El cuestionamiento sobre la reelección del presidente venezolana Nicolás Maduro no tiene mucho que ver con el resultado de la reciente elección presidencial. En realidad, los straussianos estadounidenses (o sea, los discípulos de Leo Strauss, cuyo pensamiento fue popularizado por ciertos periodistas neoconservadores [1]) ya consideraban, desde que llegaron al poder en Estados Unidos –el 11 de septiembre de 2001–, que había que derrocar al presidente venezolano Hugo Chávez, quien había llegado al poder gracias al veredicto de las urnas. Desde entonces, Venezuela ha sido blanco de varias intentonas golpistas y de “revoluciones de colores”.

El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el heredero político de Hugo Chávez, aunque quizás sin la misma estatura. En 2019, el entonces secretario de Estado de la administración Trump, Mike Pompeo, asignó al straussiano Elliott Abrams la misión de derrocar al presidente Maduro.

Elliott Abrams, quien ya había estado metido hasta el cuello en las masacres perpetradas en Guatemala durante los años 1980, en el escándalo Irán-Contras (este último incluso le valió una condena de la justicia estadounidense por haber mentido al Congreso [2]) y en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Chávez [3], es hoy el hombre que dirige, en Israel, la limpieza étnica en la franja de Gaza, a la sombra de Benyamin Netanyahu [4].

En el caso de Venezuela, Elliot Abrams se apoyó en un joven diputado llamado Juan Guaidó, logró que un grupo de diputados lo eligieran presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente le ordenó cuestionar la elección del presidente Nicolás Maduro y autoproclamarse Presidente de la República, en enero de 2019.

Después de haber recibido el “reconocimiento” de las potencias occidentales [5], de haber saqueado los bienes del país en el extranjero [6] y de haber organizado infructuosamente varias intentonas golpistas [7] y actos de terrorismo [8], Juan Guaidó huyó de Venezuela, en 2023, y hoy vive en Miami (Estados Unidos). Ahora, en 2024, aparece en lugar de Guaidó un nuevo títere abiertamente manejado por otra opositora extremista, María Corina Machado.

Finalmente, el presidente Donald Trump suspendió la aplicación del plan de Elliott Abrams contra Venezuela [9] justo antes de que el SouthCom (el mando de las fuerzas estadounidenses para Latinoamérica) iniciara una operación militar contra ese país.

María Corina Machado participó en el golpe de Estado de 2005 contra el presidente Hugo Chávez, fue candidata liberal a la presidencia de la República en 2012 (como candidata militaba por la privatización de los recursos naturales venezolanos, fundamentalmente el petróleo), calificó al presidente Chávez de “ladrón”… porque este había iniciado una serie de expropiaciones, acompañadas de importantes indemnizaciones y, en 2014, fue destituida de su mandato como diputada por haber aceptado que el presidente de Panamá Martín Torrijos la nombrara “embajadora” de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En 2005, siendo su partido financiado por la estadounidense National Endowment for Democracy (NED), María Corina Machado fue recibida por el presidente estadounidense George W. Bush en la Oficina Oval de la Casa Blanca (ver foto). En 2014, la señora Machado fue una de las principales figuras implicadas en “La Salida”, una campaña de disturbios y de actos de violencia tendiente a derrocar al presidente Nicolás Maduro [10]. En 2015, María Corina Machado esperaba que el ejército de Estados Unidos la pondría en el poder, durante la “Operación Jericó” [11].

En 2020, María Corina Machado, junto a otros nostálgicos de las dictaduras latinoamericanas, firma la “Carta de Madrid”, donde se describe a los gobiernos latinoamericanos de izquierda como afiliados al “comunismo cubano”. Ese mismo año, la justicia venezolana la inhabilita para presentarse como candidata en cualquier tipo de elección, decisión basada en una serie de correos electrónicos de la propia María Corina Machado que demuestran su participación en un nuevo intento de golpe de Estado.

Al no poder presentarse como candidata a la elección presidencial, la señora Machado designa a una filósofa de 80 años, Corina Yoris, para ser candidata de Vente Venezuela, el partido de extrema derecha encabezado por la propia María Corina Machado. Pero la candidatura de la señora Yoris no prospera y María Corina Machado recurre entonces a otro desconocido, Edmundo González Urrutia, un oscuro ex diplomático de 75 años. Por cierto, si bien María Corina Machado se presenta como seguidora del “capitalismo popular” de la británica Margaret Thatcher, “su” candidato tiene la precaución de distanciarse del actual presidente de Argentina, el seudo libertariano Javier Milei.

La elección presidencial venezolana de 2024

La elección presidencial venezolana tuvo lugar el 28 de julio. Aunque la lectura de la prensa occidental deja invariablemente al lector con la impresión de que sólo había 2 candidatos, en realidad participaron 10 candidatos. Como siempre se ha hecho en Venezuela desde más de 15 años, los electores utilizaron máquinas de votar electrónicas, no conectadas a internet, que entregan al votante una constancia impresa en papel que le permite comprobar cómo se registró su voto antes de depositar ese comprobante en una urna.

Para hacer trampa habría que manipular las máquinas antes de proceder a la votación. Pero el buen funcionamiento de las máquinas de votar se comprueba en varias ocasiones antes de la consulta electoral, mediante controles técnicos realizados en presencia de personal enviado por cada uno de los partidos que participan en la elección y nadie ha denunciado una manipulación de ese tipo. Además, durante el proceso electoral también se verifican los votos registrados electrónicamente en las máquinas de votar con las papeletas físicas (en papel) que las máquinas entregan a los votantes y que estos depositan personalmente en la urna.

Por otra parte, por ser Venezuela un vasto país con problemas de comunicaciones, la Constitución concede al Consejo Nacional Electoral (CNE) un plazo de 30 días para compilar las actas de los centros de votación y proclamar el resultado final de la elección.

Sin embargo, al día siguiente de la votación, e incluso antes de la proclamación de los resultados preliminares, el 29 y el 30 de julio, la formación política de María Corina Machado (Vente Venezuela) ya aseguraba que el resultado era falso. Seguidamente, elementos de ese partido atacaban 12 universidades –incluyendo la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuyas instalaciones acababan de ser restauradas–, 7 centros de la enseñanza preuniversitaria y 21 centros de la enseñanza media, donde causaron importantes daños. También atacaron 3 hospitales y al menos 37 dispensarios, así como 6 depósitos de alimentos y centros de distribuciones de alimentos a la población.

Después de esos “incidentes”, el presidente Nicolás denunció que el 70% de los individuos detenidos mientras cometían aquellos actos de violencia eran venezolanos que acababan de regresar al país y que muchos de ellos habían confesado haber recibido entrenamiento en Texas (Estados Unidos). «Los elementos violentos quemaron una radio comunitaria y atacaron 11 estaciones del metro de Caracas. Pretendían quemar los trenes, pero fueron rechazados por los trabajadores (…) 10 sedes regionales del Consejo Nacional Electoral también fueron atacadas, al igual que su sede central, en Caracas, atacada cuando estaban allí al menos 60 invitados internacionales que se hallaban en el espacio reservado a los observadores. [Los invitados] salieron de allí sanos y salvos gracias a la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana, que los protegió y que arrestó allí mismo más de 20 miembros de los “comanditos”», explicó el presidente.

Suele decirse que durante los últimos años una séptima parte de la población venezolana ha huido del país, donde las condiciones económicas han sufrido una grave degradación. Esos venezolanos huyen generalmente de la violencia y lo hacen bajo la influencia de una intensa campaña de propaganda tendiente a convencerlos de que el presidente Maduro pretendía “colectivizar” la propiedad privada. Rápidamente, muchos comprendieron que habían sido engañados, pero ahora no logran regresar a su país. Pero otros sí lograron regresar, justo antes de la elección presidencial y con ayuda de la oposición proestadounidense.

María Corina Machado y “su” candidato, Edmundo González, quizás no llamaron a la violencia, pero está claro que su partido político –Vente Venezuela– coordinó los actos de violencia.

Durante esos intentos de desestabilización paramilitar, en este momento definitivamente fracasados, Estados Unidos trató de que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA), para legitimar una intervención militar extranjera. Pero la mayoría de los países latinoamericanos se opuso a esa maniobra [12].

El día de la elección presidencial venezolana un ataque informático bloqueó el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral, cuando este había recibido el 81% de los resultados. Fueron necesarios varios días para reparar los daños causados por el ciberataque, pero Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los grandes medios de la prensa occidental prefieren ignorar ese hecho.

El 2 de agosto, la Cámara Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, realizó la tradicional ceremonia durante la cual los candidatos a la elección presidencial firman el documento con el que validan el resultado de la consulta, anunciado previamente por el Consejo Electoral Nacional. De los 10 candidatos que habían participado en la elección, 8 firmaron el documento final, reconociendo así la validez del escrutinio. Uno de los candidatos estuvo presente en la ceremonia, pero no firmó el documento. Sólo uno de los 10 candidatos, Edmundo González Urrutia, no se presentó a la ceremonia.

En el marco de esa ceremonia, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció que, a pesar del ataque informático sufrido, el Consejo ya había logrado recuperar el 96,87% de los resultados transmitidos por los centros de votación. Sobre la base de ese 96,87% de los datos, y en espera de completar la compilación, el presidente del CNE proclamó oficialmente los resultados parciales, que recibieron el aval de 8 de los candidatos.

Con una participación del 59,97% de los electores inscritos, se registraron los siguientes resultados:
• Nicolás Maduro – PSUV (Gran Polo Patriótico Simón Bolívar): 51,95% de los votos válidos
• Edmundo González – MUD (Plataforma Unitaria Democrática): 43,18%
• Luis Eduardo Martínez – AD (Alianza Histórica Popular): 1,24%
• Antonio Ecarri Angola – Lápiz (La Nueva Venezuela): 0,94%
• Benjamín Rausseo – Conde: 0,75%
• José Brito – PV (Plan B): 0,68%
• Javier Bertucci – El Cambio:
• Claudio Fermín – SPV: 0,33%
• Enrique Márquez – CG (Pacto Histórico): 0,24%
• Daniel Ceballos – AREPA (Pacto de Esperanza): 0,16%

El 4 de agosto, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Josep Borrell, deploraba que el CNE no hubiese publicado las actas de los centros de votación y afirmaba que, en esas condiciones era imposible creer los resultados proclamados [13]. Naturalmente, la Constitución de Venezuela precisa que, después de la firma del documento final por parte de los candidatos, quien cuestione los resultados está en la obligación de aportar las pruebas que justifiquen su alegación.

La instrumentalización internacional del desorden

En definitiva, las maniobras desestabilizadoras de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no han tenido esta vez más impacto que las anteriores. Agitando un sondeo de la firma DatinCorp realizado antes de la elección presidencial que atribuía al candidato de Vente Venezuela un 50% de las intenciones de voto, esos dos personajes publicaron en internet una serie de documentos presentados como actas de los centros de votación y cuestionaron la honestidad del conteo realizado por el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, para el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se trata de «pruebas aplastantes».

Pero el hecho es que DatinCorp no es una firma especializada en la realización de sondeos de opinión sino una empresa que se dedica a promover los intereses de compañías mineras y petroleras especialmente interesadas en derrocar al presidente Maduro.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, observó rápidamente que las actas presentadas como «pruebas aplastantes» ni siquiera cumplen los parámetros que se aplican en las elecciones venezolanas ya que faltan los nombres de los responsables de los centros de votación y sus firmas.

El gobierno venezolano, que ya se preparaba para enfrentar algún tipo de cuestionamiento de parte de la oposición extremista, había invitado un grupo de expertos en elecciones de las Naciones Unidas. En un primer esbozo de sus conclusiones, ese “panel de expertos” de la ONU, reconoce que la votación y el escrutinio fueron válidos, confiables y estuvieron bien organizados, pero también afirma que «el proceso de manejo de los resultados por parte del CNE no respetó las reglas básicas de transparencia y de integridad esenciales para la realización de elecciones creíbles. No respetó las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y los plazos estipulados no fueron respetados» [14]. El grupo observa que todavía no ha habido explicaciones sobre la anomalía informática que impidió al CNE proclamar en su momento los resultados completos.

El 24 de agosto, en reacción al contenido del informe preliminar del panel de expertos de la ONU –emitido el 9 de agosto–, pero ignorando las informaciones que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela había publicado después, el Alto Representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaraba en nombre de la UE: «El Panel de Expertos de las Naciones Unidas confirmó que una muestra de las “actas” examinadas y publicadas por la oposición presentan las características de los protocolos de resultados iniciales, confirmando así su fiabilidad. Según los ejemplares publicados de las “actas”, Edmundo González Urrutia parece ser el vencedor de la elección presidencial por amplia mayoría.»

En resumen, en el plano internacional ya nadie parece interesado en saber lo que realmente sucedió. Más bien se invita a todos a optar por un bando, sobre todo a ponerse del lado de Edmundo González y de Estados Unidos y en contra del “régimen de Maduro”.

Por principio, los gobiernos latinoamericanos “de derecha” (en el sentido de los tiempos de la guerra fría) apoyan al candidato Edmundo González, mientras que algunos gobiernos “de izquierda” (también en el sentido de la guerra fría) respaldan al presidente Nicolás Maduro.

Pero el presidente de Chile, Gabriel Boric es un caso particular. Electo como presidente “de izquierda”, Gabriel Boric ha iniciado un viraje espectacular desde que fracasó en su intento de reformar la actual Constitución chilena, adoptada bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. A partir de ese revés, el presidente chileno Boric se alineó junto a la posición occidental y ahora está llamando a los demás presidentes latinoamericanos de izquierda a pronunciarse… por una “cohabitación” en Venezuela entre el presidente Nicolás Maduro y el representante de la oposición extremista Edmundo González. Dicho claramente: no importa el veredicto de las urnas, lo que interesa es que Edmundo González llegue al poder de alguna manera.

Sólo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha adoptado una actitud realmente mesurada. Sabiamente, próximo a terminar su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, llamó los demás gobiernos a respetar las instituciones venezolanas, tomando nota simultáneamente de la importancia de la oposición y del respaldo popular a favor del presidente Maduro.