Esta semana un joven de 17 años supuestamente entró en una clase de baile para niños en Southport, al noroeste de Inglaterra y comenzó a apuñalar a niñas pequeñas, hiriendo a 10 y matando a 3. Inicialmente se informó que el niño era un inmigrante musulmán.

Sin embargo, esta historia se revirtió en cuestión de horas, y la nueva versión reflejó que en realidad había nacido en Cardiff, hijo de inmigrantes ruandeses. Su nombre era “Axel Muganwa Rudakubana” a última hora del viernes.

Otro joven fue detenido más tarde, supuestamente, portando un machete y un pasamontañas durante una vigilia por las víctimas. Se dice que también era musulmán. Esto, supuestamente, dio lugar a las protestas y disturbios, la destrucción de un muro de ladrillos fuera de una mezquita y la quema de un furgón policial. Posteriormente surgieron otros supuestos disturbios en Londres y Hartlepool .

Ésta es la versión actual. Ninguno de los detalles ha sido confirmado todavía, así que todo es por ahora un acto de fe, porque además estos hechos estuvieron precedidos de varios episodios de violencia policial contra inmigrantes en varios puntos de Inglaterra.

En el caso español, se está abriendo paulatinamente una ventana para encontrar paralelismos que permitan enrarecer el ambiente. Ayer conocíamos que cinco trabajadores del Centro de Atención a Menores (CAM) de Ateca, en Zaragoza, habían sido detenidos acusados de delitos contra la integridad moral, lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Se trata de un caso de abusos sexuales a adolescentes tutelados por el Gobierno de Aragón en el que cuatro de los cinco detenidos eran extranjeros, y de lo que poco más se conoce.

Diferentes medios de comunicación y dirigentes políticos han estado reflejando un panorama desolador en el que la inmigración, y fundamentalmente la inmigración africana, ha disparado la inseguridad en España, a pesar de ser el país de la Unión Europea con la tasa más baja de delitos. Pero el sueño húmedo de los movimientos fascistas en España es obtener una respuesta parecida a la de Reino Unido, algo que para nada es descabellado, puede ocurrir y tiene antecedentes (El Ejido, febrero de 2000 o caso Lucrecia Pérez, noviembre de 1992).

Cualquiera que sea la verdad de lo ocurrido en el centro de menores de Ateca, y cualesquiera que sean los objetivos a largo plazo que puedan perseguir, esta “estrategia de tensión” tiene una agenda política inmediata que ya se está volviendo clara, y es tan predecible como siempre.

Atacar la libertad de expresión es la agenda eterna y omnipresente que precede a todo lo demás y ha sido una verdadera acumulación en los últimos días. El diario ABC titulaba sin tapujos: Un bulo en redes sociales sobre el origen del autor del ataque en Southport deja más de 50 policías heridos.

En Reino Unido la BBC preguntaba: “¿Las redes sociales avivaron las llamas de los disturbios en Southport?” y el Telegraph responde afirmativamente. En España, el consenso de medios es similar: la veracidad de la información está sujeta al autor de la publicación, lo cuál es un retorno a lo que el franquismo llamaba la «verdad oficial», y en consecuencia, se deben aplicar restricciones a todas aquellas fuentes «no oficiales» o «no verificadas».

Lo cierto es que se viene gestando una gran ola de censura en el que los grupos fascistas, como el Frente Obrero, son los tontos útiles de la legislación que se viene. Es necesario crear un clímax reaccionario para que, en este caso, de la mano de un gobierno «progresista», la censura se vea como algo normal o positivo (igual que lo fue el confinamiento de 2020).

Es por eso que casi todo en el ciclo de noticias –desde las enfermedades hasta el cambio climático– supuestamente puede “solucionarse” con censura.

Porque una vez eliminada la libertad de expresión, todo lo que viene después se vuelve mucho más fácil, incluida la segunda parte de la agenda que se impulsa ahora: la vigilancia masiva y la tecnología de reconocimiento facial.

En lo que respecta a este objetivo secundario, los medios de comunicación aún no han llegado a la fase de “llamado a la acción”. Siguen estancados en la difusión del miedo, con advertencias generalizadas sobre «peligros para la democracia» como Alvise Pérez o la delincuencia común -nunca se verá como un peligro para la democracia que millones de familias no puedan pagar su vivienda-.

Lo cual, a su vez, tiene el útil efecto secundario de hacer que el tal Alvise parezca una auténtica fuerza de oposición. Y en el lado opuesto se podrá ver el aplauso a las medidas represivas, por supuesto, al creer que el Estado es nuestro único escudo contra los malvados y malhechores de la extrema derecha.