Científicamente hablando, sabemos que la nueva variante ha surgido en el este de la República Democrática del Congo (RDC), un país enorme, en extensión, culturas y riqueza natural, y, precisamente, esta maldición de la abundancia todavía provoca que funcione bajo la herencia de un colonialismo expoliador. Como muchas veces hemos visto en los medios de comunicación, la selva frondosa y otros parajes naturales están salpicados de muchas minas a cielo abierto, donde las condiciones de trabajo son absolutamente precarias y donde la explotación infantil es la norma. Es decir, confluyen dos ingredientes; el primero, la deforestación, que hace posible que las personas entremos en contacto con los virus de los animales; el segundo, una situación social con deficiente atención sanitaria, carencia de acceso a agua potable, condiciones higiénicas inexistentes y un devenir forzado para muchas mujeres hacia los trabajos sexuales, favorable para el contagio y la extensión de una nueva epidemia.

La viruela del mono, de hecho, en este lugar no es nueva. Lo que tenemos es un nuevo brote que, solo ahora que parece que se extiende hacia Occidente, ha despertado la preocupación de las instituciones internacionales y de los gobiernos de los países desarrollados. Esta actitud es una de las características propias de una relación, para continuar hablando en términos biológicos, de parasitismo, donde el Norte capitalista vive a expensas de un huésped, el Sur global, sin preocuparse del mal que le genera.

Pero, ¿podemos concretar qué capital hay detrás? En la RDC conviven la minería artesanal con grandes operadores internacionales. Se pueden encontrar tanto bajo el control del gobierno como bajo control de grupos rebeldes de la zona, pero directa o indirectamente es habitual el apoyo de capital de fondos extranjeros. En concreto, si revisamos información al respecto de la minería en Kamituga, zona cero del nuevo brote, aparecen tres corporaciones significativas: SAKIMA, Kamituga Mining y, sobre todo, Banro Mining.

Banro es una transnacional que tiene su sede bien lejos, en Toronto, Canadá, e históricamente ha mantenido posiciones de privilegio en la RDC. De hecho, ha participado y participa de los negocios de las otras dos corporaciones mencionadas. Gracias a entidades como Mining Watch Canada podemos acercarnos un poco a los oscuros mecanismos de acción de estas corporaciones mineras. Según datos del 2020, “Banro dispone del paquete de tierras combinado más grande de cualquier empresa minera de oro en el continente africano. Con cuatro licencias mineras y diecisiete permisos de exploración, las perspectivas de Banro cubren 7.500 km² del cinturón de oro de Twangiza-Namoya en la RDC”. Y las informaciones que describe dicho observatorio son alarmantes, porque responsabiliza a la transnacional de al menos tres tipos de violaciones de los derechos humanos: traslado forzoso de partes de la población local; muertes por la falta de medidas de seguridad; e impedimento del derecho del trabajador a formar sindicatos, abriendo la puerta a que, finalmente, aparezcan y se repitan los lamentablemente habituales brotes de violencia. Hace más de treinta años que este territorio vive en guerra.

El filósofo y escritor Paul B. Preciado insiste en que vivimos bajo un modelo de organización social que él denomina “petrosexorracial” donde la dependencia del combustible fósil va ligada “a la legitimación de la destrucción del ecosistema y la dominación de unos cuerpos sobre los otros”. La epidemia de la viruela, como hemos visto, le da la razón. Y si añadimos que buena parte de lo que el capital extranjero extrae de esta tierra africana es el coltán, demandado por la industria de la llamada transición ecológica, creo que lo justo y razonable sería rebautizarla como “la viruela del mono hipócrita”.