Por estos días el gobierno de la República Argentina es moderadamente optimista con respecto a las políticas públicas implementadas frente al Covid 19 en materia sanitaria. Pero ese optimismo no seria congruente con los tremendos problemas preexistentes a los que hay que agregar los derivados de la pandemia. En efecto, una deuda externa sobre cuya imposibilidad de pagarla hay consenso, la pobreza estructural, la debilidad institucional que permitió ese fenómeno que Guillermo O’Donnell ¹ calificó de “corporativismo anárquico” y que a partir de la violencia como principal elemento de mediación funciona como una competencia entre grupos por imponer objetivos facciosos, también el estrés permanente de los alicaídos servicios públicos que no pueden con sus magros presupuestos absorber las demandas de los ciudadanos. En fin, quiero destacar que esa suerte de suspensión de la vida social por el confinamiento brinda a los argentinos la chance de hacer una introspección y dar un salto cualitativo en los debates.

Por ejemplo, las estadísticas oficiales desde hace muchos años son objeto de sospechas. Los oficialismos las defienden y las oposiciones las atacan. La dirigencia política dedica mucha energía a la acusación recíproca de manipulación estadística. Francamente se trata de un debate mezquino y poco significativo. Pero debates de esta naturaleza ayudan comprender por que los problemas argentinos son tan agudos. Muestran, además, el tipo de discusiones que está barriendo el Covid 19, habida cuenta de la magnitud de los desafíos que deja su paso implacable. En otras palabras, estos debates terminaron por imposición de la realidad, más que por decisión de los actores. En consecuencia, se abren otros.

En efecto, el estado dedicó 80.000 millones de pesos para lo que se conoce como el “Ingreso Familiar de Emergencia”, una política focalizada de asistencia para los sectores más vulnerables. Casi 8 millones de personas están en condiciones de acceder a esta prestación. Se trata de jefes de familias. Una simple operación aritmética con poco rigor metodológico permite mensurar la gran cantidad de personas que sobreviven en la pobreza extrema, en un país de alrededor de 45 millones de habitantes.

A la par, el Congreso de la Nación, se apresta a discutir una iniciativa de algunos legisladores oficialistas encaminada a establecer un impuesto extraordinario por única vez, que alcanzaría a los argentinos más ricos. Pese a que la propia agencia tributaria del país reconoce que el patrimonio de los ciudadanos más ricos, depositado fuera de la argentina, equivale al producto bruto interno, la resistencia que generó el simple hecho de conocer que existe esa iniciativa en el parlamento es desproporcionada, pero indicativa del desequilibrio de poder. En esa tensión yace un auténtico desafío para la república y exhibe cuales van a ser las nuevas discusiones en la vida pública.

La comparación entre los destinatarios del Ingreso Familiar de Emergencia y la iniciativa tributaria tiene varias dimensiones. La primera y más evidente tiene que ver con calibrar la capacidad del estado de captar recursos entre los sectores más favorecidos e intentar sostener el freno de la economía derivado del confinamiento obligatorio, para evitar la propagación del virus. No es una cuestión menor porque la estructura tributaria de nuestro país es bastante regresiva. De hecho, el salario paga impuesto a las ganancias y un tributo a la riqueza es un simple proyecto.

Pero, además, es obvio que la pandemia está produciendo hendijas en las estructuras sociales que sostienen un formato singular del poder. Y allí hay una gran oportunidad. Me refiero, en particular, a que se volvió evidente la distancia entre el programa republicano del artículo 1 de la Constitución Nacional y la cantidad de pobres que reciben el ingreso focalizado para poder comer, en un país que se distingue por producir alimentos. La organización social de la argentina es básicamente injusta y ello impacta lógicamente en todos los órdenes. La salud pública, la educación, la infraestructura y las instituciones públicas en general son una muestra viva de ello. Una de las principales causas de ello reside en un olvido.

Como decía Guillermo O’Donnell ² , muchas veces los ciudadanos olvidan que solamente le prestaron su poder a los gobernantes y estos a su vez olvidan cual es el verdadero origen de su mandato. Ello produce el divorcio de facto entre gobernantes y gobernados e impide, entre otras cosas, que la república pueda, a través del estado, fijar el interés general. A la vez, ello disminuye la intensidad de ciudadanía, especialmente en la faz de los derechos económicos y sociales que impactan en la participación de los asuntos comunes y, en consecuencia, acentúan el divorcio entre representantes y representados. Por ello, el autor enfatizaba que era un deber recordar el origen del poder a los mandatarios. Creo que las condiciones del momento histórico agudizan los problemas e imponen este tipo de debates a la agenda.

Las grietas que produce cada día el Covid 19 en los formatos del poder, constituyen una gran chance de articular fuerza política entre los mandantes para recuperar la memoria, resolver algunas las cuestiones primordiales y renovar viejas / nuevas discusiones. En el caso argentino, se trata de la distribución de la renta, de no dejarse encandilar por el paradigma de la eficiencia que, a caballo de las formas que adoptaron China, Corea del Sur y Singapur frente a la pandemia, difunde las bondades de subordinar los derechos humanos a la eficiencia del control de la tecnología. Hay espacio, por lo tanto, para reconstruir un poder público capaz de rediseñar la vida en comunidad.

La crisis provocó la necesidad de discutir el primer derecho que se viola en la República Argentina: el derecho a la existencia. Como se recordó en este espacio en la edición pasada, (con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de la Segunda República el 14 de este mes), cuando en agosto de 1792 en la Francia revolucionaria se discutieron los problemas derivados de la libertad absoluta de comercio y la ley marcial como su forma de garantizarla, Robespierre intervino en la discusión a fines de septiembre y, en lo que aquí interesa, enfatizó la obligación de la sociedad de garantizar los derechos del hombre. Concretamente el derecho a existir y a poseer los medios para garantizar dicha existencia. Como paso luego del estallido social del año 2001, los argentinos tenemos exactamente la misma oportunidad. La oportunidad de discutir la redistribución de la renta, la extensión de las formas democráticas para que la eficiencia no limite nuestros derechos y la chance de garantizar la neutralidad del estado para establecer el interés común.

Una de las claves para que la mayoría pueda resolver el desafío se juega en recuperar la memoria y tener en claro que los dirigentes son simples mandatarios de los ciudadanos. En el desarrollo de esa premisa en las relaciones sociales, yace la posibilidad de crear un nuevo entramado institucional capaz de captar la riqueza de la energía social y fortalecer los vínculos de los ciudadanos con el estado, entendido como una instancia de mediación que incrementa los derechos y que expresa los valores de esas relaciones sociales. En esa perspectiva es central que el parlamento discuta una nueva estructura tributaria como un paso para reducir las brutales desigualdades materiales. La correlación positiva entre niveles de vida y participación política es indiscutible. De allí la importancia de la discusión.

La construcción de nuevas formas institucionales para resolver nuestros problemas es el medio para hacer a un lado el corporativismo anárquico y recuperar la arena pública para el público. No es un juego de palabras, porque es la colonización del estado por esos actores la que garantiza una inequitativa distribución de la renta. La desigualdad es el principal combustible de esa suerte de expropiación del poder político de una minoría.

La premisa derivada del recuerdo, entonces, atraviesa la suerte de un nuevo esquema tributario más justo; atraviesa la posibilidad de no subordinar la tecnología a los fines de la república y también atraviesa la obligación moral de debatir las condiciones materiales de las bases de la sociedad.

Concretamente, empezar a recorrer el camino de modificar el esquema tributario, constituye uno de los movimientos más importantes para diseñar e implementar una renta básica universal sin otra condición que la de ser ciudadano y luego dar el paso siguiente: fundar la libertad política para poder vivir sin reconocer otro señorío que el de la ley que nos expresa. Es que, de esto no hay dudas, en medio de la tragedia que estamos atravesando se aloja el desafío de organizar nuevamente la comunidad. Y, como en 2001, la posibilidad de hacer efectivo el esquema republicano que escogieron nuestros padres fundadores es un objetivo deseable pero también posible.

Notas: