Hoy 13 de mayo a las 14h el gobierno italiano, una coalición entre el Partido Demócrata y el Movimento Cinque Stelle, acabará por definir en Consejo de Ministros el contenido del Decreto Rilancio, en el que se aborda el futuro de miles de personas que residen en el Bel paese. Se trata de los migrantes que no cuentan con documentación y que esperan ver su situación administrativa legalizada en virtud de una expediente de regulación extraordinario. Tras haber resuelto los últimos desencuentros entre los dos partidos del gobierno con un acuerdo a última hora de ayer, parece que junto a trabajadores del sector agrícola, el decreto alcanzará a quienes se desempeñan en los cuidados.

“Nuestra campaña ¡Siamo qui! Sanatoria Subito! [¡Aquí estamos! Regularización ya!] se lanzó con una asamblea el 4 de abril, poco menos de un mes después del inicio de la cuarentena en Italia”, cuentan a El Salto desde la campaña que ha presionado para que las personas migrantes en situación irregular pudieran acceder a documentación. En poco más de un mes este movimiento ha sumado la adhesión de cientos de organizaciones y miles de personas. “Desde el principio, nos quedó claro que los efectos de la emergencia sanitaria, y los riesgos y la precariedad que siguieron, afectarían con mayor fuerza a los sectores más expuestos de la sociedad, como los migrantes. Las diversas medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis de salud del coronavirus nunca han intentado dar cobertura a estas personas, casi como si no existieran”.

La campaña cifra en unas 600.000 las personas que se encontrarían de manera irregular en el territorio italiano. Defienden que el solo hecho de residir en este momento en el país debería de ser suficiente para acceder a una regularización extraordinaria “Frente la enfermedad, todos somos iguales y todos debemos tener el mismo derecho a tratamiento médico, a poder salir de casa, a cubrir las necesidades básicas sin correr el riesgo de someterse a un control y terminar encerrado en un Centro de Detención (CPR)”, argumentan. Quienes luchan por un proceso amplio de regularización en Italia afirman estar en comunicación con otros movimientos afines en Europa como la campaña #RegularizaciónYa.

El debate sobre la necesidad de regularizar a las y los trabajadores migrantes se ha instalado en Italia en las últimas semanas. Hasta el Papa Francisco se ha pronunciado a favor de que el colectivo migrante vea su situación regularizada para que se preserven sus derechos. Desde otro ángulo, la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, del partido minoritario Italia Via, ha estado empujando por la regularización para garantizar la supervivencia del sector que administra, con la mirada en principio favorable del Partido Democrata y la resistencia del Movimento Cinque Stelle, que gobernó en coalición con la Lega de Matteo Salvini —exponente del discurso anti inmigración— hasta la crisis que provocó la reconfiguración del ejecutivo el pasado septiembre.

La crisis del coronavirus ha revelado un hecho: el trabajo agrícola del sur de Europa se sostiene sobre las espaldas de amplias bolsas de migración irregular

La crisis del coronavirus ha revelado un hecho: el trabajo agrícola del sur de Europa se sostiene sobre las espaldas de amplias bolsas de migración irregular. Esta constatación no parece por sí misma suficiente para que la cuestión migratoria sea abordada desde una perspectiva de derechos. “La acción del gobierno no ha hecho más que quitar más derechos y poner en peligro la situación ya precaria de una gran parte de la población que vive y trabaja en Italia, haciéndola invisible o citándola solo como fuerza laboral. Desafortunadamente el decreto que está por anunciarse parece que confirmará esta visión”.

Mientras se cierran puertos a quienes atraviesan el Mediterráneo —la campaña denuncia la retención de los barcos Alan Kurdi y Aita Mari— Sanatoria subito! se prepara para responder a unas medidas que sospechan no se adecuarán a sus demandas. El pasado 8 de mayo “surgió con fuerza la oposición a una hipótesis de regularización considerada parcial, excluyendo que el migrante sea considerado un sujeto útil solo como fuerza laboral para el sector agrícola y en el trabajo doméstico”, frente a esta visión, desde la campaña reclaman una regularización centrada en los derechos fundamentales de las personas migrantes, desligadas de su rol como mano de obra. En este sentido ya se preparan acciones el jueves 14 de mayo “públicamente haremos escuchar una voz diferente de la institucional y de la retórica del derecho xenófobo”. También se están organizando para fiscalizar las medidas que hoy anuncie el gobierno.

Queda por ver, si más allá del fin utilitarista, Italia irá más allá de España en la consideración de la migración en el campo, que con su decreto 13/2020 del 7 de abril, solo permitió prorrogar los permisos de residencia de migrantes regulares, y facilitar que migrantes ex tutelados se incorporasen a este sector, dejando a miles de trabajadores agrícolas en el limbo de la ilegalidad y desatendiendo así las demandas de colectivos de trabajadores del campo, algunos agricultores, y los colectivos que integran la campaña #RegularizaciónYa!.

EL PRECEDENTE DE PORTUGAL

Las campañas #RegularizacionYa o Sanatoria Subito!, tienen un precedente al que mirar. Portugal despuntó el pasado marzo concediendo una regulación de todos las personas inscritas en el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF). La medida, que sin embargo dejó al margen a muchas personas que no habían iniciado sus procesos de regularización, esta vez estaba al menos fundamentada desde la lógica de los derechos humanos y la necesidad de cuidar a este sector de la población. “Es un deber de una sociedad solidaria en tiempos de crisis asegurar el acceso de los ciudadanos inmigrantes a la salud y seguridad social”, afirmaba en este sentido el ministro luso de Administración Interna, Eduardo Cabrita, tras la aprobación del decreto el 28 de marzo.Un sistema de migración desbordado ante las peticiones de miles de brasileños, bangladesís, angoleños, con citas que tardan meses en otorgarse y un gobierno que decide ante esta situación dar por regularizadas a todas las personas que se han inscrito para tramitar su residencia. Ese es el panorama que describe Paulo Illes, inmigrante brasileño en el país y activo en el movimiento por los derechos de las personas migrantes. Un logro que sin embargo deja zonas de sombra: “Para la sociedad civil lo ideal era que el decreto hubiese regularizado permanentemente a las personas, pero solo regulariza hasta el 30 de junio, ahora creo que se va renovar. Habría que haber regularizado durante un año para que las personas no tuvieran ahora que hacer las colas en el servicio de fronteras”.

El ejemplo portugués deja zonas de sombra: “Para la sociedad civil lo ideal era que el decreto hubiese regularizado permanentemente a las personas, pero solo lo hace hasta el 30 de junio de momento”

Para este activista la presión de una sociedad civil organizada donde entidades como la Casa de Brasil —el país ha recibido en los últimos años miles de migrantes procedentes de este país— trabajando en red con otros grupos han presionado desde el principio de la pandemia, junto a un gobierno con una institucionalidad en el ámbito de la migración permeable a las demandas de los colectivos, han sido fundamentales para avanzar hacia medidas que si bien no han logrado la regularización completa sí han derivado en posteriores decretos que garantizan el derecho a la salud a quienes se quedaron fuera de la regularización o habilita formas de optar a ayudas económicas.

UN DEBATE EUROPEO

Italia y España no son los únicos países donde colectivos intentan seguir y trascender el ejemplo portugués: En Irlanda el 14 de abril empresas, sindicatos y grupos comunitarios firmaba una petición para la regularización extraordinaria de migrantes, una vez más, reconociendo su lugar en primera línea de la economía. Esta carta abierta, dirigida a la gran coalición formada por los partidos Fianna Fail y Fianna Gael ponía en relieve el lugar que ocupa la población migrante en los sectores del cuidado, la restauración, o la agricultura.Tribunas firmadas por personalidades en diarios como Le Monde, peticiones por parte de cientos de organizaciones de la sociedad civil, presión desde centrales sindicales como la CGT, o la presentación de un escrito firmado por 104 parlamentarios. En Francia se han multiplicado las voces que urgen a una regularización de las personas migrantes sin papeles. Los argumentos se repiten y apelan a ese estar en primera línea de los trabajadores migrantes durante la pandemia. El debate sin embargo no acaba de calar en el gobierno: el primer ministro, Édouard Philippe,  declaró no estimar necesaria una medida de regularización temporal para garantizar el acceso a la salud de la población inmigrante.

La semana pasada un hombre fue detenido mientras remaba con un kayak en el lago del parque de Bois en la capital belga con una pancarta reivindicativa en la que se leía: “¡Bélgica también puede regularizar a los sin papeles!”. Del otro lado del canal de la Mancha, la asociación de trabajadores indios reclamaban en una carta dirigida a Boris Johnson la regularización “para salvar vidas durante la crisis del coronavirus”.

Entre la lógica de los derechos humanos y la lógica de garantizar la economía pequeñas ventanas se van abriendo tras más de diez años en los que los expedientes de regularización parecían cosa del pasado. No en vano, tendencias nacionalistas y derechistas se tornaron hegemónicas hasta alcanzar un 22% en el Parlamento Europeo, escorando al conjunto de la Unión Europea hacia políticas securitarias y restrictivas en el ámbito de la migración.

TRABAJADORES ESENCIALES EN TODO EL MUNDO

La esencialidad de las y los trabajadores inmigrantes se ha puesto de manifiesto a lo ancho del globo en un momento en el que el parón de la economía ha desvelado qué sectores no pueden detenerse y quiénes y a qué precio desarrollan esos trabajos. Mientras en Canadá los colectivos de inmigrantes haitianos o filipinos, vitales en el sector de los cuidados o en las residencias hacen campaña para la regularización de toda su comunidad entre otras medidas de alivio, en Bahrein el pasado abril se anunció una regularización masiva para los trabajadores migrantes, en gran medida de origen bangladesí, que posibilitan con sus bajos salarios que avance la maquinaria económica del país.

La esencialidad de las y los trabajadores inmigrantes se ha puesto de manifiesto en un momento en el que el parón de la economía ha desvelado qué sectores no pueden detenerse y quiénes y a qué precio desarrollan esos trabajos

Sin embargo son también numerosos los ejemplos de cómo la emergencia sanitaria no ha detenido, pese al cierre de fronteras, políticas migratorias expulsivas: es el caso de los Estados Unidos de Trump que no ha cesado de fletar vuelos de deportación, pero también de países como Qatar al que Amnistía Internacional acusa de haber deportado 400 migrantes nepalíes bajo la excusa de que no se adecuaban a las normas de confinamiento, Arabia Saudí que deportó a miles de inmigrantes etíopes a mediados de abril, o Sudáfrica que la semana pasada expulsó a casi un millar de inmigrantes.

En un informe reciente sobre migración en el marco del covid-19, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) señala que los países más afectados por el virus tienen una alta presencia de población migrante. “Las sociedades que fracasen en asegurar de manera apropiada atención médica, asistencia y accesos a los derechos esenciales en un grupo de población tan enorme serán menos capaces de contener eficazmente la pandemia”, alertan sus autores. El informe pone en el foco a Singapur que tras una aparente salida de la pandemia tuvo un rebrote cuyos principales afectados son trabajadores migrantes que viven en condiciones de insalubridad y hacinamiento.

Así, el abanico de respuesta es amplio: desde las miradas racistas a la observación de los derechos humanos pasando por el utilitarismo economicista o el reconocimiento al desempeño de labores esenciales. La campaña #RegularizaciónYa, tiene un enfoque claro al respecto: “Es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de todas las personas que habitan en su territorio y desarrollar las políticas adecuadas para la consecución de tal fin”, exigían hace ya un mes en una carta al gobierno en la que piden una regularización extraordinaria, amplia y urgente, de carácter permanente para todas las personas en situación administrativa irregular en el Estado español y que cuenta ya con la adhesión de más de 1000 colectivos. Hoy, las miradas se dirigen hacia Italia.