En octubre de 1925 una extraña pareja partía rumbo a Moscú para protagonizar un encuentro al más alto nivel con la cúpula de la Komintern. Se trataba del ex militar Francesc Maciá, burgués, líder del partido separatista Estat Catalá, y José Bullejos, secretario general del Partido Comunista de España, natural de un pueblo de Granada y de profesión cartero. Una extraña pareja que difícilmente se habría podido formar en otras circunstancias que no fueran las de la España de 1925 y la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

Españolizar Catalunya se convertiría desde el primer momento en una de las obsesiones del dictador. La supresión de la Mancomunitat, la pequeña autonomía administrativa de la que gozaban las provincias catalanas desde 1914, así como la persecución del idioma, la cultura y las señas de identidad catalanas, radicalizarían los planteamientos políticos y sociales de muchos nacionalistas, que decepcionados con el apoyo de la Lliga Regionalista a Primo de Rivera, comenzarían a buscar una alianza con las fuerzas obreras perseguidas por la dictadura.

En enero de 1925, Maciá y su partido reunían en París a comunistas, anarquistas y separatistas vascos para proponerles un ambicioso plan: poner en marcha un movimiento revolucionario que derrocara a Primo de Rivera y Alfonso XIII, estableciera la República y diera al País Vasco y Catalunya la posibilidad de ejercer el derecho a la autodeterminación. El viaje de Maciá y Bullejos a Moscú se inscribía en este plan y tenía como objetivo recabar el apoyo económico de la Internacional Comunista. La cúpula de la Komintern encontraría a los conspiradores parisinos demasiado bisoños y no atendería sus peticiones, pero la ocasión serviría para que el PCE, hasta entonces ajeno a la problemática nacionalista, descubriera el potencial revolucionario que estaba adquiriendo el nuevo movimiento separatista catalán.

Programa de máximos: la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas

Procedentes en su inmensa mayoría de las filas del ala más izquierdista y obrerista del PSOE, la cuestión catalana no ocupó ni una sola línea en el primer programa del PCE. Es a partir de 1925 y de ese primer contacto con los separatistas catalanes y vascos cuando los comunistas descubren los textos de Lenin sobre la cuestión nacional, empiezan a dejar de ver el problema de las nacionalidades como una cuestión menor, pequeñoburguesa, e incorporan junto a la consigna de la República obrera y campesina la defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya, Vasconia, y algo más tarde Galicia. Sería no obstante un pequeño grupo disidente del PCE, la Federación Comunista Catalano Balear, el que primero y más en serio se tomaría la cuestión catalana.

La FCCB estaba liderada por un comunista anómalo, Joaquín Maurín, procedente de la CNT, con más formación política y lecturas que la media de los dirigentes españoles. En 1931 absorbería al pequeño Partit Comunista Catalá, de corte marxista y nacionalista, sin ninguna relación con el PCE, para dar lugar al Bloc Obrer i Camperol. El BOC convertiría la cuestión catalana en uno de sus ejes estratégicos, atrayendo a sus filas a bastantes jóvenes nacionalistas de izquierdas. En abril de 1931 defendería la proclamación de una República catalana que liderase un proceso federalista en toda España y radicalizara la revolución democrática. Maurín reprocharía a Maciá y a Esquerra Republicana de Catalunya conformarse con el estatuto de autonomía, en lugar de ponerse “a la cabeza de un movimiento peninsular deseando para Vasconia, para Galicia, para Andalucía, lo mismo que para Cataluña” [1]. También atacaría a los comunistas españoles por no entender el alcance de las reivindicaciones nacionales: “ha[n] repetido la consigna Derecho de las nacionalidades ha disponer de sí mismas hasta la separación, pero de una manera mecánica” [2]. El BOC fracasaría en su intento de extenderse fuera de Catalunya a través de la Federación Comunista Ibérica, pero sí cerraría el paso a la implantación del PCE en tierras catalanas.

El IV Congreso del PCE, celebrado en marzo de 1932 en Sevilla, haría autocrítica con respecto a la insuficiente atención prestada por el partido a la cuestión de las nacionalidades. Los dirigentes de la Internacional habían advertido a Bullejos y el equipo dirigente que no podía seguir minusvalorando la importancia revolucionaria de unas masas nacionalistas, vascas y catalanas, a las que los comunistas debían tratar de orientar en una dirección socialista, disputando su liderazgo al nacionalismo pactista y pequeñoburgués del PNV y de ERC. Tras el Congreso de Sevilla, el PCE lanzaría una consigna acorde con el izquierdismo del momento: frente a los estatutos de autonomía del PNV y ERC, y la República burguesa del 14 de abril, había que oponer el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas por el imperialismo español y la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas. En el marco de este giro, también tendría lugar la fundación del Partit Comunista de Catalunya, nominalmente autónomo del PCE, y que pretendía competir con el BOC en su propio terreno, reforzando así la débil implantación del comunismo oficial en Catalunya.

La huelga revolucionaria de octubre de 1934 pondría a prueba las inflamadas consignas de los comunistas. La convocatoria sería un fracaso en el conjunto de España, pero encontraría un notable apoyo en Catalunya y sobre todo Asturies, donde derivaría en una insurrección armada. Frente a las dudas y vacilaciones de la Generalitat, el BOC y el PCC presionarían a Esquerra para armar a las milicias obreras y proclamar una República catalana, que no buscaría “encerrarse en la estrechez de una frontera”, sino convertirse “en el baluarte de las libertades obreras, campesinas y nacionales de toda la Península” [3]. Finalmente, el president Lluís Companys saldría la tarde del 6 de octubre al balcón de la Generalitat para proclamar el Estado catalán de la República federal española, y ofrecer Barcelona como sede del gobierno provisional de esta. La reacción del Gobierno derechista de Alejandro Lerroux sería fulminante: movilizar al Ejército, suspender el estatuto de autonomía, disolver los ayuntamientos y encarcelar a Companys y su gobierno.

El patriotismo plurinacional del Frente Popular

La indiscriminada represión posterior a octubre de 1934 supondría un baño de realismo para las izquierdas españolas. En toda Europa el fascismo y los regímenes autoritarios avanzaban. Stalin, preocupado por el expansionismo alemán, decidiría un giro de 180 grados en la estrategia del movimiento comunista. El VII Congreso de la Komintern, celebrado el verano de 1935, apostaría por el Frente Popular: una gran alianza de comunistas, socialdemócratas y liberales progresistas en defensa de la democracia.

El giro frentepopulista supondría un aggiornamento en la política del PCE sobre las nacionalidades. Las consignas revolucionarias daban paso a la defensa de unidad de la República democrática a través de los estatutos de autonomía: “No se desmembra el país ibérico porque cada nacionalidad alcance su autonomía (…) la defensa de las libertades regionales es la defensa de la unidad de España” [4].

Tras el fallido golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil, el PCE se convertiría en el más firme partidario de la unidad del Frente Popular, así como de un discurso bélico a la vez republicano, patriótico, antifascista y abierto al reconocimiento de la plurinacionalidad. Sin embargo, esta apuesta por una República democrática y plurinacional chocaría con la defensa que los propios comunistas hacían de la recentralización del poder político y militar como condición fundamental para ganar la guerra. Un propósito que entraba en conflicto con la pretensión de los gobiernos catalán y vasco de gestionar la guerra a su manera, así como de aprovechar las excepcionales circunstancias bélicas para ensanchar los límites de sus estatutos de autonomía.

El PSUC: socialismo, nacionalismo y comunismo en tiempos de guerra

Las circunstancias de la guerra empujarían a la confluencia, sin el consentimiento de las direcciones del PSOE y del PCE, de socialistas y comunistas catalanes con dos partidos nacionalistas de izquierdas, el Partit Catalá Proletari y la Unió Socialista de Catalunya. Nacía una nueva organización “nacional y de clase”, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, defensora de una relación federal de Catalunya con España, e independiente tanto del PCE como del PSOE. El PSUC suponía la respuesta prosoviética a la creación un año antes del Partido Obrero de Unificación Marxista por el BOC y los trotskistas. El nuevo PSUC, fundado en julio de 1936, se autoproclamaría además sección catalana de la Internacional Comunista. Toda una herejía que violaba una regla básica de la Komintern, “un país, un partido”, pero que sería tácitamente aceptada por Moscú, muy interesado en el experimento catalán. En pocos meses el PSUC se convertiría en una organización con una nutrida militancia, superando al POUM y rivalizando con la CNT, pero con audiencia también en el espacio sociológico de Esquerra: el pequeño campesinado y las clases medias y populares catalanistas.

Joan Comorera, líder del PSUC, va a pelear el mantenimiento de un perfil propio del partido, nacional catalán, afín a Moscú, pero diferenciado del PCE. Aunque el PSUC va a defender en público la línea política del PCE, en privado las diferencias y desencuentros entre ambas direcciones serán constantes, sobre todo a partir de que el Gobierno de Juan Negrín comience a recortar competencias a la Generalitat. Por ello, a lo largo de los tres años de guerra, el PSUC tendrá que hacer permanentes equilibrismos entre su apoyo a la política recentralizadora defendida por el PCE y los asesores soviéticos, y el fuerte componente nacionalista catalán de una mayoría de la organización.

Contra el nacionalismo pequeño burgués: la expulsión de Comorera

Concluida la Guerra Civil, la independencia del PSUC va a ir quedando cada vez más limitada y su sector nacionalista más reducido. Un reguero de purgas y expulsiones facilitará la progresiva absorción del partido catalán por parte del PCE, proceso que va a contar con el apoyo interno de los jóvenes dirigentes de las Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya y de la vieja guardia procedente del PCC y la federación catalana del PSOE. Tras la expulsión de Comorera en 1949, acusado de fidelidad a la Yugoslavia de Tito y nacionalismo pequeñoburgués, el PSUC va a convertirse, en la práctica, en el PCE de Catalunya. La identificación va a llegar hasta el punto de que en el V Congreso del PCE, celebrado en 1954, la delegación catalana propone la disolución del PSUC como partido diferenciado y la plena integración orgánica de los comunistas catalanes en el PCE. Va a ser Santiago Carrillo, más cauto, quien una vez ya conjurado el problema de Comorera, y advirtiendo las peculiaridades políticas de la sociedad catalana, convencería a los propios delegados catalanes acerca de la necesidad de mantener un PSUC con una imagen autónoma. En los años siguientes se vería lo acertado de la decisión tomada por Carrillo.

La apuesta por un comunismo catalanista

Desde finales de los años 50 el mundo catalanista vive una recuperación de su actividad cultural, social y política. El PSUC va a entender con claridad la necesidad de hacer confluir en un mismo movimiento democrático y popular la lucha de la clase obrera organizada, con ese resurgir del catalanismo, más ligado al mundo de las clases medias autóctonas. El partido no va a rehuir el debate con el mundo catalanista, sino que va a fomentarlo con diversas iniciativas teóricas y culturales como la revista Nous Horitzons.

Entre 1960 y 1965 el PSUC va a poner sobre la mesa una idea de nación catalana dinámica, no esencialista, abierta a la plena integración de los trabajadores inmigrantes venidos del resto de España, así como un programa de mínimos que, andando el tiempo, se convertirá en la hoja de ruta de todo el antifranquismo catalán: libertades democráticas, recuperación del Estatut de 1932, amnistía para los presos políticos y exiliados, y coordinación con la oposición democrática española.

La fuerte apuesta catalanista del PSUC se va a concretar en la participación desde 1964 en las manifestaciones ilegales del 11 de Septiembre, día nacional de Catalunya, en la fundación en 1966 de la Comisión Obrera Nacional de Catalunya, que asume la defensa de la lengua y del autogobierno como objetivos de la clase trabajadora, o en la potenciación del catalán en la propaganda del partido, así como entre los militantes, animando a los inmigrantes a hacer suya también la lengua catalana. Esta línea política conseguirá sus objetivos: atraer a jóvenes catalanistas que identifican el PSUC como la mejor herramienta para luchar por la recuperación de las libertades nacionales catalanas desde una perspectiva de izquierdas, cohesionar a la clase obrera inmigrada con la nativa en torno a una misma idea de catalanidad, asumible por grandes mayorías, y limitar el crecimiento de un movimiento independentista de izquierdas en Catalunya al estilo de ETA en Euskadi.

La nueva izquierda maoísta y trotskista, que en ese momento sostiene posiciones muy obreristas y anticatalanistas, va a atacar al PSUC por practicar un supuesto seguidismo de la burguesía nacionalista catalana, pero no tardará en corregir su posición forzada por la popularidad que las reivindicaciones nacionales o el fenómeno político musical de la nueva canción catalana adquieren a principios de los años 70 entre el antifranquismo catalán.

Llibertat, amnistia, estatut d´autonomia

En 1971 el PSUC está impulsando un gran frente social y político por las libertades, la Asamblea de Catalunya. Las campañas y movilizaciones de la Asamblea van a popularizar el lema llibertat, amnistia, estatut de autonomia, que posteriormente será adoptado en otras regiones españolas, identificando democratización y descentralización como dos caras de una misma moneda. A pesar de lo moderado del programa de la Asamblea, ni la izquierda radical ni el independentismo quieren quedar descolgados del movimiento unitario más importante del antifranquismo en España, y se suman a ella.

Entre 1976 y 1977 las convocatorias de la Asamblea van a tener un seguimiento multitudinario. Convergencia Democrática de Catalunya, el partido del banquero Jordi Pujol, y ERC, reducida a unas siglas históricas, miran de reojo una movilización hegemonizada por el PSUC y la izquierda radical catalana. En 1977 el PSUC sentencia optimista que “la gran burguesía ha perdido definitivamente las posibilidades de recuperar la hegemonía en el movimiento nacional catalán” [5]. El Gobierno de Adolfo Suárez comprende que el movimiento es demasiado fuerte como para contentarse con una descentralización administrativa inferior al Estatut de 1932.

El 15 de junio de 1977 socialistas y comunistas ganan las elecciones generales en Catalunya. Catalunya es roja y el PSUC es el segundo partido más votado, en la provincia de Barcelona con casi un 20% de los votos. La Asamblea y los partidos democráticos exigen un régimen autonómico provisional para Catalunya hasta que se apruebe un nuevo estatuto de autonomía. En otoño Suárez restablece sorpresivamente la Generalitat y nombra presidente provisional al histórico político republicano Josep Tarradellas, que hasta entonces había ocupado el cargo simbólico de presidente de la Generalitat en el exilio. Un gesto sin precedentes de reconocimiento de la legalidad republicana que tiene un objetivo principal: diluir el peso de socialistas y comunistas en la Generalitat pre autonómica y evitar un gobierno de izquierdas que pueda convertirse en una referencia para el resto de España y un contrapoder al Gobierno central.

De la Catalunya roja al pujolismo

El PSUC va a seguir apostando durante la Transición por una política unitaria de las fuerzas políticas catalanas que logre aunar el mayor consenso posible para las nuevas instituciones democráticas. En 1978 la campaña Guanyem la Constitució, que no ens retallin l´Estatut, apoyada por socialistas, comunistas, ERC y Convergencia, va a vincular el logro de la Constitución más democrática posible a la obtención del Estatut con el nivel de autogobierno más avanzado. Jordi Solé Tura, diputado del PSUC, representará al PCE en la ponencia constitucional. Socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes sumarán fuerzas para que la Constitución haga mención expresa al “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”, abriendo así la puerta a una futura lectura federal del texto. Al contrario que en Euskadi, en Catalunya el apoyo a la Constitución será mayoritario en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.

PSC y PSUC ganan por segunda vez las generales de 1979, así como las elecciones municipales. El partido se prepara para co-gobernar Catalunya. En este tiempo el PSUC termina de perfilar su proyecto de catalanismo popular: defensa de una Catalunya plural y mestiza integrada tanto por catalanes de nacimiento como por catalanes de adopción, solidaria económicamente con las regiones más pobres de España, y con una lengua nacional, el catalán, que debía recuperar el terreno perdido tras 40 años de franquismo, pero de forma progresiva, sin imposiciones, y empezando por la escuela, donde los hijos de las familias con una y otra lengua debían compartir aulas, en lugar de ser segregados en diferentes líneas de educación, como proponía Convergencia, y como pasaría en Euskadi con la adopción de los tres modelos de enseñanza del castellano y el euskera.

El 20 de marzo de 1980 Jordi Pujol se convertía sin embargo, por sorpresa, en el ganador de las primeras elecciones autonómicas celebradas desde la Segunda República. La feroz campaña de la patronal y los medios de comunicación contra el previsible gobierno de las izquierdas catalanas, concentraría todo el voto anticomunista en la coalición formada por CDC y Unió Democrática de Catalunya, que se presentaría como la formación capaz de gobernar Catalunya “desde aquí, al estilo de aquí” y de evitar “una Catalunya alejada de Europa, intranquila, inestable, insegura” [6]. El PSUC, tercera fuerza, con el 18% de los votos, se quedaría solo defendiendo un tripartito de izquierdas alternativo a Pujol, conformado por PSC, PSUC y ERC.

Pujol, ganador en minoría de las elecciones, terminaría siendo investido presidente de la Generalitat con el apoyo de dos fuerzas antagónicas en lo nacional, la UCD catalana y ERC, pero unidas por un mismo anticomunismo. Tras un largo paréntesis de 80 años de duración, el nacionalismo conservador heredero de la Lliga Regionalista recuperaba la hegemonía de Catalunya y del catalanismo, e iniciaba la construcción de un país muy diferente al que los comunistas y las izquierdas habían imaginado en el antifranquismo y la Transición.

Notas

[1] La Batalla, 4 de agosto de 1932.

[2] La Batalla, 13 de agosto de 1931.

[3] La Batalla, 16 de junio de 1934.

[4] Mundo obrero, 30 de junio de 1936.

[5] Carme Cebrián, Estimat PSUC, Empúries, Barcelona, 1997, p. 254.

[6] El Periódico, 18 de marzo de 1980.