El miércoles los diputados franceses aprobaron una nueva ley que prevé el encendido remoto de los móviles, ordenadores, micrófonos y cámaras telefónicas de las personas sin su conocimiento.

La medida autoriza a la policía en dos casos posibles: ya sea para geolocalizar a una persona, o para grabar sonidos (escuchas) e imágenes.

La geolocalización se autoriza a petición del fiscal o del juez de instrucción, para los casos relativos a un delito sancionado con al menos cinco años de prisión, mientras que las escuchas telefónicas pueden ser autorizadas por un juez en investigaciones relacionadas con el terrorismo o la delincuencia organizada.

Lo que la ley no dice es lo que ocurre cuando los motivos invocados, que son siempre los mismos (“terrorismo”, “crimen organizado”), resultan ser falsos, no hay tales delitos o al vigilado le declaran exento de culpa.

El ataque es particularmente grave porque la captura también afecta a terceros. El titular del móvil lo lleva en el metro y todas las conversaciones alrededor serán capturadas. Lo mismo si va a un restaurante. La policía escuchará cualquier conversación en el espacio público. Es la puerta abierta a la vigilancia generalizada.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, alivia y consuela a los franceses: no hay mada que temer porque se trata de técnicas ya autorizadas. Ya lo sabíamos, pero es bueno que lo reconozcan y lo legalicen para que nadie se llame a engaño sobre la desaparición de los derechos fundamentales, que cada vez son más un recuerdo lejano.

La policía ya utiliza técnicas de vigilancia y escucha generalizadas, como colocar balizas bajo un automóvil para rastear los movimientos de sus ocupantes.

Este tipo de leyes siempre se aprueban con las mismas excusas, que son siempre falsas. La primera es que afectan “sólo” a los delitos graves, aunque luego se aplican a todos los delitos, e incluso a casos en los que no hay tal delito.

Otro de los pretextos es que las autoriza un juez, como si fuera algo diferente del policía o como si alguno vez hubieran negado algo a la policía. Como se dice ahora en España, los jueces y fiscales “afinan” lo que les suministra la policía. Todos ellos se coordinan previamente.

Especialmente Francia, que presume de ser el país de las libertades, se ha embarcado en una frenética carrera hacia una sociedad disciplinaria, estrechamente sometida, vigilada y controlada.