Esta semana ha estallado la guerra en la Guardia Civil. Primero fue cesado el coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien siguió la dimisión del número dos del cuerpo, el teniente general Laurentino Ceña, y la destitución del número tres, el teniente general Fernando Santafé. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo ha enmarcado en un «nuevo impulso» a la institución, pero hay una gota que ha colmado el vaso: el polémico informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M en Madrid y la propagación del coronavirus.

¿Qué dice este informe? Básicamente es un documento repleto de «errores» de bulto y noticias tergiversadas que responsabiliza al Gobierno por no haber impedido la concentración feminista cuando los contagios empezaban a contagiarse. Señala directamente al Ministerio de Sanidad y al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Incluso incluye testimonios manipulados, que en el informe dicen lo contrario de lo que dijeron en la Comandancia de Tres Cantos.

Pero estos «errores» de la Guardia Civil no son algo nuevo. Un repaso a la hemeroteca de los últimos años envía un triste aviso a navegantes: es un recurso recurrente. El principal móvil ha sido el terrorismo, con y sin ETA. Los vascos y los catalanes han sido las principales víctimas, pero no han sido los únicos. En medio ha habido incluso denuncias no investigadas por torturas. Cuando policías, fiscales, jueces e incluso medios van de la mano, a veces incluso han tenido éxito, con condenas judiciales. Otros casos se han evaporado muy rápidamente ante la estupefacción generalizada.

Los Jordis y el 20-S

Los líderes civiles Jordi Cuixart y Jordi Sàchez fueron los primeros que entraron a la cárcel, en octubre del 2017. Lo hicieron después de las multitudinarias protestas contra la Operación Anubis. La Guardia Civil fue la encargada de construir el relato que acabó condenando por sedición. El primer atestado relataba un clima de «insurrección» con «los numerosos daños que sufrieron los vehículos, los lanzamientos de objetos, el intento de asalto al edificio y la privación de libertad a la cual fueron sometidos la comitiva judicial y los agentes que se encontraban dentro del edificio». Y los señalaba directamente, asegurando que había «una acumulación de indicios sobre la posible responsabilidad de ambas personas (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) como responsables últimos de los hechos del día 20 y 21». Un atestado que ratificaron en el juicio en el Tribunal Supremo con relatos apocalípticos. Hoy los Jordis siguen encarcelados en Lledoners, aunque Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas han pedido la liberación. El mismo patrón se repitió para el 1-O para construir un supuesto alzamiento violento y tumultuario.

Los chicos de Altsasu

Ya hace casi 1.300 días que los primeros jóvenes de Altsasu entraron en la cárcel de donde no han salido desde entonces. Fueron condenados inicialmente a penas de prisión que iban de los dos a los 13 años por desórdenes públicos con agravantes de abuso de superioridad y de odio. La Fiscalía incluso intentó acusarlos de terrorismo. El origen de todo: una pelea de bar con dos guardias civiles fuera de servicio, que salieron con las camisas impolutas. La misma Guardia Civil hizo el informe que los acabó condenando, aunque tendría que haber recaído en la Policía Foral. Incluso la jueza está casada con un alto cargo del cuerpo armado. Amnistía Internacional denunció «motivación ideológica» y parcialidad en la sentencia. Estos jóvenes siguen en la cárcel.

Los siete CDR

El 23 de septiembre del año pasado, después de una investigación de la Guardia Civil, la Audiencia Nacional ordenó el encarcelamiento de siete miembros de los CDR. El relato de la prensa de Madrid era aterrador. «Los CDR ultimaban un atentado terrorista en Catalunya el Día D», titulaba El Mundo en su portada. «Torra planeó con los CDR tomar el Parlament después de la sentencia del 1-O», aseguraba el ABC. No sólo habían supuestamente creado una banda armada llamada ERT (Equipos de Respuesta Táctica) sino que incluso les habían encontrado explosivos —primer Goma2 y después termita— en los registros practicados. Tres meses de prisión más tarde, los siete miembros fueron liberados. El auto del juez constataba la «objetiva inexistencia de explosivos», aunque el atestado de la Guardia Civil dibujaba el relato perfecto.

El caso Egunkaria

Después de una investigación de la Guardia Civil, en 2003 la Audiencia Nacional ordenó el cierre del diario vasco Euskaldon Egunkaria y todos sus bienes fueron embargados. Se le acusaba de ser parte del entramado empresarial de ETA. Los vínculos eran «evidentes», según el cuerpo armado. Su director, Martxelo Otamendi, fue acusado de integración en banda terrorista. No fue hasta siete años después de que los cinco imputados fueron absueltos, porque no se pudo acreditar. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó condenando el Estado español. ¿Por qué? Por no investigar la denuncia por torturas presentada por Otamendi.

Tamara Carrasco

En abril de 2018, la Guardia Civil detuvo un miembro también de los CDR (Tamara Carrasco) y anunció la búsqueda de otro (Adrià). Se les investigaba por los delitos de terrorismo, sedición y rebelión por haber participado en cortes de carreteras y sabotaje de peajes durante aquella Semana Santa. Durante el registro incautaron un silbato|silbido amarillo, una careta de Jordi Cuixart y una papeleta del 1-O. Después de pasar por los calabozos de la Audiencia Nacional, Tamara Carrasco fue obligada a un confinamiento (precoronavirus) a Viladecans. Disimuladamente, la Audiencia Nacional fue retirándose de la causa, que pasó a los tribunales ordinarios sólo por desórdenes públicos. No fue hasta más de un año después que Tamara pudo salir de su pueblo. La Fiscalía todavía le pide siete meses de prisión.

Los maestros de la Seu y Sant Andreu

Después del 1-O, hasta ocho profesores de tres escuelas de La Seu d’Urgell se vieron ante un juez. Se les acusaba de un supuesto delito de incitación al odio. En el orígen, un atestado de la Guardia Civil, según el cual alumnos de estos centros estaban siendo discriminados y asediados por ser hijos de guardias civiles. El informe policial denunciaba que «estaban sufriendo un acoso tanto del personal docente como de los propios alumnos únicamente por el hecho de que sus padres formaban parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Incluso relataba que uno de estos hijos de guardias civiles fue agredido por eso. Lo mismo pasó con nueve docentes de Sant Andreu de la Barca, con ayuda de la prensa, que les expuso delante de la opinión pública. «Los 9 maestros catalanas de la infamia«, llegó a titular El Mundo. Las dos causas acabaron archivadas.

Sumario 19/98

Este caso tiene como protagonista al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, encargado de instruir el macrosumario 19/98. El magistrado ordenó la detención de hasta 76 personas de varias organizaciones que conformaban lo que mediáticamente se bautizó como el «entorno de ETA». Entre estas había la coordinadora AEK, que enseña euskera a personas adultas, o la Fundación Joxemi Zumalabade, acusada de fomentar la desobediencia civil por un manifiesto. Sus miembros fueron condenados a penas de entre nueve y once años de prisión por integración en banda terrorista. La sentencia hacía copy-paste de párrafos enteros de los informes presentados por la Guardia Civil y la Policía Nacional (con errores incluidos). No fue hasta nueve años después de que el Tribunal Supremo absolvió a todos los miembros de la Fundación y rebajó la pena de los otros 38 condenados. Algunos de ellos pasaron igualmente por la prisión a pesar de la posterior absolución.

Operación Dixan

José María Aznar tenía que justificar la invasión de Iraq visibilizando la amenaza yihadista. Es por eso que, en enero de 2003, la Audiencia Nacional puso en marcha una operación que detuvo hasta 23 personas en varios puntos de Barcelona y Girona. Eran acusados de pertenencia a una célula terrorista y de tenencia de armas y explosivos. Fue un informe del Ejército español que apuntó hacia el «napalm casero». Pero no tardó en saberse que los supuestos explosivos eran simplemente productos de limpieza. Aun así, de los seis procesados, sólo uno fue absuelto. Los otros cinco cumplieron íntegramente las penas de prisión, que después de una revisión del Tribunal Supremo fueron de los 6 a los 9 años. Al tratarse de «terroristas», lo hicieron en régimen de aislamiento y dispersión penitenciaria.

Resistencia Galega

Del terrorismo de la organización Resistencia Galega sólo hay constancia en los grandes medios de comunicación, en los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y en la Audiencia Nacional. Sin embargo, se han producido decenas de detenciones. Ninguno de los detenidos ha admitido nunca pertenecer a la supuesta banda terrorista, tampoco los que fueron condenados a largas penas de prisión. No se le han encontrado armas. No se ha hecho responsable de ningún ataque. No ha emitido ningún comunicado. Incluso el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel cuestionó la existencia en un voto particular: no estaba probado.

Terrorismo anarquista vegano

Un nombre conocido, la jueza Carmen Lamela, dirigió la Operación Ice. Iba dirigida contra el grupo anarquista y vegano Straight Edge, a quienes se acusaba de terrorismo por supuestamente atentar contra sucursales bancarias. Pero nuevamente no incautaron explosivos, sino caldo de col lombarda y productos de limpieza. La única prueba del atestado policial, una pintada con el nombre del grupo en una sucursal bancaria dos semanas antes que fuera atacada. Finalmente se transformó en un caso de enaltecimiento del terrorismo por tuits como «Goku vive, la lucha sigue«. Juan Manuel Bustamante ‘Nahuel’ pasó un año y cuatro meses en la cárcel, la mayor parte del tiempo en régimen de aislamiento.

Los titiriteros

Después de recibir un atestado policial donde varias personas denunciaban el contenido de una obra, la Audiencia Nacional envió a dos titiriteros a prisión preventiva durante cinco días. Los hechos tuvieron lugar en febrero del 2016, cuando representaron en Madrid una obra donde se exhibía un cartel irónico donde se podía leer «Gora Alka-ETA». Tan sólo tres meses después, la causa se deshizo entera. El magistrado la archivó, concluyendo que querían criticar los cuatro poderes del Estado. La Fiscalía veía posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo (entre uno y tres años de prisión) y contra las libertades fundamentales (entre uno y cuatro años de prisión).

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