Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

En Canarias, como en el resto del Estado español, la  «Ley de Memoria Histórica» no ha impedido la pervivencia de numerosas calles y plazas dedicada a homenajear a figuras de la dictadura franquista.

Entre ellos, cabe destacar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife que, muy lejos de ser tratado como correspondería conforme a la citada ley, podría convertirse en un Bien de Interés Cultural (BIC) a proteger, si sale adelante el   expediente que en días pasados ordenaba tramitar la jueza de la  de la sala de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Estas pervivencias físicas del régimen franquista, a las que habría que añadir las pervivencias ideológicas en aparatos del Estado como la propia judicatura, no cuentan con un rechazo masivo de la población isleña, a la que se le ha hurtado un conocimiento fidedigno sobre este periodo de nuestra historia reciente.

Este “robo” de nuestro pasado, que mucho tiene que ver con el pacto de silencio establecido durante la llamada “Transición a la democracia”, es paliado, no obstante, por algunos trabajos historiográficos como “Política e ideología en Canarias durante la postguerra”, de los  investigadores Ricardo A. Guerra Palmero y Aarón León Álvarez.

Este trabajo Guerra Palmero y León Álvarez nos lleva a explorar un oscuro capítulo de la historia de Canarias, marcado por la represión y el control social durante la posguerra. Su investigación revela cómo el triunfo del golpe de Estado de julio de 1936 convirtió las Islas Canarias en uno de los primeros territorios en ser sometidos a la dictadura franquista, instaurando políticas que dejaron cicatrices profundas en la sociedad isleña.

El golpe de Estado y la subsecuente represión no solo consolidaron el poder de los sectores sociales que lo habían visto amenazado durante el período del Frente Popular, sino que también permitieron la incorporación de nuevos grupos y elementos políticos al partido único, con los militares desempeñando un papel crucial hasta 1946.

 

Según Guerra Palmero y León Álvarez, la historiografía canaria destaca la creciente movilización obrera y la pérdida de poder de las fuerzas políticas tradicionales, reemplazadas por una respuesta unitaria y organizada de los trabajadores canarios.

La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 fue un duro golpe para las derechas canarias, que esperaban mantener el poder en el archipiélago.

Sin embargo, la reacción de los sectores oligárquicos fue inmediata: abandonaron las vías parlamentarias y reactivaron la actividad conspirativa, culminando en el golpe de Estado.

En Canarias, la burguesía trató de obstruir y boicotear la acción de gobierno del Frente Popular, exacerbando los temores a la revolución y al caos entre los sectores “de orden” y “bienpensantes”.

Según los historiadores Ricardo A. Guerra Palmero y Aarón León Álvarez, esta conspiración contó con la participación activa de militares como Francisco Franco, quien se convirtió en el jefe natural de la sublevación y en el referente de la oligarquía y las derechas tinerfeñas.

El 18 de julio de 1936, la proclamación del estado de guerra en Canarias marcó el inicio de una brutal represión. Desde los primeros momentos, las prisiones y comisarías se desbordaron de detenidos, y se habilitaron centros de internamiento mayores como la cárcel provincial y los campos de concentración de La Isleta y Gando en Gran Canaria, así como Los Rodeos y los salones de Fyffes en Tenerife.

  Guerra Palmero y León Álvarez señalan que alrededor de ocho mil presos pasaron por este universo carcelario, siendo las principales víctimas de torturas, “sacas” y asesinatos.

La represión franquista adoptó dos caras: una selectiva, dirigida a impedir la reacción de líderes políticos y sindicales, y otra indiscriminada, cuyo objetivo era paralizar a la población mediante el terror. Los líderes de izquierda y republicanos más destacados fueron detenidos, algunos fusilados y otros desaparecidos. Este clima de terror tuvo un efecto inmovilizador sobre la población, desactivando intentos de resistencia y marcando a hierro la vida cotidiana de muchas familias canarias.

Los beneficiarios del poder

Incluso durante la II República el poder económico y político se mantuvo en manos de aquellos que tradicionalmente habían detentado la hegemonía económica y social.

Los grandes propietarios plataneros, algunos agroexportadores y grandes almacenistas cercanos al poder, fueron también los principales beneficiarios de la situación creada por la dictadura. La implantación de la autarquía y el control del estado central sobre las instituciones canarias crearon un contexto de excepcionalidad económica y política, donde el poder local quedó subordinado al Estado a cambio de una “paz social” ilusoria.

La violencia se extendió a todos los aspectos de la vida cotidiana. La purga de funcionarios, la vigilancia permanente, el empobrecimiento masivo y la emigración clandestina hacia América, iniciada en 1945 con los llamados “barcos fantasmas”, son algunas de las manifestaciones de esta represión. Según Guerra Palmero y León Álvarez, las políticas represivas no solo buscaban eliminar la oposición política, sino también explotar económicamente a los vencidos a través de medidas como el sistema de redención de penas, las incautaciones y la Ley de Responsabilidades Políticas.

La dictadura franquista se apoyó en las viejas redes clientelares y caciquiles que habían operado en España durante décadas.

El partido único quedó reducido a encuadrar a la sociedad y a modernizar las estructuras debilitadas por la democracia republicana. En Canarias, las luchas internas y los enfrentamientos entre grupos fascistas y conservadores reflejaron las tensiones inherentes a un régimen que, aunque se presentaba como una revolución nacional-sindicalista, mantenía muchas de las prácticas corruptas y opresivas del pasado.

La ideología impuesta: Un instrumento de control

La dictadura franquista no se impuso solamente a través de la represión física, sino también mediante un control ideológico estricto.

Según los historiadores Ricardo A. Guerra Palmero y Aarón León Álvarez, la propaganda falangista jugó un papel crucial en la «españolización» de Canarias. Esta propaganda buscaba erradicar cualquier vestigio de identidad local y promover una adhesión ciega al régimen. La educación, los medios de comunicación y hasta las celebraciones populares fueron utilizados para difundir los valores del nacionalcatolicismo, asegurando así que la hegemonía del régimen no solo fuera política y económica, sino también cultural y espiritual.

Las escuelas se convirtieron en centros de adoctrinamiento donde se inculcaban los principios de la ideología franquista desde la infancia. Los textos escolares estaban llenos de alabanzas al Caudillo y a los valores tradicionales españoles, mientras que cualquier pensamiento crítico o independiente era suprimido.

Según Guerra Palmero y León Álvarez, la Iglesia Católica también jugó un papel fundamental en este proceso, colaborando estrechamente con el régimen para controlar las mentes y los corazones de los canarios.

En los medios de comunicación, la censura era omnipresente. Los periódicos, la radio y posteriormente la televisión eran utilizados para difundir la propaganda del régimen y para evitar que cualquier voz disidente pudiera ser escuchada. Según los historiadores, esto creó un ambiente asfixiante donde el miedo y la conformidad eran la norma.

Además, las fiestas y tradiciones locales fueron manipuladas para servir a los intereses del régimen. Celebraciones que antes tenían un carácter comunitario y cultural fueron transformadas en manifestaciones de lealtad al franquismo. Esto no solo reforzó el control del régimen sobre la vida cotidiana de los canarios, sino que también buscaba borrar cualquier forma de identidad que pudiera competir con la identidad española impuesta por Franco.

La imposición de esta ideología tuvo efectos devastadores en la sociedad canaria. La diversidad cultural y el pensamiento crítico fueron sofocados, y muchos canarios crecieron en un ambiente de miedo y conformidad, donde cualquier desviación de la norma podía ser severamente castigada.

Según Guerra Palmero y León Álvarez, esta represión ideológica dejó una marca duradera en la cultura y la identidad de las Islas Canarias, cuyos efectos podrían rastrearse hasta el momento presente.