La liquidación de los logros sociales en Francia confirma que el capitalismo ya no garantiza, en ningún país, la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y la preservación de los derechos sociales arrebatados a costa de muchos sacrificios.

La economía francesa está en cuidados intensivos, con respiración asistida y a punto de ser intervenida por la Unión Europea. Un reciente informe denuncia la preocupante ampliación del déficit público y la disminución del crecimiento, en un contexto de caída de la productividad y de las exportaciones.

La deuda es abismal. Desde la elección de Macron en 2017, en siete años de gobierno, la situación ha seguido empeorando. Los trabajadores asisten al deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo, a la aceleración de la precarización y al empobrecimiento generalizado, al aplazamiento de la jubilación, a la desindustrialización, al desmantelamiento de los servicios públicos, la agonía de los hospitales, el deterioro de su salud, materializado por el brote de patologías siquiátricas, el aumento de la delincuencia…

Un ejemplo: tras los cambios políticos en el Sahel, en los seis primeros meses de este año la empresa pública Orano ha perdido 133 millones de euros, un retroceso espectacular respecto al beneficio de 117 millones de euros obtenido en el mismo período del año anterior.

El futuro de Francia es como el de Grecia… y no por las olimpiadas

El futuro de Francia es como el de Grecia… en el mejor de los casos, y no por las olimpiadas precisamente. Hace 15 años Grecia experimentó una larga y profunda recesión económica debido a la crisis financiera de 2007-2008 y el hundimiento de la deuda soberana. La recesión ha supuesto una contracción del 25 pro cien de su PIB.

Bajo la presión de sus acreedores, Grecia tuvo que aceptar tres planes sucesivos de ayuda de Bruselas, que descubrió que las cuentas habían estado manipuladas durante años. Miles de millones de euros de deuda habían pasado desapercibidos y el déficit público del 6 por cien era más del doble.

Parecía que era algo típico de un país como Gercia. Ahora sabemos que Francia ha hecho lo mismo. El gobierno ha estado ocultando la verdadera magnitud del déficit público, que aumentó hasta el 5,5 por cien del PIB frente al 4,9 previsto inicialmente. El agujero es de 154.000 millones de euros.

La deuda pública también es mayor a lo esperado, del 110,6 por cien del PIB, mientras que la previsión oficial inicialmente era del 109,7 por cien. Al gobierno de Macron le acusan de mentir y de utilizar la olimpiadas como una cortina de humo para tapar la quiebra.

‘Procedimiento de déficit excesivo’

La Unión Europea ha decidido demandar a Francia por “procedimiento de déficit excesivo”. Los numerosos desvíos presupuestarios que enfrenta el país podrían costarles caros a los franceses, ya que Bruselas se reserva el derecho de imponer una fuerte multa al gobierno.

La multa se calcularía sobre el presupuesto francés y correspondería al 0,1 por cien del mismo. Por cada año en el que se imponga esa multa, París tendría que pagar alrededor de 2.500 millones de euros a la Unión Europea.

Pero en París están tranquilos: la Comisión Europea amenaza pero nunca ha aplicado esas sanciones. No obstante, hay algo peor que la multa: lo mismo que Grecia, Francia sólo puede salir adeante con la ayuda económica de Bruselas, que podría verse bloqueada.

Los confinamientos fueron un lastre, pero también un alivio

Los confinamientos fueron un derroche absurdo de dinero para Francia, lo mismo que para los demás países del mundo. La ventaja fue que Bruselas suspendió las normas relativas al déficit excesivo durante la pandemia, lo que permitió a los países miembros financiar los confinamientos con más deuda.

Pero aquello se ha acabado y ahora el gobierno francés tendrá que presentar a Bruselas un plan presupuestario de cuatro años. Bajo esa terminología se camufla un plan para reducir el déficit público del orden del 0,5 por cien de su PIB cada año… en unas condiciones de máxima inestabilidad política.

No hay dinero para pagar la transición energética

El martes la Comisión Reguladora de la Energía (CRE) anunció que el coste de financiar la transición energética sed ha disparado hasta los 4.200 millones de euros a lo largo del año. Se trata de 3.500 millones de euros más que sus previsiones iniciales, que datan del pasado mes de julio y que preveían un gasto de 647 millones de euros para todo 2024.

Queda por ver qué sucederá después de 2024. Según la Comisión, el gasto público vinculado al apoyo a las energías renovables debería seguir aumentando hasta alcanzar unos 6.000 millones de euros en 2025 y esta tendencia probablemente continuará después de esta fecha, si los precios del mercado no vuelven a dispararse.

Las energías renovables fueron el cuento de la lechera. En abril de 2022 la asociación francesa de energía eólica aseguraba que hasta 2035 la energía eólica aportaría al Estado unos ingresos netos estimados en 18.000 millones de euros. Ahora todas las previsiones son de gastos cada vez mayores.

En 2025 los paneles solares deberían representar alrededor de la mitad de los 6.000 millones de dólares de ayudas públicas para la energía. Mientras que la energía eólica representará un coste de 100 millones de euros, la inyección de biogás algo más de mil millones de euros y la energía eólica marina 500 millones de euros, la energía fotovoltaica por sí sola costará casi 3.000 millones de euros a las finanzas públicas.