La retirada de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) por varios países sigue generando preocupación y reacciones en el ámbito de los derechos humanos. La decisión, impulsada por Estados Unidos y seguida por otras naciones aliadas, fue anunciada el mismo día en el que la Corte Internacional de Justicia establecía que hay “pruebas plausibles” para investigar a Israel por genocidio en Gaza y ordenaba medidas cautelares al Gobierno de Netanyahu, que debe cumplir en el plazo de un mes.

Han pasado dos semanas desde entonces. El Ejército israelí no ha detenido sus ataques sobre Gaza, ha asediado hospitales, bombardeado viviendas y edificios públicos, matado a otros mil palestinos y mantenido un contexto que facilita el hambre y las enfermedades.

A ello se suma la suspensión de la financiación a la UNRWA por parte de dieciocho países, lo que supone más del 60% del presupuesto de la principal agencia de la ONU en Gaza, que facilita alimentación, educación y refugio. Su comisionado general, Philippe Lazzarini, ha advertido de que esta retirada de fondos puede llevarla “a un riesgo de colapso”.

Este jueves el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha denunciado que Israel está destruyendo “todos los edificios en Gaza dentro del radio de un kilómetro de la valla” que separa este territorio de Israel. “La destrucción generalizada de bienes, no justificada por necesidades militares, y ejecutada de forma ilegal y sin motivo, constituye una grave violación de la Convención de Ginebra y un crimen de guerra”, ha añadido.

El comunicado

En este contexto se enmarca el contundente comunicado emitido por el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, que lleva el nombre del abogado judío polaco Raphael Lemkin, padre del término y concepto de genocidio. En él se advierte de que la retirada de fondos a la UNRWA viola en sí misma el fallo provisional de la Corte Internacional de Justicia y opera en sentido contrario a las medidas cautelares emitidas por este tribunal.

Además, señala que “la amenaza” de suspender dicha financiación supone “una grave escalada”, facilita “que se propaguen actos genocidas” en Gaza y “sugiere la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo palestino, mediante la destrucción de la balsa salvavidas proporcionada por la UNRWA”.

Algunos de los párrafos del comunicado son especialmente duros, como este: “[Esta retirada de fondos] representa un giro por parte de varios países desde una posible complicidad en genocidio hasta la participación directa en una hambruna diseñada. Es un ataque a lo que queda de seguridad personal, libertad, salud y dignidad en Palestina”.

Una represalia

Los letrados, los expertos en genocidio y en derecho internacional que integran esta organización se unen de este modo a lo que consideran “un creciente consenso de profesionales del derecho internacional y estudiosos del genocidio” que señalan que “esta acción equivale a una mayor participación en el genocidio en curso de palestinos en Gaza”.

“Nos preocupa que esta acción, programada de tal modo, sea una represalia contra la orden de medidas preventivas a Israel adoptada por la Corte Internacional de Justicia”, advierten.

Del mismo modo se ha pronunciado el abogado y director de Human Rights Watch hasta 2022, Keneth Roth, quien señala que “parte de la vendetta de Netanyahu contra la UNRWA puede deberse a que la Corte Internacional de Justicia citó extensamente a su jefe en su fallo, en el que estableció que es creíble que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza”.

La misma denuncia desde otras voces

En el mismo sentido que el Instituto Lemkin, el abogado y profesor de derecho internacional Francis Boyle –el primero que ganó un caso de protección por genocidio (Bosnia)– ha denunciado que la ayuda militar a Israel puede constituir complicidad en genocidio y que la retirada de fondos a la UNRWA añade una “violación directa del artículo 2(c) de la Convención de Genocidio: ‘Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial’”.

La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, también ha indicado que esta retirada de fondos a la UNRWA supone un castigo colectivo y una probable violación de la Convención sobre Genocidio. Una posición similar defiende el profesor Alonso Gurmendi Dunkelberg, experto en derecho internacional de la Universidad de Oxford, quien considera que las amenazas a la financiación se han convertido en parte del crucial “debate de intenciones” con respecto a la aplicación de la Convención sobre Genocidio en las políticas de Israel en Gaza.

Otra voz en la misma línea es la de Christopher Gunness, portavoz de UNRWA entre 2007 y 2019, quien advierte que esta retirada de fondos constituye “una violación de la ley internacional, de las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia y de la Convención sobre Genocidio; será devastador para Gaza”.

La acusación, la reacción y la investigación

Las naciones que han retirado su financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos son Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Japón, Países Bajos, Rumania, Suiza y Reino Unido. Justifican su decisión en base a las acusaciones presentadas por el Gobierno de Netanyahu, que afirma que doce trabajadores de UNRWA –de los 30.000 con los que cuenta, 13.000 de ellos en Gaza– habrían participado en los atentados de Hamás del 7 de octubre.

Hasta la fecha, las presuntas pruebas de esas acusaciones no se han hecho públicas. Tampoco los medios de comunicación han tenido acceso a ellas. Las cadenas británicas Sky News y Channel 4, así como el diario Financial Times, sí han conseguido obtener en exclusiva el informe israelí que contiene las acusaciones. Sky News señala que dicho informe no contiene pruebas y que varias de las acusaciones ni siquiera vinculan a la UNRWA. Del mismo modo ha informado Channel 4.

El periódico Financial Times ha señalado que “la evaluación de inteligencia, a la que ha tenido acceso el Financial Times, no proporciona ninguna prueba que respalde las afirmaciones”. Lindsey Hilsum, editora de Channel 4 News International, ha formulado públicamente la siguiente pregunta: “¿Por qué los donantes, incluido Reino Unido, retiraron la financiación tras acusaciones tan endebles y no probadas antes de una investigación?”.

A pesar de no tener acceso a las presuntas pruebas, UNRWA reaccionó de forma inmediata y despidió a nueve de estos doce trabajadores. De los tres restantes, dos están muertos y un tercero no ha podido ser identificado aún. Además, Naciones Unidas ha encargado una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos.

La directora de comunicación de UNRWA, Juliette Touma, ha explicado que en mayo, como cada año, la agencia entregó a Israel un listado con los nombres de todo el equipo de empleados, para que los servicios de inteligencia los supervisara. El Gobierno israelí no ofreció respuesta ni puso objeción alguna.

Sobre las consecuencias de la retirada de fondos, ha confesado que “no esperábamos la suspensión por parte de tantos donantes. Solo en las primeras 24 horas se retiraron nueve países, en medio de la guerra. Si esto no se revierte, a finales de febrero o principios de marzo tendremos que suspender el trabajo”.

Varios países que han anunciado su retirada de fondos admiten que no han tenido acceso a “todos los hechos”. “¿Cuán irresponsable puede ser el Gobierno australiano?”, se preguntaba este jueves el abogado Keneth Roth. “Suspendió la financiación de la UNRWA, acelerando la hambruna de los civiles palestinos, aunque ‘no tenía todos los hechos’. Sí sabía que la UNRWA inmediatamente despidió e investigó a los presuntos infractores”.

La celeridad de EEUU –y de otros países– para retirar los fondos a la principal agencia de la ONU en Gaza contrasta con su negativa a paralizar su financiación militar al Ejército israelí y su apoyo diplomático al Gobierno ultraderechista de Netanyahu, a pesar de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, y de que ésta haya establecido que existen pruebas verosímiles de genocidio en curso en Gaza.

El Instituto Lemkin lamenta que, lejos de empujar a Israel para que cumpla, parte de la comunidad internacional occidental esté operando en sentido contrario. La correlación de fuerzas en el escenario global sigue dificultando la defensa de los derechos de los palestinos e, incluso, en algunos espacios la estigmatiza y criminaliza.

Juristas, expertos en genocidio, organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria, así como algunos Estados –encabezados por Sudáfrica–, buscan caminos y vericuetos posibles para salvar vidas y prevenir más matanza en Gaza, cuando ya hay más de 27.000 palestinos muertos, 69.000 heridos, miles de desaparecidos y más de un millón y medio de desplazados, según datos de la ONU.

El hambre como arma de guerra

Uno de los puntos más desarrollados por el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio incide en el peligro de perpetuar y empeorar el contexto de hambruna que sufre Gaza.

“Más allá de las muertes por bombardeos, disparos de francotiradores, guerra química y armamento autónomo, el hambre domina la Franja de Gaza. Esto no es único: convertir el hambre en un arma está previsto específicamente por la Convención sobre Genocidio como método e indicador del crimen de genocidio”.

En sólo tres meses el deterioro en Gaza se ha multiplicado hasta tal punto que actualmente el 80% de la población mundial en riesgo de muerte por hambre se encuentra en la Franja. El economista jefe del Programa Mundial de Alimento de Naciones Unidas ha señalado que “nunca en mi vida había visto algo así en términos de gravedad, escala y velocidad”, y el experto en derecho internacional de la Universidad de Tel Aviv, Aeyel Gross, ha advertido de que la UNRWA debe ser “apoyada” y no “desfinanciada”.

Varias organizaciones, como Human Rights Watch, también alertan de que el hambre se está usando como arma de guerra en Gaza. Sobre ello, el Instituto Lemkin denuncia que “durante un período de hambruna, implementar una cancelación permanente o una pausa en la financiación pone a los Estados con fondos previamente comprometidos en una situación potencial de violación de la Convención sobre Genocidio”.

En su comunicado menciona pronunciamientos similares, como los de Noruega, que ha indicado que continuará proporcionando fondos a la agencia de la ONU en Gaza con el fin de “salvar vidas y salvaguardar las necesidades básicas y derechos; la UNRWA es la columna vertebral de los esfuerzos humanitarios en Gaza”. España se ha posicionado del mismo modo, manteniendo e incluso incrementando su financiación.

También dedica unas líneas a los medios de comunicación, lamentando que muchos no hayan “reaccionado con alarma a estas amenazas” de retirar los fondos, e insta “a periodistas y editores a que informen de forma sólida de las dimensiones humanitarias y legales que supone esta retención de ayuda humanitaria a los palestinos”.

La tortura

Hace unas semanas la antigua funcionaria del Ministerio de Exteriores israelí, Noga Arbell, instó al Gobierno de Netanyahu a tomar medidas para debilitar a la UNRWA, afirmando que “será imposible ganar la guerra si no destruimos la UNRWA, y esta destrucción debe comenzar de inmediato”. Poco antes, en el mes de diciembre, la prensa israelí se había hecho eco de un plan del Ejecutivo de Tel Aviv para deshacerse de la agencia de la ONU, cuya primera fase consistiría, precisamente, en vincularla con Hamás.

“Poco después de los comentarios de Arbell, la Agencia de Seguridad de Israel (el Shin Bet) anunció sus acusaciones contra el personal de la UNRWA”, relata el Instituto Lemkin. Según medios de comunicación israelíes, tales afirmaciones se basaron en gran parte en confesiones extraídas a través de interrogatorios a prisioneros palestinos.

El Instituto para la Prevención del Genocidio recuerda que “Israel tortura habitualmente a los presos palestinos, un método que se ha demostrado que produce información falsa y poco confiable. Tras los ataques del 7 de octubre, de hecho, el Gobierno israelí adoptó y renovó varias medidas para legalizar una política de internamiento e institucionalizar la tortura a los detenidos. (…) Antes de estas medidas, el Shin Bet era conocido incluso dentro de Israel por buscar confesiones falsas bajo tortura”.

Asimismo, solicita que “los Estados que han optado por suspender la financiación a la UNRWA comprendan las condiciones de interrogatorio en Israel. Según el derecho internacional, las confesiones obtenidas mediante tortura no pueden contarse como pruebas”.

Por lo demás, hace también referencia a la credibilidad de las acusaciones, recordando el informe Brom, elaborado en su día para el Centro Jaffee de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tel Aviv. En él, el general de brigada israelí Shlomo Brom concluyó que “los organismos gubernamentales manipularon falsamente información de inteligencia para obtener apoyo” para impulsar la invasión de Irak, debido a “las relaciones entre la Inteligencia [israelí] y los altos responsables de la toma de decisiones”.

El informe Brom mostró que cuando se preparaba la invasión de Irak se presentó una “evaluación exagerada”, “impulsada por una imagen de inteligencia que fue manipulada”. El Instituto Lemkin advierte del peligro de una dinámica similar en la actualidad. “Una prisa por emitir juicios, en lugar de una confianza en el protocolo y en una investigación metódica, puede resultar en un error con consecuencias letales”, alerta.

Por último, resalta que “Israel ha violado sistemáticamente la seguridad y la santidad del estatuto de refugiado en la región. Tomar medidas contra la UNRWA en su conjunto representa una intensificación de las acciones contra los refugiados palestinos”.

Quedan dos semanas para que se cumpla el plazo otorgado por la Corte Internacional de Justicia a Israel. El Gobierno de Netanyahu tendrá entonces que mostrar que ha cumplido las medidas cautelares ordenadas por el máximo tribunal de la ONU. Éstas ordenan que Tel Aviv facilite la llegada a Gaza de toda la ayuda humanitaria necesaria y que adopte “todas las medidas a su alcance” para evitar “matar a miembros de un grupo”, causarles daños físicos o mentales e infligirles “deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”.

En los circuitos defensores de la ley internacional y los derechos humanos se advierte de que las víctimas mortales y los heridos acumulados en estos últimos quince días en Gaza, la destrucción de más viviendas e infraestructuras y el desplazamiento forzado, junto con la retirada coordinada de fondos a UNRWA, no contribuyen a ejecutar los objetivos establecidos.

Fuente original: https://www.eldiario.es/internacional/instituto-prevencion-genocidio-retirada-fondos-unrwa-castigo-colectivo-palestinos_1_10900915.html