Signo de los tiempos, el desaseado proceso destituyente contra el ex presidente Pedro Castillo en Perú, quien, arrinconado por unos poderes Legislativo y Judicial corruptos, deslegitimados y al servicio de una oligarquía racista y clasista −y sometido a un linchamiento mediático continuado desde su asunción al gobierno el 28 de julio de 2021−, fue orillado a hacerse un harakiri en vivo y en directo el pasado 8 de diciembre.

A su vez, la actual vicepresidenta Cristina Fernández, principal lideresa política argentina, fue condenada a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el mismo día (6 de diciembre) que se cumplieron 10 años de la impugnación a la llamada ley de medios por parte del Grupo Clarín. La norma fue modificada por decreto el 4 de enero de 2016 por el ex presidente Mauricio Macri, quien eliminó las regulaciones antimonopolio que cuestionaba el poderoso multimedio.

La efeméride sería un dato baladí de no ser porque Clarín volvió a colocarse en el centro de un escándalo político tras la filtración de las conversaciones de un grupo en Telegram creado por el empresario Pablo Casey, gerente de asuntos legales y sobrino del director ejecutivo del conglomerado empresarial, Héctor Magnetto, del que participaron, también, Jorge Rendo, número dos del emporio mediático, jueces federales (entre ellos, Julián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad por la que acaba de ser condenada Cristina Fernández), fiscales y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

El 14 de octubre todos viajaron en un chárter a la mansión del magnate británico Joe Lewis, un latifundista que ostenta una propiedad mal habida de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, provincia de Río Negro. Los anfitriones de la reunión fueron Casey y Rendo, y se sospecha que allí se llevaron negociaciones para salvar a Macri de causas judiciales que el ex presidente tiene pendientes.

Al comentar la sentencia en su contra, la ex mandataria Fernández, viuda del ex presidente Néstor Kirchner y abogada de profesión, dijo que “esto no es ni lawfare ni partido judicial. Es un Estado paralelo y mafia judicial”. Y puso de ejemplo el viaje secreto de jueces, fiscales y funcionarios del principal partido de oposición −financiado por el Grupo Clarín−, a la propiedad del billonario Lewis, importante inversionista en el sector energético y aliado estrecho de Macri.

Como contexto cabe recordar que en 2006 WikiLeaks filtró documentos que evidenciaron que Michel Temer, ex vicepresidente de Dilma Rousseff y uno de los principales operadores del proceso que la apartó de su cargo en el impeachment de 2016, era uno de los principales informantes de la embajada de Estados Unidos en Brasil. Entonces, el juez Sergio Moro, el fiscal Deltan Dallagnol y 13 fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, planificaron y fabricaron −con la colusión ilegal del fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de EU, Kenneth Blanco− crímenes e ilícitos contra el orden político y social con el objeto de viabilizar un proyecto de poder de la extrema derecha en Brasil.

En 2017, el fiscal Kenneth Blanco se jactó en un evento del Atlantic Council de su colaboración informal (ilegal) con los fiscales brasileños en el caso de Luiz Lula da Silva, contándolo como una historia de éxito. La FBI también colaboró de manera directa, legal e ilegal, desde el inicio de la operación Lava Jato, y su principal enlace −ahora jefa de la Unidad de Corrupción Internacional−, Leslie Backschies, alardeó que había derribado presidentes en Brasil. La cooperación entre autoridades de EU y Brasil incluyó el uso de hackers de la FBI para descifrar archivos encriptados de instituciones gubernamentales y corporativas brasileñas e infraestructuras digitales. En 2017, Kenneth Blanco se reunió en Argentina con Mauricio Macri y con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

Uno de los componentes esenciales del lawfare son las corporaciones mediáticas. Lo que hermana al Grupo Clarín (Canal 13, Radio Mitre, diarios Clarín y Olé, Cablevisión et al.), principal promotor del linchamiento contra el kirchnerismo, con el Grupo Globo, de Brasil, segundo conglomerado de medios de difusión más grande del mundo. Con la excepción de Folha de São Paulo, los grandes medios brasileños trabajaron para el Lava Jato, pero en especial el noticiero nacional de TV Globo.

A su vez, Moro, Dallagnol y el grupo de tarea del Lava Jato instrumentalizaron el discurso de combate a la corrupción (diseñado por EU junto con la estandarización de los aparatos judiciales latinoamericanos) para promover una conspiración contra el Estado de derecho y derrocar a la presidenta Rousseff. En la cúspide jerárquica de la conspiración siempre aparece el ex juez Moro, el capomafia de un esquema criminal concebido en Washington y desarrollado por la oligarquía y otros poderes fácticos brasileños para encarcelar a Lula, implantar el régimen de excepción y colocar en la presidencia a la facción más entreguista de la extrema derecha. Lava Jato no fue sólo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma, sino también el argumento para que el presidente Jair Bolsonaro fabricara para Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña. No fue casual que en su visita a EU, acompañando a Bolsonaro, Moro visitara el Pentágono y la CIA en Langley.

Con variantes, el modelo geopolítico-punitivo de la guerra política por vía judicial y/o parlamentaria ( lawfare) se replica ahora en Argentina y Perú, con su carácter disciplinador, demonizador, inhabilitador y desmovilizador de impronta ­estadunidense.