La sociedad argentina se encamina hacia los dos meses del nuevo gobierno que asumió el ejercicio del poder el 10 de diciembre de 2019. En medio de una agenda ambiciosa, en gran parte impuesta por la realidad material, que apunta a reducir los dramáticos niveles de pobreza, a restablecer el rol del Estado como articulador de la convivencia social y a diseñar mecanismos capaces de dotar a las instituciones públicas de recursos que generen las condiciones para democratizar la vida de los ciudadanos, aparece una vez más la deuda externa como un factor que condiciona el diseño y la implementación de las políticas públicas. Pero lo hace de un modo peculiar, porque emerge como si se tratase de una discusión numérica entre un acreedor y un deudor y no como un factor existencial para los ciudadanos.

La deuda externa es una de las claves que permite comprender gran parte de los sinsabores de los argentinos. En los hechos funciona como si fuese una tremenda tormenta invernal que combina lluvia, viento y frío. Como toda tormenta, tiene intervalos y sus efectos amainan. No obstante, esta tormenta, a diferencia de las reales, no se va e impide el progreso social pues socava las posibilidades de los ciudadanos en la toma de decisiones. Es que el endeudamiento no es solamente un problema económico. La deuda externa tiene una dimensión legal y una dimensión ética y moral. Me voy a concentrar de un modo general en estos dos últimos aspectos.

Desde el punto de vista legal, la cuestión de la deuda externa es un tema muy claro por su oscuridad. Existe una “economía” de la deuda que es fuente de recursos económicos y simbólicos para un grupo de expertos que, a caballo de un autoproclamado saber especial y vinculados a la dinámica del mercado financiero, se apropiaron de la discusión de la deuda en general y de su significado legal en particular, de manera tal que aparece como un aspecto que no se puede judicializar porque es “técnico”. La emisión y colocación de títulos públicos, las negociaciones y en general la intermediación entre el Estado deudor y los acreedores, aparece atravesada por una opacidad legal incompatible con el deber republicano de los mandatarios que deben explicar a los mandantes los actos de gobierno, como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional.

Los argentinos podemos conocer a través de la web qué tipo de contrataciones realiza un ministerio, pero no podemos conocer por qué pagamos lo que pagamos en concepto de “servicios” derivados de la administración de la deuda.

Las estrategias de gobernanza que pregona el capitalismo global constituyen el límite de la capacidad para auscultar los asuntos públicos. En efecto, son herramientas de acercamiento del Estado a la ciudadanía que con la excusa de democratizar la vida pública se reducen a espacios de gestión y control de recursos mínimos. Básicamente, construyen una noción de ciudadanía ligada a la decisión sobre partidas presupuestarias y gastos en obras públicas, aunque en dicha agenda está ausente la tormenta de la deuda.

Los archivos judiciales de la argentina son una poderosa fuente de conocimiento sobre el modo en que se renueva un endeudamiento sobre bases legales débiles. Entreverados en densos expedientes llenos de polvo, se alojan significativas regularidades. Entre ellas, nombres de bancos, de personas físicas, de acreedores que nunca muestran la causa de la obligación que reclaman, de modalidades de pagos que se repiten y de cláusulas por los cuales los países soberanos resignan su jurisdicción judicial en favor de los tribunales de Nueva York. Es evidente que se trata de la palanca más fuerte que afecta cualquier estrategia de desarrollo socioeconómico, porque más temprano que tarde la riqueza que genera la sociedad se destina en su mayor parte a honrar compromisos con acreedores.

Sin embargo, la cuestión es muy poco debatida en la sociedad y las posiciones más obvias que apuntan a plantear discusiones amplias y sinceras sobre el tema, son inoculadas por una tribu de “expertos” que distribuyen autorizaciones para opinar “seriamente” sobre el tema. Las ideas que no consiguen permiso para ver la luz automáticamente son descalificadas por “irracionales”. Ello es así, pese a que no es materia de debate que el ciclo de endeudamiento feroz de la Argentina se profundizó con el golpe de Estado de 1976; es decir, por fuera de la Constitución, y que cada ciclo de la deuda de alguna manera es un eslabón de la espiral iniciada en 1976. Por lo tanto, está contaminada. Aun así, los sectores vinculados a la economía de la deuda se apropiaron de la dimensión legal de la cuestión y desplazaron el eje de la lógica de la ley, hacia la lógica de la racionalidad del capitalismo posindustrial. Esto significa que no se puede discutir la legalidad de la deuda porque es “irracional” plantear ese tópico a los “mercados”. Lo “racional” se limita a negociar cómo pagar sin auscultar el origen de la obligación.

Con la dimensión ética de la deuda externa ocurre algo similar y que deriva de la imposibilidad de discutir la legalidad del endeudamiento. Gran parte de la sociedad argentina naturalizó que nuestra vida es la vida del “hombre endeudado”, parafraseando a Mauricio Lazzarato. La naturalización del endeudamiento es un poderoso incentivo en la construcción de la identidad individual y colectiva de los argentinos. Su rasgo distintivo tiene que ver con la necesidad del Estado de pedir permiso a los acreedores antes de intervenir en la vida pública para garantizar la vigencia de los derechos humanos. El denso y persistente trabajo de los sectores locales transnacionalizados, ligados al capital financiero y articulados con los medios de masivos de comunicación, fue exitoso a la hora de presentar a la deuda como un elemento “natural”, generado por factores que aparecen externos al hombre común e indiscutibles, pese a la influencia que tienen en cada una de las vidas de los argentinos.

Allí, en la dimensión ética de la deuda, yace un potente mecanismo de disciplinamiento social a través del cual se fueron desmantelando las estructuras del Estado de bienestar que, con los límites de un capitalismo dispar y dependiente, supo construir la sociedad argentina durante gran parte del siglo XX. De hecho, la sedimentación de esa perspectiva es una de las explicaciones para comprender por qué un tema que representa el 97% del Producto Bruto Interno ¹, de acuerdo con informes del Ministerio de Economía, no logra trascender la captura del grupo de expertos que se reservó para si la cuestión de la deuda externa.

La recuperación de las dimensiones legales y éticas del endeudamiento es uno de los mayores desafíos colectivos de los argentinos. La deuda es como una tormenta que nunca se disipa. Para superarla es necesaria la reapropiación social de la cuestión que, después de todo, no deja de ser una decisión colectiva de los ciudadanos. Sin pasar esa tormenta, la autonomía del cuerpo político es una quimera y, en consecuencia, los efectos de dicha tormenta vuelven ilusorias algunas necesidades básicas como, por ejemplo, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la existencia como el primer paso hacia la fundación de la libertad.

Esa reapropiación social de un tema político que pone en tela de juicio la existencia del entramado social requiere, inexorablemente, envolver a la “economía de la deuda” dentro de la dimensión de la legalidad estatal, atada a una perspectiva moral; es decir, a un ethos comunitario cuyo horizonte sea la fundación política de la libertad, en la medida que la constitución y las leyes del Estado necesariamente son la expresión de una forma de vida política derivada de la composición de voluntades ciudadanas. En estos tiempos, que se asemejan a una nueva quiebra de la economía y cuando las nuevas autoridades iniciaron el camino de la renegociación de las obligaciones que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, la sociedad tiene una nueva chance de construir un Estado neutral capaz de fijar de un modo autónomo las prioridades sociales. En otras palabras, los argentinos tenemos la oportunidad de crear una solución democrática. Por ejemplo, «republicanizar» la discusión y someter al debate público la mejor opción política para afrontar los vencimientos como hicieron los giregos durante 2015.

De lo contrario, la permanencia de la escisión entre una élite de expertos que encarnan los intereses de los acreedores, con respecto a una sociedad fragmentada y cada vez más pobre condena a los argentinos a sobrevivir bajo la tormenta de la deuda que, como toda tormenta, a veces permite que se cuele tenuemente la luz del sol, aunque, más temprano que tarde, nuevas nubes descargan su furia con posterioridad.

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