron a estas medidas se enfrentaron a la violencia policial. Los metalúrgicos en huelga de Cádiz y Pontevedra se enfrentaron a la policía antidisturbios y a vehículos blindados, mientras que los camioneros en huelga que protestaban por la subida de los precios del combustible se enfrentaron al mayor despliegue policial de la historia moderna de España: 23.000 policías. El gobierno PSOE-Podemos ha impuesto en repetidas ocasiones leyes draconianas de servicios mínimos para acabar con las huelgas de los trabajadores de la aviación y la sanidad.
En el extranjero, el Gobierno PSOE-Podemos llevó a cabo enormes aumentos del gasto militar para contribuir a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania.
Sumar no desempeñaría un papel diferente al de Podemos. Sus ataques de austeridad allanarían el camino para el fortalecimiento de Vox y el PP, que están a sólo 5 escaños de la mayoría en el parlamento.
La tarea más urgente para la clase obrera y la juventud en España es asegurar su independencia política y organizativa del PSOE y Sumar, y prepararse para las luchas de masas contra la austeridad y la guerra como parte de una lucha internacional por el socialismo. Esto significa fundar un Partido Socialista por la Igualdad en España como sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.
(Publicado originalmente en inglés el 13 de agosto de 2023)