Hay sectores laborales que funcionan como espejos del pasado. El trabajo doméstico y de cuidados en España y América Latina es uno de ellos: feminizado de manera aplastante, racializado con una sistematicidad que no puede atribuirse a la casualidad, y sostenido por una estructura legal que durante décadas garantizó la exclusión de quienes lo ejercen. El 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y su historia es política, colonial y combativa.

En España, el 95% de las personas dedicadas al empleo del hogar son mujeres, y al menos el 43% del total —contando solo a quienes están regularizadas en el Estado español— tienen nacionalidad extranjera, según datos del Sistema Especial de Empleadas del Hogar. Si se suman las trabajadoras en situación irregular, que representan una de cada cuatro migrantes del sector, la cifra crece de forma considerable: son mujeres que no constan en ninguna estadística oficial, que trabajan sin contrato y sin acceso a la Seguridad Social. El 36% del trabajo doméstico en España se realiza de manera informal según una encuesta de la Universidad de A Coruña y la Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos.

Una investigación realizada en 2025 en seis territorios del Estado por SOS Racismo constató que el 65,9% de las trabajadoras del hogar ha sufrido o presenciado discriminación racial, y que el 85,9% de las participantes procedía de países latinoamericanos, con Colombia, Nicaragua y Perú a la cabeza. Esos datos trazan la geografía de un orden establecido.

Ese orden tiene nombre: colonialismo. La presencia masiva de mujeres negras y racializadas en el trabajo doméstico no puede entenderse fuera de la historia que la produjo. Tras la abolición de la esclavitud —en Brasil en 1888, en Cuba en 1886—, el trabajo de limpieza, cocina y cuidado en casas ajenas pasó a ser el principal destino laboral disponible para las mujeres afrodescendientes. No fue un tránsito suave ni un progreso graduado. Fue la continuación de la misma lógica con diferente nombre legal. Angela Davis documentó con precisión cómo, en el contexto norteamericano, la abolición no liberó a las mujeres negras del trabajo doméstico, sino que las encadenó a él mediante la exclusión de otros mercados laborales. El patrón se repite con variaciones en toda América Latina y en la España que recibe a sus herederas migrantes. Como señala Angela Davis, durante la esclavitud las mujeres negras trabajaban en los campos junto a los hombres, lo que les otorgaba una igualdad penosa en la explotación; tras la abolición, muchas fueron empujadas al trabajo doméstico en casas ajenas, cuidando hogares y familias blancas mientras las suyas propias quedaban desatendidas. Este legado es la clave para entender por qué la racialización del cuidado no es un fenómeno reciente.

En Brasil, donde hoy más del 65% de las trabajadoras domésticas son mujeres negras —pretas o pardas, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística—, la organización política de este colectivo lleva casi un siglo. En 1936, Laudelina de Campos Melo, trabajadora doméstica afrobrasileña nacida en 1904 en Poços de Caldas, Minas Gerais, fundó en el estado de São Paulo la primera asociación de trabajadoras domésticas del país Fenatrad, en plena dictadura de Vargas y sin ningún amparo legal. Esa semilla germinó en décadas de lucha sindical que tuvieron en Creuza Maria Oliveira, presidenta de honor de la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas (FENATRAD), a una de sus figuras más relevantes. Oliveira comenzó a trabajar como empleada doméstica desde los diez años de edad. Siguió así hasta los veintiún años, sin percibir salario alguno. En 1984, decidió cambiar su realidad e ingresó al movimiento sindical. Hoy acumula más de cuarenta años de lucha por los derechos de una profesión cuya categoría fue menospreciada, maltratada y violentada por estar formada mayoritariamente por mujeres negras. La FENATRAD agrupa a 22 sindicatos y representa a aproximadamente 7,2 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos. Su lema es «Trabajo Doméstico es Profesión, no Esclavitud.»

• 

  Cristos blancos, fe negra. La invisibilización afro en la Semana Santa

  Jesús siempre tiene rostro europeo en las procesiones de Semana Santa. Analizamos el blanqueamiento iconográfico de Cristo, la Hermandad de los Negritos de Sevilla y el racismo simbólico en lo sagrado.
• 

  Lo que no te enseñaron sobre la esclavitud en España (y por qué)

  España fue la última potencia occidental en abolir la esclavitud, en 1886. La trata atlántica financió su revolución industrial y el sistema educativo aún lo silencia. Una historia que no se cuenta ni se enseña.

En España, el reconocimiento legal ha llegado con décadas de retraso y con vacíos que todavía dejan a muchas fuera de toda protección. Hasta 2022, las trabajadoras domésticas no tenían derecho a la prestación por desempleo, un derecho básico negado durante generaciones cuya exclusión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó de discriminación indirecta por razón de sexo. España ratificó el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos el 28 de febrero de 2023 —más de una década después de que la OIT lo aprobara en 2011—, y sus disposiciones no empezaron a ser exigibles hasta marzo de 2024. Según datos de Oxfam Intermón, el 34,3% de este colectivo vive en hogares en situación de pobreza. Que el trabajo que sostiene la cotidianeidad de millones de familias condene a la pobreza a quienes lo realizan es una de las contradicciones más brutales del modelo económico vigente.

En el Estad español, la organización de las trabajadoras domésticas tiene también su arquitectura propia. Edith Espínola, portavoz de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) y directora del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados (CETHYC) de Madrid, es una de las voces más lúcidas del sector: mujer migrante latinoamericana, trabajadora del hogar ella misma, habla desde una autoridad que no se estudia sino que se vive. «El sistema especial del empleo del hogar establece desde su origen que las trabajadoras domésticas tengan menos derechos que el resto. Es una estructura que legaliza la desigualdad», ha declarado en distintas ocasiones. SEDOAC, fundada en 2008 por mujeres migrantes que se organizaron para enfrentar las barreras legales y sociales del sector, lleva casi dos décadas exigiendo la equiparación plena al Régimen General de la Seguridad Social, ofreciendo asesoría jurídica, laboral y psicológica a trabajadoras en situación de vulnerabilidad, y poniendo nombre al racismo cotidiano que opera en la intimidad de las casas ajenas.

El racismo en el trabajo doméstico en España no opera únicamente en el plano estadístico. El informe de SOS Racismo sobre los cuidados en España recoge testimonios de malos tratos reales de trabajadoras: «Tú eres una extranjera. ¿Tú sabes que no tienes derecho a nada en este país? Me tienes que estar súper agradecida». O directamente: «latina de mierda», «negra antipática». Insultos escuchados en el lugar de trabajo, en la intimidad de la casa ajena, sin testigos, sin inspección laboral, sin contrato que proteja. La hipersexualización de los cuerpos de las mujeres migrantes, especialmente las latinoamericanas, se materializa en casos de acoso y abuso sexual que quedan silenciados por el miedo a perder el empleo y, con él, la posibilidad de regularización.

En Colombia, la presencia desproporcionada de mujeres afrocolombianas en el servicio doméstico reproduce la misma lógica del abandono territorial convertido en precariedad urbana. Las mujeres procedentes del Pacífico, de Cartagena y del Cauca migran a Bogotá, Medellín y Cali en busca de oportunidades que el Estado les ha negado históricamente en sus territorios de origen. Organizaciones como la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD) han denunciado durante años la triple discriminación que atraviesa este sector: por ser mujeres, por ser negras y por ser trabajadoras domésticas. Esa triple dimensión no es acumulativa; es un sistema donde cada eje refuerza a los demás, configurando una experiencia específica que no puede reducirse a ninguno de sus componentes por separado.

Lo que atraviesa todos estos escenarios —España, Brasil, Colombia— es la misma pregunta sobre el valor del trabajo que sostiene la vida. Una sociedad que delega el cuidado de sus mayores, sus hijos y sus hogares en los cuerpos más desprotegidos del sistema y después ignora o criminaliza a quienes se organizan para reclamar derechos, no tiene coherencia moral para hablar de bienestar colectivo. El trabajo doméstico es trabajo. Las mujeres negras y racializadas que lo realizan son trabajadoras, militantes y sujetos políticos. La historia de Laudelina o de Creuza lo demuestra con décadas de lucha. La pregunta pendiente es cuándo las estructuras que las explotan decidirán ponerse a su altura.

Redacción Afroféminas