A pocos meses de la carta de Felipe González en apoyo a Martín Villa, acusado de crímenes de Estado, aparece otra también firmada por González en 1976 ofreciendo el apoyo del PSOE a los familiares de las víctimas a los que ahora pide que se les procese.

Luis Miguel Sánchez Tostado, criminólogo y escritor.

A diferencia de Alemania, donde sí se realizó una depuración del nazismo para afrontar la democracia, en España el aparato judicial franquista pasó incólume el proceso a la Transición democrática. Fue entonces cuando se vio la enorme trampa que ocultaba la Ley de Amnistía de 1977. La ONU, a través de su Comité de Derechos Humanos, amonestó a España hasta en tres ocasiones por mantener en vigor la Ley de Amnistía, recordando que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser amparables por amnistías. Ante las peticiones y reprobaciones reiteradas de la ONU para la derogación de la Ley de Amnistía, los gobiernos de Zapatero y de Rajoy miraron para otro lado.

Cierto es que dicha ley contribuyó a frenar la desestabilización social dejando las cárceles vacías de presos políticos, pero fue un error por parte de la oposición democrática no prever la reparación del gigantesco número de víctimas del franquismo y aceptar en su articulado que no pudieran ser juzgados “las autoridades, funcionarios y agentes del orden público” que participaron en las matanzas de la dictadura y la Transición, y menos aún desatender las peticiones de las víctimas sobre exhumaciones.

En vista de que en España el poder judicial lo impedía, las víctimas buscaron justicia al otro lado del Atlántico. En Argentina, país en el que las leyes de punto y final fueron derogadas por el gobierno de Raúl Alfonsín para sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes de la dictadura de Videla, la jueza María Servini se hizo cargo de la instrucción. Basándose en el principio de jurisdicción universal, y en un auto de 286 páginas, ordenó a la Interpol la detención de veinte altos cargos franquistas, entre ellos ocho exministros, dos militares, seis policías y un médico,[1] para ser juzgados por “hechos atroces de lesa humanidad” cometidos durante la dictadura y la Transición. La causa había sido incoada en 2010 a raíz de una querella presentada por familiares de algunas víctimas a la que posteriormente se sumaron más de 150 querellantes por crímenes de Estado durante la Transición española.

Sobre Rodolfo Martín Villa, ministro clave en la Transición, pesaba la extrema dureza con la que reprimió a huelguistas a través de las Fuerzas de Seguridad, que causaron numerosos muertos al emplear fuego real contra los manifestantes. Durante el tiempo que ostentó la cartera de Gobernación (actual Ministerio del Interior), al igual que durante el mandato de su predecesor Manuel Fraga, se movilizaron las cloacas del Estado. Algunos de sus policías, recibiendo instrucciones superiores, participaron en la guerra sucia organizando atentados mortales como el caso Scala, para desacreditar a la CNT, o el asesinato frustrado en Argelia del líder independentista canario Antonio Cubillo, a través de sicarios contratados por el Ministerio.​ Martín Villa tuvo como hombre de confianza al sanguinario comisario Roberto Conesa, tristemente célebre por sus torturas a los detenidos.

Miembros de la Policía Armada reprimiendo una manifestación en 1976.

Durante la Transición española hubo 714 muertes violentas, miles de encarcelados, cientos de torturados, 200 librerías incendiadas y 6 intentos de golpe de Estado.

El gobierno español se negó a colaborar con la Justicia argentina y, tanto la Audiencia Nacional como el ejecutivo de Mariano Rajoy, se negaron a practicar las extradiciones solicitadas, entre otras la de policías torturadores como Antonio González Pacheco (Billy el Niño), alegando la prescripción de los hechos y la vigencia de la Ley de Amnistía. La Fiscalía General remitió instrucciones a todas las fiscalías del país para impedir la colaboración con la causa argentina estableciéndose una “ley de silencio”, pese a que los delitos que se denunciaban estaban considerados de lesa humanidad y nunca prescriben.

Para forzar a la oposición a abandonar sus exigencias y aceptar la reforma de Suárez, el franquismo mantuvo y utilizó su aparato represivo vulnerando derechos humanos y libertades. Rodolfo Martín Villa, que desde 1962 venía ocupando altos cargos en el tardofranquismo, fue uno de los principales artífices de esta política represiva. Entre 1976 y 1979, siendo ministro del Gobierno, se produjeron al menos 90 víctimas mortales como consecuencia de la violencia de Estado. Martín Villa fue condecorado por Franco hasta en cinco ocasiones y tres más en democracia, la última en 2017 de manos del rey Felipe VI.

Pese a todo, la querella argentina continuó y, el pasado 3 de septiembre de 2020, ya con 86 años de edad, tuvo que declarar por videoconferencia ante el juzgado argentino que le acusa de, al menos, 12 muertes a manos de las Fuerzas de Seguridad que él dirigía.

La pasada primavera, y con una clara intención de condicionar a la jueza instructora, cuatro ex presidentes del gobierno (Aznar, Rajoy, González y Zapatero), junto a algunos líderes sindicales y otros cargos de la Transición, remitieron cartas a la magistrada ensalzando los valores del ex ministro de Gobernación. Rajoy se refirió a las falsedades de la acusación, Aznar se permitió aconsejar a la jueza que tuviera “la misma posición” que los tribunales españoles de no permitir ningún procesamiento y Zapatero se aferró a la Ley de Amnistía como el pacto de punto y final de la Transición. Pero la más desconcertante fue la del socialista Felipe González, desde hace tiempo alejado de su primigenio progresismo. González se mostró ofendido por la causa y, en dos momentos de su carta, insistió a la jueza “depurar responsabilidades con los responsables de estas denuncias y la campaña de acoso contra Rodolfo Martín Villa”. Los familiares de las víctimas, indignados, han mostrado su repulsa a que presidentes socialistas “apoyen a un genocida” y remitan cartas para “presionar y extorsionar al poder judicial de otro país».[2]

Hace un par de días, la asociación Martxoak, compuesta por familiares de los cinco obreros asesinados por la Policía el 3 de marzo de 1976 en Vitoria cuando salían de una asamblea, hizo pública otra carta muy distinta suscrita por Felipe González fechada el 31 del mismo mes, en la que, en nombre del PSOE, se dirigía a los familiares de las víctimas en estos términos:

Carta remitida por Felipe González a la familia de Pedro Martínez Ocio, una de las víctimas de la matanza de Vitoria, el 31 de marzo de 1976.

Fuente: Asociación de Víctimas Martxoak (Martxoak3 #M3moria)

Queridos amigos: En nombre del Partido Socialista Obrero Español, queremos por la presente expresarles nuestro más sentido pésame por la triste pérdida que han sufrido en los últimos acontecimientos de Vitoria. Queremos decirles que el PSOE está a su disposición para cualquier tipo de ayuda que ustedes necesiten en estos momentos difíciles. No duden en dirigirse a nosotros.[3]

Carta enviada por Felipe González a la familia del joven de 27 años Pedro María Martínez Ocio, una de las víctimas de la matanza de Vitoria.

En aquel momento, González puso su partido a disposición de las víctimas para cualquier tipo de ayuda. Cuarenta y cuatro años después, defiende a Martín Villa, perpetúa la impunidad y solicita que se proceda contra los denunciantes, familiares de las víctimas a las que mostró su apoyo en 1976. Una veleidad más de un socialista, de hace tiempo escorado a la derecha, cuyo Gobierno también se vio involucrado en las cloacas del Estado y en la guerra sucia antiterrorista con el escándalo del GAL, que conluyó con el encarcelamiento del ministro del Interior y del Secretario de Estado del Interior.

Más información en mi libro La Transición oculta, de próxima aparición.

[1] Los procesados por la magistrada María Servini fueron: Antonio Carro Martínez (exministro, convalidó las penas de muerte de 1974 y los fusilamientos de 1975), Licinio de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José Utrera Molina (exministros, por la pena de muerte de 1974), Fernando Suárez González (exministro, por los fusilamientos de 1975), Rodolfo Martín Villa (exministro, por la matanza de Vitoria), Alfonso Osorio García, (exministro, ídem), Jesús Cejas Mohedano (exjuez, por los fusilamientos de 1975), Carlos Rey González (capitán auditor, por la ejecución de 1974), Antonio Troncoso de Castro (coronel, por el proceso de Burgos y otros), Jesús González Reglero (policía, por torturas a Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la DGS), Ricardo Algar Barón (policía, por torturas a José Mª Galante Serrano en la DGS), Pascual Honrado de la Fuente (policía, por torturas a Gerardo Iglesias Argüelles, exsecretario del PCE), Jesús Martínez Torres (policía, por torturas a José Aznar Cortijo), Benjamín Solsona Cortés (policía, por torturas a Juan José López Hernando y Francisco Camarasa Yáñez), Atilano del Valle Oter (policía, por tentativa de homicidio, disparos y arrojar por la ventana a Miguel Jiménez Hinojosa), Félix Criado Sanz (policía, por torturas a Jon Etxabe Garitacelaya) y Abelardo García Balaguera (médico, por robo del bebé de Adela Carrasco Martínez).

[2] Público, 2 de septiembre de 2020.

[3] Carta enviada a la familia de Pedro María Martínez Ocio, una de las víctimas de la matanza de Vitoria, publicada el 3 de septiembre de 2020 en Twitter por Martxoak 3 #M3moria.