A medida que Uganda se ha ido aproximando a la fecha de las elecciones presidenciales, que se celebran este jueves, la tensión ha ido en aumento. En el momento de redactar esta Carta del Corresponsal, la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC) ordenó a todos los proveedores de servicios de internet y operadores de redes móviles con licencia en el país que suspendieran temporalmente sus operaciones. Argumentaron que la medida busca combatir la “desinformación”, el “fraude electoral” y la “incitación a la violencia” el día de los comicios.

El 12 de enero ya estaban llegando mensajes de varios bancos y de las compañías eléctricas instando a la población a realizar sus transacciones online con antelación. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos emitió un mensaje de seguridad a sus ciudadanos en Uganda para que evitaran las grandes concentraciones y la participación en actos políticos

Para críticos y analistas políticos, la orden de cortar internet es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información. Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que, desde septiembre, cinco periodistas han sido atacados “por la fuerza pública o activistas políticos” y Human Rights Watch ha alertado de que, a dos días de las elecciones, el Estado ordenó el cese inmediato de operaciones de 10 ONG en el país.

Esta es la atmósfera que se ha vivido en la campaña electoral en un país en el que la mayoría de sus habitantes ha conocido un único presidente: Yoweri Museveni (81 años, Ntungamo), que lleva en el poder con su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), desde 1986. Ahora, este antiguo líder rebelde y uno de los presidentes más longevos de África, busca ser reelegido para un séptimo mandato hasta el año 2031.

Su principal contrincante es Robert Sentamu Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, que ha sido también objeto de ataques. Uno de esos episodios ocurrió en una calurosa tarde de principios de diciembre. Mientras Wine caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad de Gulu, un grupo de hombres vestidos de civil y soldados lo rodearon a él y a sus seguidores y comenzaron a golpearlos. Wine, una estrella del pop convertida en político y líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), había acudido a Gulu para hacer campaña. Pero cuando sus seguidores vieron a los soldados con porras y bastones, se apresuraron a protegerlo.

“Algunos de los soldados incluso tenían cuchillos”, asegura, en una entrevista telefónica, Samuel Okello Sebbi, que es tanto el presidente del distrito de Gulu para la NUP como candidato a la presidencia del Consejo Local V ―la autoridad máxima de Gobierno― del distrito de Gulu.

“Querían apuñalar a nuestro presidente (Bobi Wine), pero, gracias a Dios, llevaba un chaleco antibalas”. Sin embargo, horas más tarde, falleció un joven de 16 años que había acudido al mitin electoral de Wine, por un fuerte golpe en la cabeza.

Muchos jóvenes apoyan a Wine, que ha prometido una “nueva Uganda” con reformas radicales en la lucha contra la corrupción, el desarrollo y la creación de oportunidades para los jóvenes ugandeses. “Este es un voto de protesta”, afirmó Wine durante una reciente campaña en Kampala, mientras la multitud, ataviada con boinas rojas y ondeando banderas de Uganda, le aclamaba. “Esto no es solo una elección, es una guerra. Los jóvenes han esperado mucho tiempo y ahora es el momento de ver un cambio”.

El Gobierno de Museveni ha sido criticado por los abusos generalizados de los derechos humanos, la detención de líderes de la oposición y críticos, así como por eliminar los límites de edad y mandato presidenciales para perpetuarse en el poder.

Cuando asumió la presidencia, prometió un “cambio fundamental” para impulsar la economía y la gobernanza de Uganda, incluyendo la eliminación de la corrupción y la construcción de una “economía autosuficiente” que creara puestos de trabajo para los jóvenes.

Han pasado 40 años desde esa promesa. Hoy, Uganda tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo ―un 73% tiene menos de 30 años, según el censo de 2024― y parte de esta generación está descontenta. La corrupción sigue siendo rampante y un 50% de los ugandeses entre los 18 y 30 años no trabaja ni estudia, según el más reciente censo. La tasa de desempleo, que ahora es del 16% entre los jóvenes de 18 a 30 años, sigue aumentando.

Este desfavorecedor panorama para la juventud se vive a la par de un caótico y violento período electoral. Incluso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha rechazado “la represión contra la oposición y los medios de comunicación”.

“La mejor despedida”

Por el momento, Museveni no da señales de querer abandonar la presidencia; pero su hijo, el general Muhoozi Kainerugaba, que también es jefe de las Fuerzas de Defensa, ha expresado su interés en suceder a su padre.

En su declaración, el general Muhoozi instó a los ugandeses a votar por su anciano padre Museveni, ya que las elecciones presidenciales de 2026 serían “la mejor despedida”, y añadió que Uganda nunca será gobernada por un civil.

“Ningún civil liderará Uganda después del presidente Museveni. Las fuerzas de seguridad no lo permitirán. El próximo líder será un soldado o un policía”, afirmó. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales de Uganda, Norbert Mao, que ha estado involucrado en las conversaciones sobre la transición, reveló que la transición del poder se está llevando a cabo discretamente. El asistente presidencial especial para la prestación y supervisión de servicios, Yiga Kisakyamukama, reiteró, por su parte, que los ugandeses nunca deben “pensar que Museveni cederá el poder mediante las urnas”, y añadió que será sustituido por su hijo, Muhoozi Kainerugaba.

Sus declaraciones han suscitado dudas sobre si las elecciones en Uganda son solo una mera formalidad. Lo que está claro, según los críticos, es que el presidente Museveni también ha estado aprobando directivas estrictas destinadas a frustrar a los líderes de la oposición durante su campaña.

Una de las directivas controvertidas es la que prohíbe a los ugandeses supervisar el proceso de votación en los colegios electorales principales después de emitir su voto. Recientemente, la Comisión Electoral de Uganda y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda ordenaron a los ugandeses que “emitieran su voto, se fueran a casa y esperaran los resultados”, alegando que su presencia solo contribuye a que los colegios electorales estén “abarrotados” y supone una “amenaza para la seguridad”. Pero la directiva ha suscitado dudas sobre la transparencia y el temor a que se produzcan fraudes electorales, como ha ocurrido en anteriores comicios.

Abogados civiles como Allan Mulindwa han puesto en tela de juicio la directiva, afirmando que las leyes ya permiten a los votantes permanecer en el colegio electoral siempre que mantengan la distancia requerida. “La ley establece claramente que los votantes deben permanecer a 20 metros del colegio electoral y a 100 metros durante el recuento, una vez cerradas las urnas”, afirmó.

Algunos líderes, como Sam Okello George, que se presenta como candidato al Parlamento por Gulu East, piden que se desobedezca la directiva. “Insto a la gente a que no se vaya a casa después de votar. Deben quedarse y permanecer atentos a sus votos”, afirma, en diálogo con este diario.

El Gobierno también está deteniendo o secuestrando a voces críticas desde el año pasado. A finales de diciembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a una destacada activista de derechos humanos, Sarah Bireete, y la acusaron de “obtener o revelar ilegalmente información sobre los votantes nacionales” sin el consentimiento de la Comisión Electoral de Uganda. Por otra parte, en varias ocasiones, el primogénito del presidente de Uganda, Muhoozi, se ha jactado públicamente de torturar a líderes de la oposición, incluido el guardaespaldas de un líder opositor, en su “sótano”.

En medio de estas represiones, intimidaciones y violencia, algunos opositores y jóvenes no renuncian a luchar por el cambio. “Ya es hora de que luchemos por nuestros derechos como jóvenes”, afirma Abdul Azzia Bwete, un activista climático de 28 años que se presenta como candidato al Consejo Local 3 de la parroquia de Banda, en Kampala. “Necesitamos puestos de trabajo, necesitamos luchar contra la corrupción. Y para conseguirlo, necesitamos un cambio de gobierno”.