La pandemia del Covid-19, y de todas las demás, evidencia la condición de muertes vivientes en las calles de Quito, Lima, Santiago, Bogotá, Río de Janeiro o Sao Paulo. Los cadáveres abandonados en las calles, producto de una desarticulación del sistema sanitario, convertido en negocio para las empresas de capital riesgo, atentan contra la dignidad humana. Los gobiernos que han privatizado la salud, quebrado el sistema sanitario, desprotegiendo a sus ciudadanos, son responsables. Aplican la necropolítica como arma de guerra. Y lo seguirán haciendo con o sin vacuna contra el Covid-19. Así ocurre con otras enfermedades donde el tratamiento es propiedad de una empresa. La pobreza, desnutrición o falta de higiene no son negocio. A las farmacéuticas les tiene sin cuidado su erradicación. No realizan investigación básica, sólo aplicada y con fines de rentabilidad. En este caso, hablamos de beneficios estratosféricos, que engrosarán la fortuna de empresarios, especuladores y consejos de administración. De esta pandemia unos pocos saldrán con los bolsillos llenos. La economía de mercado se encargará de ello. Con sólo pensar en la posibilidad de vender 2 mil millones de dosis para restablecer el equilibrio entre el virus y la inmunidad de rebaño, las ganancias serán obscenas. Siempre ha sido igual. Basta ver el tratamiento contra la hepatitis C. Su costo aproximado es de 1.5 euros y la dosis se vende por alrededor mil euros. Otro tanto ocurre con la vacuna contra la meningitis, del laboratorio británico GlaxoSmithKline, cuya inversión en I+D fue de 300 millones de euros. En tres años de comercialización (2015-2018) han obtenido beneficios por mil 200 millones. ¿Y para el tratamiento de Covid-19?, mientras no existe una vacuna, el Remdesivir es un paliativo que reduce el tiempo de recuperación, en otros términos, libera antes una cama de hospital. Su costo de producción, según los especialistas, no supera los cinco euros, la empresa lo vende en2 mil euros. A la hora de promover una investigación de cualquier enfermedad, la medida se realiza en términos de costo-beneficio.

Médicos Sin Fronteras, en un estudio de 2018, señaló que una vacuna o medicamento, en un país pobre cuesta 68 veces más que en uno desarrollado. No se discute la necesidad de encontrar una vacuna contra el Covid-19. Pero su distribución y venta no está pensada para toda la población. Los millones de ciudadanos que han soportado el confinamiento bajo el hambre, recurren a las ollas comunes, la solidaridad de clase y la resistencia para hacer frente a la pandemia. La crisis humanitaria no está en Venezuela, está en países donde el hambre, la evasión de impuestos, la pobreza, la desigualdad y la explotación se han cronificado, son pandemia y no interesa combatirlas.