El problema de estas visiones es que invisibilizan una serie de cuestiones relevantes y desprecian una sociología política de la crisis boliviana: ni la tesis del golpe de Estado tout court ni la del no golpe son capaces de dar cuenta de la deriva reaccionaria concreta en la que ingresó Bolivia, que combina un proceso de derechización desde arriba y, también, desde abajo, es decir, desde la propia sociedad civil. Tampoco informa sobre la forma en que se movieron los actores de ambos bloques en esas jornadas y después. Ni sobre la compleja secuencia de acontecimientos.

Hay dos cuestiones que deben enfrentarse para hacer cualquier «anatomía del derrocamiento» del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), sin dejar de lado los «instantes huidizos» que en contextos de crisis definen el devenir de los acontecimientos.

La primera es que las organizaciones sociales, pese a las promesas de sus dirigentes en reuniones con Evo Morales, no salieron de manera significativa a defender al «gobierno de los movimientos sociales» en los momentos decisivos. La segunda: que los militares jugaron sus cartas «en última instancia», es decir después de que el gobierno fuera superado por la reacción en las calles, lo que incluyó un amotinamiento policial en coordinación con los sectores más derechistas de la oposición, especialmente con el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y una radicalización de las movilizaciones. Es esto último lo que habría hecho fracasar las negociaciones que, según referentes del MAS, habían avanzado con Carlos Mesa en favor de una salida que incluía la renuncia de Evo Morales y la asunción de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, en una especie de gobierno transitorio de consenso para llamar a nuevas elecciones.

Todo esto no anula la tesis del golpe. En efecto, que los militares «sugieran» la renuncia del presidente y le coloquen la banda presidencial a su sucesora se parece bastante a un golpe. Al igual que la evidencia de que los mandos, especialmente la fuerza aérea, habrían comenzado a actuar por su cuenta antes de la renuncia de Evo Morales, es decir cuando aún era Comandante en Jefe. (Hay que decir, también, que los militares fueron «politizados» en estos 14 años, incluyendo cursos en la Escuela Antiimperialista, etc., legitimando cierta injerencia política, aunque en el caso de Bolivia nunca fueron parte orgánica del poder como en Venezuela). No obstante, es necesario colocar la cuestión del golpe en un marco más amplio: la crisis de una forma de ejercer el poder cuyo origen hay que buscarlo en el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el gobierno consultó a la población sobre un cambio constitucional y el «No» a la reelección indefinida se impuso por 51,3% a 48,7% y, más ampliamente, en la imposibilidad de pensar la posibilidad de una derrota electoral.

El MAS –al igual que parte de la izquierda global– subestimó entonces lo que significa pasar por encima del resultado de una consulta al pueblo y se apeló a una miríada de argumentos para relativizar los resultados. A partir de ese momento, y por primera vez desde 2006, la bandera democrática quedó en manos de la oposición, con importantes consecuencias hacia el futuro.

Tras el 21-F, el gobierno dedicó todas sus energías a pergeñar vías para la reelección. Casi no hubo otro tema en la agenda. En ese marco es que, a finales de 2017, el Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales. Eso fue lo que terminó de crear el caldo de cultivo para la (re)emergencia y legitimación de figuras radicales, como el propio Camacho, quien llegó a la cabeza Comité Cívico con la bandera del 21-F y denunciando un «pacto» de las elites cruceñas con el gobierno del MAS.

La campaña electoral, como refleja el documental de Diego González, «Antes del golpe», careció de épica, se basó en la movilización de recursos estatales más que en la movilización social y tensionó enormemente el clima político. Sobre esa tensión es que se montaron las denuncias de «fraude» el 20 de octubre, que tuvieron respuestas descoordinadas, y por momentos poco creíbles, de parte del gobierno, lo que que terminó de minar la legitimidad presidencial. Todo ello ayudado por el timing preciso de la Organización de Estados Americanos (OEA) para adelantar su informe. Con la paradoja de que, en el inicio de la campaña electoral, Luis Almagro había sido denunciado de secuaz de Evo por la oposición y el ex presidente Jorge Tuto Quitoga lo acusó incluso de «vender su alma» al gobierno del MAS.

Es claro que Evo Morales no cayó por su propio peso como sostuvo Rita Segato. El MAS cayó por la movilización se sectores urbanos, ayudados por un motín policial en los 9 departamentos del país y, finalmente, por las FFAA, en un contexto de extremada violencia contra cualquier persona identificada con el oficialismo que rayaba con un clima de fascistización social. Esas movilizaciones denunciaron sobre déficits democráticos reales, pero como ya ocurriera con otros levantamientos «antipopulistas», como el de 1946 que terminó con el brutal asesinato y colgamiento del presidente Gualberto Villarroel, el resultado no fue más democracia sino a un tipo de revanchismo reaccionario y antipopular.

Esa dimensión fue un punto ciego para la izquierda crítica, que, pese a las tempranas evidencias, diluyó la dimensión restauradora del nuevo bloque de poder y solo se enfocó en la «disolución de la dominación masista». Pese a que las movilizaciones incluyeron a diversos actores y sensibilidades ideológicas (ecologistas, progresistas, feministas, etc.), la derecha conservadora se impuso sin dificultades. Un caso excepcional es el de la feminista libertaria María Galindo, quien, pese a sus fuertes críticas al MAS, se posicionó enérgicamente contra el giro conservador y reaccionario. Un giro, hay que decirlo, que incluyó diversos tipos de grupos civiles que acosaron embajadas, sobre todo la mexicana donde hay asilados, y viviendas particulares, y adoptaron estéticas y formas de movilización de extrema derecha.

En el caso del exterior, una gran parte de las izquierdas, sobre todo las nacional-populares, asumieron un tipo de solidaridad internacionalista que tuvo escasos efectos en Bolivia, donde no existió una resistencia antigolpista en sentido estricto. Mientras que el núcleo en el exilio denunciaba el golpe desde Buenos Aires con una radicalidad que no daba cuenta de las posibilidades de acción en la coyuntura boliviana, el propio bloque parlamentario del MAS, que controla dos tercios del Congreso, entró en una dinámica de «pacificación» y negociación con la presidenta interina Jeanine Áñez y se alejó de las instrucciones del ex presidente. Hay varios elementos para explicar esta situación. Uno es la falta de organicidad del MAS y el decisionismo presidencial: tras la renuncia de Evo Morales y la salida del poder de otras figuras «fuertes» del anterior gobierno, parlamentarios que consideraban que no habían tenido el lugar que merecían se vieron en una inédita situación de poder (como la alteña Eva Copa) y comenzaron a jugar en la nueva cancha con la legitimidad de «haber puesto el cuerpo». Por otro lado, al permanecer en Bolivia, estos parlamentarios tenían una mayor conciencia de las nuevas relaciones de fuerza y de la amplitud del rechazo al MAS, sobre todo en los días posteriores a la salida del país de Morales. (Y posiblemente, también, algunos solo cuidaran sus salarios y sus cargos).

A su turno, las organizaciones sociales combatieron por algunas cuestiones sensibles, como la defensa de la Wiphala, pero no pidieron el retorno de Evo Morales al poder. Esto mostró la distancia entre el exilio y Bolivia, pero también refleja la situación de unos movimientos sociales debilitados ¿paradójicamente? por años de «gobierno de los movimientos sociales»: falta de pluralismo e imposición de las decisiones gubernamentales, pérdida de intensidad de la vida interna, capas dirigenciales demasiado interesadas en ocupar cargos en el Estado, etc. En muchos sentidos, y con el alto pragmatismo que suele caracterizarlas, las organizaciones se prepararon para el escenario post-Evo (lo que no significa que el ex-presidente no siga siendo una figura popular ni que su carrera política haya concluido). Una muestra de ello fue el apoyo a David Choquehuanca como candidato presidencial –una figura hoy resistida por Morales que finalmente quedó como compañero de binomio del ex ministro de Economía Luis Arce Catacora, apoyado desde Buenos Aires– y el entusiasmo que genera el joven cocalero Andrónico Rodríguez hoy a la cabeza de hecho de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que siguen siendo presididas por Morales.

En efecto, el núcleo en Buenos Aires, la bancada parlamentaria y las organizaciones sociales (especialmente las de matriz campesina) son las tres galaxias que hoy dan cuenta de lo que es el MAS, una organización que siempre careció de una verdadera organicidad y cuyo «pegamento» fue la expectativa de acceso al Estado para sectores populares largamente excluidos del poder. Si bien Evo Morales fue central para mantener unido al MAS, nunca fue estrictamente un líder carismático. De manera progresiva, debido a las necesidades reeleccionistas, fue asumiendo el papel de un «líder irreemplazable», pero su legitimidad siempre se basó en la idea de autorrepresentación campesina que es un mito de origen del MAS y en la imagen de que «Evo es uno de nosotros».

Las vías seguidas por el proceso de cambio boliviano pone sobre la mesa varias cuestiones. Una de ellas es la posibilidad de pensar de manera no catastrófica la salida del poder y las consecuencias de forzar una y otra vez, contra viento y marea, la reelección presidencial; y junto con esto visiones excesivamente instrumentales de la democracia. La otra es cómo combinar el impulso hacia cambios profundos con un ejercicio pluralista del gobierno y una mejora de la vida cívica. (Salvo que se piense, como en efecto lo hacen algunos «bolivarianos», que la caída del MAS fue porque el gobierno no habría apretado suficientemente las tuercas –como sí lo hacen Nicolás Maduro y los militares venezolanos– y que el problema habría sido, entonces, el «exceso de democracia»). Y, junto con ello, un aspecto clave es cómo evitar que se legitimen los backlash reaccionarios.

Como se puede ver revisando la historia reciente, Evo Morales ganó en 2014 con más del 60% de los votos, y en esa ocasión triunfó incluso en la reticente Santa Cruz gracias a la buena situación económica. El periodista Fernando Molina habló incluso, con evidencias, del «fin de la polarización». Por entonces, nadie hablaba de «tiranía», como ahora lo hacen a diario los columnistas de clase media en unos medios que no cejan en su empeño de inyectar mística a la «revolución de las pititas» (por los cordeles usados en los bloqueos de calles), leída como una «revolución libertadora». Hasta se habló de «14 años de penumbra»: el sol parece que no salía bajo el evismo. Pero, contra la creencia de algunos sectores nacional-populares, lo que re-polarizó a Bolivia no fueron medidas radicales del gobierno (no hubo ninguna desde 2014) sino la insistencia en la reelección indefinida, en un país que a lo largo de su historia fue anti-reeleccionista y estuvo plagado de amotinamientos contra quienes intentaron seguir en el poder. En este caso, sobre ese movimiento se aupó una reacción más amplia contra la emergencia plebeya que en estos años erosionó como nunca antes el poder «señorial» en al país.

En este contexto, el MAS entra en una nueva etapa de recomposición, tras el golpe que significó la salida del poder, y quizás de autocrítica. En cualquier escenario, el MAS será clave en la futura gobernabilidad. Incluso si pierde la presidencia podría tener la mayoría parlamentaria. Las encuestas muestran que mantiene una base dura de apoyo popular que ronda el 30% y hoy es la única fuerza de izquierda con proyección política en el país, y la más importante en el mundo rural boliviano.