Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La pasada semana, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Vivienda. Una norma que regulará el mercado inmobiliario en el Estado español.

Esta ley fue presentada por los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, hace más de un año y ha sido validada y aprobada por sus socios en el Parlamento, ERC y EH Bildu.

Según sus impulsores y los partidos que la apoyan, la Ley supondrá un antes y un después del mercado inmobiliario, en favor de los intereses de los inquilinos y el avance hacia la consecución del derecho a la vivienda. Utilizando este tema como parte de su precampaña electoral Pedro Sánchez  prometía, igualmente, que se movilizarán 50.000 viviendas y terrenos del SAREB (el banco malo) para alquiler y compra de vivienda pública.

Sin embargo, plataformas y colectivos de inquilinos y antidesahucios han denunciado que esta ley no satisface todas las demandas necesarias. En particular, no se incluyen aspectos clave como el tope al alquiler, el freno a la especulación y la protección contra los fondos buitres y los bancos.

ESPAÑA NO LLEGA AL 2% DE VIVIENDA PÚBLICA. CANARIAS NO ALCANZA NI EL 2%

Significativamente, ni siquiera el ala más «izquierdista» del Gobierno, ni sus socios de las «izquierdas» periféricas, han incidido en la que, según indican todos los especialistas, es la causa principal de que el acceso a la vivienda se haya convertido en un auténtico lujo cada vez más alejado de las clases populares.

La escasa proporción de vivienda pública o social que existe en el Estado español en comparación con otros países europeos. En promedio, el porcentaje de vivienda pública en los países de la Unión Europea es del 9,3%.

En España, esta cifra es mucho menor, llegando apenas al 2%. La situación en Canarias es aún más alarmante, donde el porcentaje de vivienda pública no alcanza siquiera el 1%. Estos datos contrastan significativamente con países como Austria, donde el porcentaje de vivienda pública es del 24%, o Dinamarca, con un 19%.

De esta manera, se permite que sea el «mercado», es decir, los especuladores que lo controlan, quienes fijen precios de compra y alquiler que, como consecuencia, alcanzan cifras desorbitadas.

La falta de un parque de viviendas públicas suficiente impulsa la demanda y los precios de las viviendas en el mercado privado, dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad y sin opciones reales de acceso a una vivienda.

Un contexto en el que hablar de «garantizar el derecho a la vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos» se convierte en un mero eslogan propagandístico.

LOS COLECTIVOS «DOMESTICADOS» QUE YA NO DENUNCIAN LOS DESAHUCIOS

Así las cosas, no puede sorprender que la situación de la vivienda en el Estado español continúe siendo crítica. Durante el pasado  2022 se registraron 38.266 desahucios y en 2021, 41.259. Números que reflejan la necesidad de soluciones estructurales y radicales para el problema, como la congelación de todos los alquileres, la intervención del mercado del alquiler bajo el control de los inquilinos y la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social.

Pero si el Ejecutivo autodenominado como el «más progresista de la Historia» ni siquiera se ha planteado adoptar algunas de estas medidas, la llegada el Gobierno de coalición sí ha servido para desmovilizar y cooptar a una buena parte del movimiento popular contra los desahucios.

Un fenómeno que se ha reproducido en la mayor parte del Estado español y que, en el Archipiélago, denunciaba en 2021 el destacado miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, Ruymán Rodríguez, a este diario digital.

Aunque en Canarias, como en el resto del Estado español, el número de desahucios no deja de crecer, esto se produce con el silencio cómplice de determinados colectivos, plataformas y sindicatos, que -según este militante social- parecen «haber firmado una suerte de armisticio con el Gobierno central» y otras administraciones «coloridas, del cambio y del recambio», para hacer cómo si este drama no estuviera sucediendo.

  «Como militante por el derecho a la vivienda me preocupa especialmente – apuntaba Rodríguez –  la actuación de estos colectivos totalmente domesticados que, por subvenciones, por amiguismos, o por lo que sea, han dejado de actuar y de denunciar para no «perjudicar» al gobierno».

 

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