Este uno de Julio comienza la presidencia de turno Alemana del Consejo de la UE. El desafío de la pandemia del Coronavirus, así como las medidas de choque ante la crisis económica son los principales retos a los que previsiblemente se enfrentará en estos próximos seis meses. Aunque también emerge en este escenario la difícil negociación del esperado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, cuya propuesta, por parte de la Comisión Europea, ha estado rodeada de oscurantismo y secretismo hasta la fecha. Puede que la gestión migratoria sea una de las cuestiones que más ha tensionado a la UE en los últimos años, al menos desde 2015, con la mal llamada crisis de los refugiados. En este periodo, la extrema derecha ha conseguido condicionar y marcar la agenda de las políticas migratorias de la UE dando una vuelta de tuerca a la construcción de la Europa Fortaleza.

Que hayamos esperado con falta de transparencia a tener una primera propuesta sobre un supuesto pacto europeo migratorio; que la reforma de Dublín lleve años atascada en el Consejo; y que los países de Visegrado hayan conseguido bloquear cualquier intento por establecer un sistema obligatorio y solidario de cuotas, son solo algunos elementos que muestran claramente el clima de dejación y de falta de compromiso con la situación humanitaria que sufren las personas migrantes y refugiadas por parte de la UE y los Estados miembros. Junto a este clima adverso, es fundamental no perder de vista que en la legislación migratoria europea convergen políticas sobre muchos aspectos que van más allá de la gestión de los flujos de personas, y de ahí su importancia, y más aun cuando la extrema derecha ha convertido la antiinmigración en su principal caballo de batalla y contrafuerte electoral.

Así, desde este supuesto Pacto sobre Migración y Asilo, se condiciona la política de la UE en temas tan diversos como la ayuda al desarrollo, la defensa y militarización, los intereses geoestratégicos, la política comercial y/o los derechos humanos, e ilustra las dinámicas internas en la UE, sus prioridades, quién lleva la voz cantante y quién tiene potestad a la hora de decidir quienes entran y quienes no en territorio europeo. La legislación migratoria europea manda también un mensaje contundente sobre hasta qué punto las instituciones de la UE crean, alimentan y reproducen la xenofobia institucional. Todo esto sitúa la política migratoria europea en un lugar clave para comprender el proyecto europeo en general, y a qué intereses se está sirviendo con las políticas de gestión fronteriza, en particular.

Lo que la UE ha practicado hasta la fecha en materia de migración ha sido una política utilitarista de racismo, exclusión y vulneración de derechos, condensada en la lucha contra las personas migrantes y refugiadas, que desde los liberales hasta la extrema derecha han ido compartiendo y practicando de forma creciente, en razón del asegurado rédito electoral que garantiza movilizar políticamente la caza al migrante. En un contexto de imposición de austeridad, de escasez y de no hay alternativa, es necesario seguir identificando chivos expiatorios que favorezcan las políticas de expulsión en contra de la lógica del reparto y de la justicia social. Y las personas migrantes, a quienes se invisibiliza para cualquier otra cosa que no sea alimentar la falacia del desborde, resultan por este mismo motivo, las cabezas de turco perfectas. Está claro quién sale perdiendo pero también quién sale ganando, porque el número de personas a las que se acoge con dignidad en Europa es inversamente proporcional a los enormes beneficios que el negocio de la xenofobia reporta a esa pequeña minoría que se enriquece a través de la gestión de los centros de detención, de mantener acuerdos con las compañías de vuelo, de levantar muros cada vez más altos, y/o de ponerse al servicio de los intereses de la industria militar, de seguridad, y biométrica.

Por el momento, aunque no tenemos un texto oficial con el contenido del Pacto sobre Migración y Asilo, todo apunta, según las últimas filtraciones, a que la propuesta será sintomática, y alimentará a su vez, de la situación que atraviesa la UE en cuanto a convertir los derechos más básicos en simple y puro papel mojado. Se espera que se ahonde en la institucionalización de las políticas excepcionales, que ya se han ido aplicando por parte de muchos Estados miembros, lo que generaría un peligrosísimo precedente al premiarse a los gobiernos que han hecho de la vulneración de los derechos humanos su práctica habitual. Así, los países de Visegrado que fueron condenados por el Tribunal Europeo por el incumplimiento de las cuotas de refugiados, verán cómo las cuotas desaparecen; el gobierno Griego, que suspendió el derecho internacional humanitario al negarse durante un mes a cumplir con sus obligaciones de asilo, será recompensado institucionalizando la suspensión temporal del derecho al asilo; y el gobierno Maltés verá cómo su memorándum con Libia de externalización de fronteras y centros de internamiento será no solo tolerado, sino sufragado con dinero europeo.

Una propuesta que ahondará en la detención, externalización e incumplimiento de las obligaciones internacionales, en un intento de buscar atajos y justificación política para ir reduciendo las pocas garantías existentes en materia de concesión de asilo, reubicación, y acogida, al mínimo. Los elementos más significativos que han salido a la luz del pacto se podrían resumir en estos puntos:

1. Detención, deportación y externalización de fronteras

Si la detención y la expulsión eran ya ejes principales de la política migratoria europea, se espera que los mecanismos rápidos en la frontera ahonden más aun en el número de personas que son retenidas en centros y en hot spots de zonas fronterizas, y que por otro lado se amplíe la lista de países calificados como seguros  para poder asegurar el mayor número de deportaciones posible. Para ello es necesario también aumentar la externalización, es decir, impedir las llegadas antes de que las personas migrantes lleguen a suelo europeo. De ahí el incluir, por ejemplo, la condicionalidad de las detenciones en la dotación de fondos de desarrollo a terceros países, o la firma de acuerdos con los mismos donde se intercambia contención de personas por prebendas políticas y económicas. La mayoría de estas medidas llevan en práctica desde 2015, pero lo peligroso de este pacto es que las consagra como parte de la política migratoria comunitaria otorgándoles rango de norma.

2. Centros de internamiento extraterritoriales. El modelo australiano

Desde hace años, la aspiración de la extrema derecha ha sido poder emular el modelo Australiano de gestión de fronteras, también llamado solución del Pacifico, y así lo han propuesto desde gobiernos como el italiano, cuando la Liga formaba parte del ejecutivo, o desde el Austriaco, cuando el Partido de la Libertad de Austria (FPO) participaba en el consejo de ministros. Este modelo consiste en la tramitación extraterritorial de las solicitudes de protección internacional, con un sistema deliberadamente severo en la isla oceánica de Nauru y en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) a cambio de importantes sumas de dinero por parte de Camberra. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar son llevadas por la fuerza a lugares remotos, donde sufren condiciones de vida crueles y degradantes, que se prolongan a veces durante años. En palabras de Lucy Graham, investigadora de Amnistía Internacional: “El gobierno australiano ha creado en Nauru una isla de desesperación para las personas refugiadas y solicitantes de asilo que, sin embargo, es una isla de lucro para empresas que ganan millones de dólares con un sistema tan intrínsecamente cruel y abusivo que constituye tortura”. Una de estas empresas era Ferrovial.

En el Consejo Europeo de junio del 2019, Salvini mantuvo un importante pulso para conseguir centros extra territoriales de internamiento de extranjeros en Túnez y/o Libia, pero al final se descartó. Ha tenido que ser el gobierno de Malta, el que aprovechando el clima de excepcionalidad de la pandemia del Coronavirus, ha firmado un memorándum de entendimiento con una de las facciones que se disputan el control de Trípoli. El memorándum prevé el establecimiento de centros de internamiento en Libia, pagados con dinero europeo, donde se detenga a las personas que sean rescatadas o interceptadas en alta mar. El acuerdo migratorio en ciernes parece que no solo no condena este memorándum con Libia, sino que abre la puerta a que se puedan generalizar con otros países.

3. Institucionar la excepcionalidad y la ilegalidad

Países como Grecia, Bulgaria y Malta han presionado a la Comisión para que se incluyan cláusulas de flexibilidad, es decir, clausulas a través de las cuales se podrían suspender potencialmente los derechos que están consagrados en regulaciones existentes. Esto ya lo puso en práctica el gobierno griego al suspenderse el derecho de asilo en febrero/marzo de este año, ante el incremento de la llegada de demandantes de refugio desde la frontera turca. En ese momento, el gobierno griego no solo suspendió el derecho internacional y rehusó cumplir sus compromisos internacionales, sino que lo hizo acompañado de un gravísimo despliegue de violencia, utilizando fuego real en las fronteras o acosando a las precarias embarcaciones en medio del mar. Pero lo más sorprendente fue que esta actitud por parte del ejecutivo heleno fue respaldada desde las instituciones europeas, al llegar a afirmar la presidenta de la Comisión, Úrsula Von Der Leyen, que “Grecia era el escudo de Europa”, legitimando las prácticas ilegales de Grecia y replicando el discurso belicista antiinmigrantes. Con el nuevo pacto migratorio, la suspensión excepcional del derecho al asilo podría quedar consagrada en una regulación propia. Es decir, usando el argumento del desborde que sufren los países europeos de las fronteras de la UE, se institucionalizarían y normalizarían las acciones que vulneran derechos y se les dotaría de un carácter de legalidad.

4. Adiós a las cuotas

Lo que quizás muestra de forma más palmaria la fragilidad política de la UE en los últimos tiempos ha sido la incapacidad de hacer cumplir los acuerdos sobre las cuotas de refugiados. Algunos países como Hungría, Polonia o Eslovaquia han hecho del incumplimiento de cuotas una bandera política, siendo incluso condenados por el Tribunal de Justicia de la UE por ello. Pero aunque estos países se han opuesto abiertamente a las cuotas y han hecho propaganda de su rechazo, en el resto de los países de la UE se ha seguido la misma lamentable tónica. La media de cumplimiento, respecto al cupo obligatorio, está en torno al 50 y 60%, destacando por ejemplo el 13,7% de España, que durante el gobierno del PP realizó un boicot soterrado para evitar la acogida de personas. Con el nuevo pacto, lo más probable es que las cuotas de reparto obligatorias desaparezcan finalmente del texto y del debate europeo, confirmando la victoria política de los gobiernos de extrema derecha de Polonia y Hungría.

5. Reforma de Dublín y salvamento marítimo

A pesar de que el criterio de tercer país es un criterio fallido 1/, tal y como se viene repitiendo desde hace años, y de que la reunificación familiar y la reubicación solidaria (o de justicia social, deberíamos decir) entre países miembro son elementos que necesitan una gestión urgente, no está claro que éstas hayan sido las preocupaciones que han guiado las negociaciones sobre qué va a reemplazar al sistema Dublín. Lo que sí parece claro es que habrá un sistema de reparto de cuotas flexible y voluntario que contente a todos los Estados miembro, incluyendo a aquellos con una política abiertamente xenófoba que se han mostrado contrarios a las cuotas, y que incluya la dotación de material como alternativa a la acogida de personas, una medida que ilustra a la perfección el clima antipersona en la UE. Con respecto al sistema de salvamento marítimo, se espera que haya algún tipo de acuerdo donde, para contrarrestar el retroceso en todos los demás aspectos del pacto, se incluiría algún tipo de avance en la descriminalización de las ONG de rescate en el mediterráneo. Pero además de que por ahora esto sigue en negociación, de ahí a que se decida sobre la urgente y necesaria puesta en marcha de un sistema público europeo de salvamento, hay un mundo y, como hemos sido desgraciadamente testigos día tras día, una gravísima falta de voluntad política para crearlo.

Pero al igual que es importante explicar lo que se prevé que se incluya en la propuesta, debemos hablar también de todo aquello que avala implícitamente y que en la práctica supone este pacto migratorio: que el argumento del supuesto desborde no se sostiene con los datos en la mano; que gestionar las peticiones de asilo en la frontera disminuye las probabilidades de tener un examen justo y por tanto falla al no dar protección internacional a las personas que lo necesitan y merecen; que definir como objetivo la detención y expulsión alimenta y legitima la sistematización de las devoluciones en caliente como herramienta migratoria en sí misma; que imponer la condicionalidad de la detención en las políticas de desarrollo desvirtúa los objetivos de esas mismas políticas; que alimentar la retórica belicista antiinmigración aumenta la xenofobia; que devolver personas a Libia les pone en riesgo de sufrir tortura; que los presupuestos no se destinan a asegurar condiciones de vida dignas en los centros y campos de refugiados. Si se confirman los rumores sobre la propuesta, y todo apunta a que así será, significaría que todos estos elementos se han obviado en las negociaciones sobre el nuevo Pacto de manera consciente, irresponsable y, como ya sabemos, mortal para muchas personas que intentan llegar a Europa, tanto por tierra o por mar.

En estas semanas hemos escuchado mucho la presión ejercida desde los gobiernos de extrema derecha o de derecha radical para condicionar el Pacto Migratorio. Pero quizás lo más preocupante no sea la posición pública de la extrema derecha, sino que no hemos escuchado a ningún otro gobierno europeo criticando los puntos más lesivos de este acuerdo, como si existiera un consenso generalizado, una aprobación tácita sobre la conveniencia de seguir construyendo esta Europa Fortaleza que destila xenofobia institucional y que se ha convertido en una maquinaria de vulneración de derechos humanos. ¿No podrían gobiernos como el portugués o el español plantarse y vetar este acuerdo en el Consejo Europeo, obligando a renegociarlo, contrapesando la posición de la extrema derecha y demostrando que es posible una política migratoria que respete los derechos humanos? Seguramente no lo harán, y asumirán los consensos de un extremo centro neoliberal que lleva años aplicando la agenda de la extrema derecha en cuestiones migratorias. Pero quizás si conseguimos levantar y mantener un proceso de movilizaciones como las que vivimos al inicio de este siglo reclamando papeles para todos/as, y si este se combina con el emergente movimiento antirracista, entonces quizás tengamos una oportunidad de tirar este Pacto de la Vergüenza a la basura de algún despacho de la Comisión.

Porque, mientras se sigue debatiendo sobre qué incluirá y qué no este nuevo pacto, seguimos recibiendo alertas sobre barcos a la deriva que desaparecen ante la pasividad de los gobiernos de turno; sobre temporeros durmiendo en tiendas de campaña sin acceso a agua corriente; sobre personas a las que se interna en cárceles por cometer faltas administrativas; sobre trabajadoras domésticas a la merced de sus empleadores/as; sobre personas marcadas con spray y obligadas a desnudarse para después expulsarlas ilegalmente; sobre mujeres que duermen con pañales en los campos de refugiados para no tener que ir al baño durante la noche por el miedo a sufrir violencia sexual; sobre el abandono institucional de niños y niñas y la pasividad ante el numero desorbitado de desapariciones; sobre la formación de grupos de ultra derecha que amedrentan a migrantes y ONG…

Porque no nos engañemos, Europa necesita migrantes, y como hemos atestiguado recientemente en medio de las peores semanas de la pandemia, su fuerza de trabajo supone un elemento central en nuestras economías. Pero para seguir manteniendo el crónico y creciente marco de desigualdad estructural en Europa, esta los necesita sin derechos. Ahí tenemos el reciente y reincidente ejemplo de las personas que trabajan en un sector tan fundamental como la agricultura, cobrando una miseria, malviviendo hacinadas en albergues, y sin ningún tipo de posibilidad de protección contra el COVID. En este sentido, el nuevo Pacto Migratorio representa un nuevo filón de oportunidades para seguir imponiendo la política de escasez y miseria para unos, y de enriquecimiento para otros. Y si el desprecio por ciertas vidas es consustancial al proyecto europeo, la única alternativa es seguir denunciándolo y exigiendo una alternativa de gestión del movimiento de personas con un enfoque de derechos, de justicia social y antirracista.

4/07/2020

Miguel Urbán es eurodiputado y miembro del Consejo Asesor de viento sur.

Notas:

1/ Actualmente, el reglamento de Dublín III establece que el proceso de asilo debe tramitarse en el primer país de la Unión Europea donde llegan los solicitantes, lo que penaliza especialmente a los países de la frontera sur europea, generando un modelo que no funciona equitativamente. Además, vulnera los derechos de los propios demandantes de asilo, como denuncia el informe del European Council on Refugees and Exiles (ECRE, 2013), ya que el examen justo y eficiente de las solicitudes de asilo no está garantizado en todos los Estados miembros. Junto a esto, los criterios de asignación de responsabilidad se aplican de forma muy dispar, no solo por el uso de este criterio de primer país como principal criterio, sino porque no se tiene en cuenta la reagrupación familiar y se aplican la cláusula humanitaria de forma muy restrictiva; La falta de eficiencia del criterio de primer país se demuestra además, como ocurrió de forma clara en 2015, con el hecho de que la mayoría de las personas que solicitan asilo lo hacen en un país distinto del que llegaron en primer lugar.