Washington. La jueza de un tribunal de apelaciones, Patricia Millet, declaró que los nazis tenían más derechos para impugnar su expulsión de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial que los migrantes venezolanos deportados por la administración de Donald Trump.

En una audiencia, la jueza de circuito Millett interrogó al abogado del gobierno Drew Ensign sobre si los venezolanos objeto de expulsión en virtud de una ley del siglo XVIII tuvieron tiempo de refutar la afirmación de que eran miembros de la banda Tren de Aragua antes de ser embarcados en aviones y trasladados a El Salvador, donde fueron recluidos en la megacárcel del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que el que ha ocurrido aquí, dijo Millett, a lo que Ensign respondió: ciertamente cuestionamos esa analogía.

En tanto, el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, invocó un privilegio de secretos de Estado y se negó a proporcionar a un juez federal información adicional sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador, caso que es motivo de disputa en medio de la creciente tensión del Ejecutivo con los tribunales federales.

La declaración fue efectuada mientras el juez del tribunal James Boasberg evalúa si el gobierno desobedeció su orden de hacer que aviones que transportaban migrantes regresaran cuando ya estaban en vuelo, después de que él bloqueó las deportaciones de presuntos pandilleros para que primero estuvieran sujetos al debido proceso.

Invocan motivos de seguridad nacional

Boasberg solicitó detalles sobre cuándo aterrizaron las aeronaves y quién iba a bordo, información que el gobierno de Trump dice que perjudicaría intereses diplomáticos y de seguridad nacional.

Los abogados del gobierno también pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera continuar con las deportaciones.

El gobierno trasladó a 238 migrantes venezolanos a El Salvador, donde fueron encarcelados, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual permite que los no ciudadanos sean deportados sin oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o federal. Trump declaró a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora.

Los abogados de derechos civiles aseveran que si el presidente puede designar a cualquier grupo enemigo extranjero bajo la ley, y dicha designación no es revisable, entonces no hay límite sobre quién puede ser enviado a una prisión salvadoreña ni sobre cuánto tiempo permanecerán ahí.

En otro tema, el gobierno de Trump pidió a la Suprema Corte frenar la orden de recontratación de trabajadores federales que fueron despedidos de forma masiva.

En una impugnación de emergencia, el gobierno republicano argumentó que el juez no cuenta con autoridad para ordenar la recontratación de los cerca de 16 mil empleados en periodo de prueba.