Las reflexiones que se presentan a continuación se enmarcan en la celebración del Día internacionalde las Trabajadoras de Hogar y Cuidados (30 de marzo).

Su proclamación fue realizada en 1988 durante el Congreso de Trabajadoras del Hogar en Bogotá, Colombia, con el propósito de visibilizar las múltiples discriminaciones que sufren las personas trabajadoras domésticas, en su gran mayoría mujeres, y la falta de legislación que les pudiera amparar a ellas y a sus derechos.

Las Trabajadoras de Hogar y Cuidados (en adelante THC) constituyen –sin entrar en la problemática específica de las «trabajadoras del sexo»– elsector laboral más precario y feminizado: regulado al margen del Estatuto de los Trabajadores y mal integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, presenta, además, un bajísimo índice de sindicalización, así como de protección por parte de las autoridades laborales. Finalmente, el sector se caracteriza por una fuerte presencia de mujeres inmigrantes, lo cual añade un indudable componente de discriminación racial.

En el sector de las THC no sólo se reproduce la división «sexual» del trabajo, sino que, además se impone a la parte trabajadora un régimen de semiesclavitud. Las jornadas de trabajo interminables, el régimen de pernoctas y los sueldos de miseria, son sólo una muestra de las pésimas condiciones laborales típicas del sector. A eso, habría que añadiruna mayor vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas, como consecuencia de la legislación que regula el estatuto de la persona extranjera en España.

La «normalización» de las THC significa que un segmento de la población femenina autóctona logra «compaginar» su vida laboral con su vida familiar, no gracias a una mayor implicación de los hombres o de las empresas, como debiera ser, sino en base a la explotación de mujeres inmigrantes. Se trata, por regla general, de personas que han venido cargadas de una deuda, no sólo económica sino también «afectiva»puesto que han dejado a su propia familia al cuidado de otras mujeres en sus países.

En este contexto, el argumento, a menudo sostenido en algunos círculos feministas, de que la implantación de una Renta Básica Incondicional (en adelante RBI) conduciría a las mujeres a «retornar» al hogar, así como a los roles tradicionales otorgados impuestos a las mismas, no resulta muy convincente.

La RBI tiene como objetivo la eliminación de la pobreza monetaria, así como la ampliación de la autonomía y el margen de libertad de las personas, tanto en su vida familiar como laboral. Dichas metas se alcanzan especialmente gracias al carácter incondicional e individual de la prestación, lo cual permite crear una seguridad económica notablemente superior a la que pueda ofrecer una renta mínima condicionada, tal como la Renta de Garantía de Ingresos o el Ingreso Mínimo Vital.

El impacto previsible de una RBI en el comportamiento «laboral» de las mujeres, en ningún caso será directo o lineal, sino que estará mediado por un número de variables.
Podemos suponer, con la filósofa y economista Ingrid Robeyns, que mujeres con una gran capacidad de generar ingresos y una fuerte vinculación con el mercado laboral, no renunciarían a su empleo por el mero hecho de percibir una RBI.

Por otra parte, las mujeres con una menor capacidad de generar ingresos, combinada con una vinculación débil al mercado laboral, ganarían, a todos los efectos, con una RBI.

Las THC, por su parte, se vinculan con el mercado laboral de un modo específico. No les faltan ofertas de trabajo, pero, por regla general, sólo en condiciones precarias. A pesar de tener a menudo cualificaciones bastante superiores a lo que se exige para su ocupación, su movilidad laboral resulta particularmente reducida. Por otro lado, ni su estatuto como inmigrante, ni su entorno familiar, permiten márgenes suficientemente amplios para negociar sus condiciones laborales con contundencia. Desde luego, la falta de un mecanismo eficaz de negociación colectiva en el ámbito de las THC tampoco facilita las cosas.

Una RBI que no discrimine a las personas extranjeras no regularizadas, supondría un enorme apoyo para las THC, a la hora de negociar sus condiciones laborales y diseñar su trayectoria laboral y vital.

Además, las mismas se beneficiarían también de la revalorización del trabajo reproductivo que supone la implantación de una RBI. Dicha revalorización es el efecto de la desvinculación parcial de los ingresos, del mercado laboral, la cual forma parte de la esencia de una RBI.

El temor a que una RBI provoque un «abandono» significativo del mercado laboral por parte de las mujeres, está basado en una doble presuposición:

a) Que, por regla general, las mujeres se incorporan al mercado laboral con el único y exclusivo objetivo de «ganar algo de dinero», y que obtenido este a través de la RBI, dejan de interesarse en aquél.

b) Que, en los próximos años, no se tomará ninguna medida más de carácter público que facilite o incentive la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Resulta poco probable que ambas condiciones se cumplan conjuntamente. En cualquier caso, si ambas se cumplieran efectivamente, dicha situación debería considerarse un fracaso social, no de la RBI que se haya implantado previamente.

Dicho esto, una RBI sólo desplegará todo su potencial como medida en pro de la igualdad de género, si va acompañada de otras medidas pertinentes (Carmen Castro, llama a estas medidas, políticas, genero-transformativas, visión que compartimos).

Está claro que una RBI por sí sola no va a dar la vuelta a la división de género del trabajo. Tampoco va a acabar con esa violencia más difusa que se manifiesta a través del «efecto anti-Rey Midas» («todo lo que tocan las mujeres se devalúa socialmente», de Celia Amorós).

El movimiento feminista y las fuerzas progresistas en general, tenemos todavía muchas batallas por ganar antes de poder acabar con el sistema patriarcal, pero eso no debe ser un motivo para no tomar ya medidas que mejoren sensiblemente la situación de las mujeres (trabajadoras) más vulnerables.

Un temor bastante generalizado entre sectores de izquierda, que incluyen también a sectores feministas, consiste en ver, en cualquier propuesta de RBI, una especie de caballo de Troya, que esconde en su interior una maquinaría neoliberal capaz de acabar, de un plumazo, con el estado de bienestar, sustituyéndolo por una asignación monetaria a gastar en un mercado hegemónico de bienes y servicios (entre otros educativos y sanitarios). No cabe, en modo alguno, ridiculizar dicho «fantasma», pero tampoco procede que nos dejemos paralizar por ello. En cualquier caso, la RBI que proponemos, desde una perspectiva feminista y progresista, no supone ni incluye el desmantelamiento del estado de bienestar. Al contrario, con la implantación de la misma, pretendemos fortalecer y potenciar el sistema de protección social pública, en todas sus facetas actuales y futuras. Por eso, rechazamos todo tipo de propuestas de financiación de la RBI basadas principalmente en una «reestructuración de gastos sociales», y sostenemos que es inevitable que la RBI esté cimentada por una reforma fiscal muy radical y muy progresista, consiguiendo con la conjunción de ambas, un efecto redistributivo y un avance en la igualdad de rentas, históricamente desconocido salvo en situaciones revolucionarias.

Finalmente, cualquier voz que se levante contra la implantación de una RBI en base a especulaciones sobre los efectos que la misma pueda tener, debe también considerar la hipótesis contraria. ¿Cuáles serían los efectos –para las trabajadoras del hogar en este caso– si no introdujéramos una RBI y dejáramos las cosas más o menos como ahora? Es decir, ¿podemos permitirnos no tener una RBI, pensando en todo lo que está pasando a dichas mujeres en nuestra sociedad? ¿Qué podemos ofrecerles ahora mismo como alternativa a una RBI?

Y en otro sentido también, ¿hay algo que una RBI, una vez implantada, nos impediría hacer? ¿Nos quitaría tiempo o ganas para ser personas más conscientes, más solidarias y más colaboradoras por una sociedad justa e igualitaria?